El Govern se enfrenta a la promesa incumplida de la renta garantizada

Con la salida de Junts del Govern, el nuevo Ejecutivo, y especialmente los nuevos consejeros, tendrán que enfrentarse a los planes que estaban en marcha bajo sus predecesores, o que debían iniciarse. El principal reto lo tiene la nueva consejera de Economía, Natàlia Mas: sacar adelante los presupuestos que había preparado su predecesor, Jaume Giró. Pero para el resto de los recién estrenados consejeros también habrá desafíos. Estos ...

Con la salida de Junts del Govern, el nuevo Ejecutivo, y especialmente los nuevos consejeros, tendrán que enfrentarse a los planes que estaban en marcha bajo sus predecesores, o que debían iniciarse. El principal reto lo tiene la nueva consejera de Economía, Natàlia Mas: sacar adelante los presupuestos que había preparado su predecesor, Jaume Giró. Pero para el resto de los recién estrenados consejeros también habrá desafíos. Estos son algunos de ellos:

Cumplir la promesa de la Renta Garantizada. Con los datos en la mano, parece muy complicado que Campuzano pueda cumplir con la promesa que hizo su predecesora en el cargo, Violant Cervera. En noviembre del año pasado, la exconsejera afirmó que se aumentaría la dotación presupuestaria para la renta garantizada de ciudadanía (la prestación social destinada a proporcionar un mínimo de ingresos a la población más vulnerable) en 11 millones, hasta los 400 millones, y que ello permitiría ampliar esta ayuda. Aunque no explicó cómo lo iba a hacer, sí puso cifras a la promesa: aseguró que en 2022 se llegaría a los 200.671 beneficiarios. En ese momento 170.753 personas recibían esta prestación. Y los últimos datos disponibles, del mes de junio, indican que hay 173.886 beneficiarios. Es decir, que en los seis primeros meses del año solo se ha ampliado la cobertura de la renta garantizada en alrededor de 3.000 personas, con lo que en los siguientes seis meses tendrá que aumentar en casi 27.000 beneficiarios para cumplir la promesa.

El objetivo se complica porque hasta que no se actualice el Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC), el baremo con el que se calculan las cuantías de las prestaciones pero también el que fija el límite de ingresos para acceder a ellas, no se podrá ampliar de forma sustancial la cobertura de la ayuda. El Govern se ha comprometido a actualizarlo en los próximos presupuestos. Otro de los retos es terminar de integrar la renta garantizada con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la prestación estatal cuya gestión trasladó el Estado a la Generalitat en febrero. Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, esta ayuda llega a 171.403 personas en Cataluña. Al ser la renta garantizada subsidiaria del IMV (es decir, primero se otorga la estatal, y luego se complementa con la autonómica) se tendrían que ahorrar muchos expedientes y ampliar así la cobertura de la prestación.

La gestión del bono joven. El área de vivienda regresa a Territori, desde donde deberán seguir gestionando las ayudas del Gobierno para jóvenes al pago del alquiler (el bono joven) y la ayuda complementaria creada desde Derechos Sociales por la Agencia de la Vivienda del Govern. La ayuda de la Generalitat, que supone doblar la apuesta, en presupuesto, de la del Gobierno (29 millones de euros) ha sido solicitada por casi 26.000 jóvenes menores de 36 años. A diferencia del bono joven, que se adjudicó por orden de llegada de las solicitudes, en este caso se ponderarán los requisitos. En otras palabras, lo recibirán los jóvenes que peores condiciones tengan. El funcionamiento de la ayuda catalana es distinto de los 250 euros del bono joven. La subvención de la agencia será de entre el 20% y el 40% del importe del alquiler en función del porcentaje de ingresos que requiera pagar la renta para cada solicitante. Será de un máximo de 250 euros.

Las tres chimeneas de Sant Adrià. El desarrollo del mayor solar metropolitano y en primera línea de mar, en los terrenos que rodean la antigua central térmica de Sant Adrià, depende de las consejerías de Territori (el urbanismo) y de Cultura (el desarrollo de un hub del audiovisual y los videojuegos). En ambos casos, el plan está en un momento determinante. Territori acaba de aprobar el PDU, el Plan Director Urbanístico que fija qué, cuánto y dónde se puede construir. Es un plan a largo plazo, pero ya se puede comenzar a trabajar: lo primero, en la reparcelación. Y de Cultura dependerá, por ejemplo diseñar y convocar el concurso para llenar el que será un equipamiento de enormes dimensiones en la sala de turbinas de la antigua térmica.

Blindar los recursos en Salud. Con Manel Balcells, el Departamento de Salud inicia una nueva etapa con el reto de garantizar unos presupuestos expansivos para la consejería, después de un primer año marcado por un aumento menor del esperado. La salida de Junts del gobierno obligará a ERC a blindar el crecimiento de los recursos previstos para la atención primaria, tal y como estipulaba el acuerdo con el partido de Borràs y Turull ante el aumento de presión del sector. La escasez permanente de profesionales en el sistema sanitario y la saturación de los ambulatorios preocupa a los sanitarios, que consideran que la carga laboral sigue siendo mayor que antes de la pandemia. Balcells llega con una pérdida de profesionales a corto plazo por el alto número de jubilaciones y las reducidas incorporaciones. La digitalización del sistema, la reorganización interna de los centros sanitarios y los retos en salud mental serán otros de los puntos clave del nuevo mandato.

Recelo de los funcionarios de prisiones

Los sindicatos que representan a los funcionarios de prisiones, especialmente Csif y UGT, han acogido con cierto recelo el nombramiento de Gemma Ubasart como nueva consejera de Justicia. El principal motivo es el temor a que Ubasart —que fue secretaria de Podemos, ha sido vocal de la asociación Iridia y es investigadora del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos—, dé marcha atrás en la decisión de relajar el protocolo de contención a los presos.

La exconsejera de Justicia Ester Capella, de ERC, aprobó un protocolo que prácticamente imposibilitaba someter a los presos mediante contención mecánica. Esta técnica consiste en suprimir la capacidad de movimiento de los internos con esposas, vetas adherentes y correos de sujeción, y las asociaciones que luchan por los derechos de los presos habían reclamado largamente que se pusieran restricciones a su uso. Los sindicatos de prisiones se opusieron a este protocolo, y presionaron para que se suprimiera o relajara. La sucesora de Capella, Lourdes Ciuró, de Junts, decidió en abril retirar las restricciones, y lo argumentó con el aumento de las agresiones que se estaban registrando en los centros penitenciarios. Ciuró explicó entonces que las agresiones a trabajadores habían subido un 31% desde que se aplicó el protocolo de Capella.

“El nombramiento [de Ubasart] tiene a los trabajadores penitenciarios un tanto preocupados. La parte que sin duda nos genera más escepticismo es su conocimiento práctico de cómo funciona el sistema penitenciario catalán”, expresó Csif en un comunicado, en el que recordó la vinculación de la consejera con Iridia, “una asociación que públicamente ha hecho valer su posicionamiento contra los funcionarios de prisiones”.

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