ERC urge a Junts a sumarse al pacto para blindar el modelo lingüístico en la escuela

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha urgido esta mañana a Junts per Catalunya a sumarse ya a la reforma de la Ley de Política Lingüística para intentar frenar y dar respuesta al auto que ordena que al menos un 25% de las clases se impartan en castellano. Los republicanos, que rechazan la aplicación de porcentajes al considerar que es un método antipedagógico, han reclamado a sus socios que validen el pacto que alcanzaron en abril y de...

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha urgido esta mañana a Junts per Catalunya a sumarse ya a la reforma de la Ley de Política Lingüística para intentar frenar y dar respuesta al auto que ordena que al menos un 25% de las clases se impartan en castellano. Los republicanos, que rechazan la aplicación de porcentajes al considerar que es un método antipedagógico, han reclamado a sus socios que validen el pacto que alcanzaron en abril y del que se desdijeron horas después. En Comú Podem quiere que la ley se vote esta semana en el pleno del Parlament, pero ERC y el PSC, que secunda también la reforma, se inclinan por no forzar ahora la votación y aprovechar las dos semanas de margen que otorga el fallo judicial.

En una intervención en el Parlament, Marta Vilalta, portavoz de ERC, ha afirmado que su partido no va a “tolerar” más “dilaciones” por cuestiones partidistas. “Nos jugamos demasiado. La defensa de la lengua no puede esperar a que en Junts, que están divididos, se ponga de acuerdo”, ha dicho recordando que la inmersión preserva la cohesión social y la igualdad de oportunidades.

Esta presión a Junts se ha visualizado ya a primera hora de la mañana cuando el presidente Pere Aragonès ha reunido en la Casa dels Canonges al vicepresidente Jordi Puigneró y a la consejera de Universidades, Gemma Geis, ambos de Junts, y los consejeros republicanos Laura Vilagrà (Presidencia) y Josep Gonzàlez-Cambray (Educación). Según ha explicado posteriormente la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, la reunión tenía como objetivo “compartir información de los servicios jurídicos” sobre los pasos a seguir tras la última resolución judicial y ha añadido que “no se ha hablado de los posicionamientos de los partidos” que forman el Govern. Con todo, Plaja ha destacado que “la batalla del catalán solo se ganará con el máximo consenso, en todos los frentes”.

Un auto dictado este lunes por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha puesto en ebullición la controversia sobre el uso de las lenguas en las escuelas catalanas. La resolución judicial ordena al Govern a ejecutar de forma “inmediata” ―en un máximo de dos semanas― la sentencia de 2020 que obliga a impartir al menos un 25% de clases en castellano: es decir, que al menos una asignatura troncal (además de la de Lengua Castellana) en todo el sistema educativo. El TSJC remarca que la orden no acepta demoras y exige que se aplique en todos los centros educativos.

El tribunal respondió así a la petición de la Asociación por una Escuela Bilingüe (AEB), que había instado la ejecución forzosa de la sentencia al juzgar insuficientes los anuncios de la Generalitat ―como la reforma de la Ley de Política Lingüística aun en el aire― para acatarla sin necesidad de fijar porcentajes. Los magistrados coinciden en que, por ahora, el Govern de Pere Aragonès no la ha cumplido.

La estrategia de ERC, y del Departamento de Educación, pasa primero por agotar la vía judicial, y así demorar lo máximo posible su aplicación. Cambray ya anunció ayer que presentaría un recurso de reposición, que en principio no suspende ese plazo de 15 días que da el tribunal para aplicar el 25% de castellano. Educación tiene previsto solicitar, como medida cautelar, que el plazo se paralice hasta que resuelva su recurso. Por otro lado, el plan pasa por reformar la Ley de Política Lingüística -bloqueada por Junts en el Parlament- y por la elaboración de un nuevo decreto para reforzar la presencia del catalán en las escuelas, más allá de las aulas. “La presencia del catalán no es solo durante las horas lectivas, también hay que fijarse en los espacios compartidos y de ocio, como el recreo, el comedor o las extraescolares”, ha desgranado Plaja. Con ello, el Govern se muestra seguro de que “al final de la legislatura habrá más catalán en las escuelas de las que hay ahora”.

Fracaso de la política

La reforma de la Ley de Política Lingüística define por primera vez al castellano como lengua de aprendizaje, aunque no la cataloga de “vehicular”. El resto de partidos que apoyan la modificación normativa, también han presionado a Junts.

Alicia Romero, portavoz del PSC, ha lamentado que el auto demuestra el “fracaso” y el “vacío” de no hacer política después de que Junts haya ido demorando su decisión. “Nosotros habríamos llevado el texto a aprobación hace un mes”, ha dicho. Con todo, los socialistas no renuncian a que el partido de Carles Puigdemont regrese al pacto. “Tenemos que confiar en Junts. Esperamos que se mantenga en ese acuerdo: preservar el catalán sin ir contra el castellano y que nuestros jóvenes sepan los dos idiomas cuando acaben la secundaria”, ha dicho Romero. Susanna Segovia, de los comunes, ha admitido que se están planteando pedir una modificación del orden del día para votar la reforma en la sesión que arranca este martes. Los socialistas rechazan el plan por el temor a que no prospere. “No hay más excusas. Los centros y los directores vuelven a estar expuestos”, lamentó.

ERC, PSC y En Comú Podem (con el apoyo inicial de Junts, que luego retiró) intentaron en marzo frenar la aplicación de la sentencia del Supremo anunciando la reforma de la Ley de Política Lingüística, ahora estancada. los tres grupos tienen mayoría -está fijada en 68 y suman 73- pero en aras al consenso han optado por aguardar a que el partido de Puigdemont regrese al pacto. Quien no tiene la menor intención de apoyarlo es la CUP, que ha instado al Govern a defender sin matices el modelo de inmersión. “Solo han reformado la ley [de Política Lingüística] para introducir el castellano como lengua educativa”, ha dicho la diputada Laia Estrada. “El consejero Cambray es duro e inflexible con los docentes y pactista con los que quieren liquidar la lengua”, ha recalcado, anunciando que volverán a pedir en el Pleno por segunda vez la reprobación del consejero.

Disculpas por las faltas

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha pedido disculpas este martes por las numerosas faltas de ortografía del auto de ejecución de la sentencia del 25%. La resolución, escrita en catalán, contiene decenas de errores, que se convirtieron en objeto de mofa a través de las redes sociales. Hoy el tribunal ha publicado a través de Twitter las “sinceras disculpas” del presidente de la sala Contenciosa y justifica que las faltas son “fruto de un muy desafortunado error humano en el intercambio de borradores de trabajo”.

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