Las antenas ilegales que amenazan con dejar sin cobertura a Xavier García Albiol

Xavier García Albiol lleva preparándose para volver a ser alcalde de Badalona desde que la oposición lo desalojó del poder, hace 16 meses, por ...

Xavier García Albiol lleva preparándose para volver a ser alcalde de Badalona desde que la oposición lo desalojó del poder, hace 16 meses, por su aparición en los papeles de Pandora. “No tengáis la menor duda, vecinos: en 2023 nos vais a situar a todos en el lugar que merecemos”, dijo, entre emocionado y desafiante, en el pleno. Y ese lugar, piensa Albiol, no es otro que la alcaldía, a la que desea regresar por tercera vez, convencido de que será el más votado. Pero además de superar al resto de partidos —con el actual alcalde, Rubén Guijarro, del PSC, a la cabeza—, debe afrontar un obstáculo que, en caso de victoria, puede amenazar su continuidad en el cargo: la Fiscalía pide que sea condenado a diez años de inhabilitación por “permitir” la instalación de antenas de telefonía ilegales en los terrenos de la comisaría de Policía Local en 2012, durante su primer mandato.

La acusación llega en muy mal momento para Albiol. Hace apenas dos meses, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le incorporó al equipo que dirige la campaña de los populares para las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo, que servirán para calibrar las fuerzas de Feijóo en el futuro asalto a la presidencia del Gobierno. Albiol fue nombrado coordinador de candidatos. Miguel Jurado, que había sido su concejal de Seguridad, fue designado alcaldable por Santa Coloma de Gramenet. Jurado también se sentará en el banquillo por las antenas sin licencia.

Albiol ha lanzado públicamente sombras de duda en la actuación de la Fiscalía. “No es casual que salga esta acusación a dos meses de las elecciones, en un momento en que nuestras expectativas en Badalona son buenas. Nada de lo que está ocurriendo obedece a la casualidad”, escribió en su cuenta de Twitter, donde difunde casi a diario los encuentros que mantiene con vecinos y entidades y donde critica la acción de gobierno de Guijarro y el resto de grupos que le dan apoyo. “Me parece un tanto sospechoso”, insiste el alcaldable, que ha contado con el apoyo de otros miembros de su partido, como el senador Rafael Hernando, que considera que la Fiscalía “intenta tapar al corrupsoe del Tito Berni” ante “el pánico” de Pedro Sánchez “a perder Badalona”. Preguntada por la acusación de la Fiscalía y las consecuencias para Albiol, una portavoz del PP afirmó que el partido “no tiene nada que decir” al respecto.

Pero Albiol omite que, aunque el impulso inicial fue de la Fiscalía, distintas instancias judiciales han avalado la investigación. En septiembre de 2021, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Badalona, Josep Maria Noales, vio indicios de delito y acordó procesarle —junto a otros exconcejales y cargos de empresas públicas— por tolerar unas antenas “manifiestamente ilegales” y no hacer nada para desmantelarlas: estuvieron en funcionamiento hasta que, en 2018 Vodafone y Telefónica supieron que la Fiscalía había abierto diligencias y decidieron clausurarlas.

El exalcalde recurrió la decisión con el argumento de que no tuvo ninguna participación en el proceso y que no puede conocer todo lo que ocurre en la ciudad. Lo ha reiterado de manera más informal estos días: “La Fiscalía considera que yo como alcalde tenía que conocer que se habían instalado sin permiso y tenía que haber reaccionado”, lamentó en Twitter. El problema para Albiol es que hay tres magistrados de la Sección Octava de la Audiencia de Barcelona que, en julio de 2022, se negaron a dar carpetazo al asunto.

Los jueces ven indicios “consistentes”

En su resolución, los magistrados admiten que el alcalde de una ciudad de más de 200.000 habitantes no puede tener “el absoluto y cabal control” de todo. Pero insisten en que las diligencias de investigación han permitido demostrar el “grado de vinculación personal” de Albiol con la instalación de las antenas: los jueces recuerdan que se había atribuido las competencias de urbanismo, que era presidente de Engestur (la empresa pública encargada de supervisar ese tipo de instalaciones) y que el consejero delegado de esa empresa, Tomás Vizcaíno, “no ha negado en ningún momento” que uno de los temas que trataban juntos fuese “la controvertida instalación de antenas”.

Los magistrados citan también el testimonio de miembros del sindicato de policías SPF que, además de pedir “reiteradamente” por escrito explicaciones, coinciden en “la existencia de reuniones con el alcalde”. Los indicios son “consistentes”, por lo que no cabe el archivo, concluyen. La resolución, en cualquier caso, no se compadece con lo manifestado estos días por Albiol: “Las distintas personas que han pasado por el juzgado les han preguntado si [yo] conocía el tema, y nadie ha dicho que sí, todo el mundo ha dicho que conmigo no lo hablaron”.

La historia que amenaza la carrera política de Albiol arrancó en 2012, cuando Vodafone contactó con el consejero delegado de Engestur para instalar una antena de telefonía en el Turó d’En Caritg para dar servicio a barrios con escasa cobertura. Los implicados sabían que el recinto de la Guardia Urbana, destinado a equipamientos, “no era compatible urbanísticamente” para albergarla, por lo que no podían otorgar una licencia expresa. Aun así, “permitieron” y “toleraron” la instalación “por la vía de hecho”, sin licencia municipal ni ambiental, siempre según la Fiscalía.

Las tres antenas de 15 metros de Vodafone empezaron a funcionar en julio de 2012 y lo hicieron “de manera pacífica y sin trabas” de la administración. En septiembre se repitió una operativa similar, pero con Telefónica. Ambas compañías figurarán como partícipes a título lucrativo en una causa en la que la Fiscalía acusa a un total de seis personas. A Albiol, Vizcaíno y Xavier Salvà (director de urbanismo) les pide dos años y medio de cárcel por prevaricación e inhabilitación durante diez años para ejercer “cualquier cargo electo representativo en la administración local, autonómica, estatal o europea”. A Miguel Jurado, alcaldable por Santa Coloma, le pide un año de inhabilitación por omisión del deber de perseguir delitos. Como concejal de seguridad, según la acusación, conocía las irregularidades a través del sindicato SPF y “no comunicó” los hechos. El exconcejal de Urbanismo que sucedió a Albiol, Oriol Lladó (de ERC) y Josep Duran, jefe de servicios jurídicos, afrontan una petición de año y medio de cárcel (y diez de inhabilitación) por silenciar la infracción: no hicieron nada, según la Fiscalía, por revertir la situación y obligar a retirar las antenas.

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