Las tres propuestas que ERC rechazó para modificar la reforma laboral

ERC negoció hasta el final con el Gobierno para intentar aprobar la reforma laboral, pero acabó desechando la oferta llegada desde el Ministerio de Trabajo y La Moncloa, fruto de un intercambio de propuestas y contrapropuestas realizadas en las últimas semanas. “No ha sido un proceso de negociación, sino de presión”, denunció el jueves el portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, quien fue el encargado de las conversaciones con el Ejecutivo en sus últimos compases, relevando a Jordi Salvador, el jueves au...

ERC negoció hasta el final con el Gobierno para intentar aprobar la reforma laboral, pero acabó desechando la oferta llegada desde el Ministerio de Trabajo y La Moncloa, fruto de un intercambio de propuestas y contrapropuestas realizadas en las últimas semanas. “No ha sido un proceso de negociación, sino de presión”, denunció el jueves el portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, quien fue el encargado de las conversaciones con el Ejecutivo en sus últimos compases, relevando a Jordi Salvador, el jueves ausente en la Cámara por covid, y después de que el presidente catalán, Pere Aragonès, y el conseller Roger Torrent se hubieran reunido, por separado, con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

Una de las principales propuestas a las que accedió el Gobierno, tal y como había demandado el propio Aragonès, fue la preeminencia de los convenios colectivos autonómicos sobre los estatales, que la Generalitat defendía por el diferente componente empresarial existente en Cataluña y, sobre todo, por el mayor coste de vida en la comunidad, factor de proximidad que se tiene más en cuenta en la firma de los convenios regionales. Esa era una condición que defendía igualmente el PNV, que también acabó rechazando el decreto ley presentado por el Gobierno ante el Congreso tras pactarlo con la CEOE y los sindicatos CC OO y UGT.

Diversas fuentes conocedoras de las conversaciones también confirman que las negociaciones con los republicanos habían desencallado una fórmula que podía acabar poniendo trabas a los despidos a través de expedientes de regulación de empleo (ERE). Inicialmente, la Generalitat pretendía recuperar la completa capacidad de decisión por si no había acuerdo entre empresa y trabajadores, tal y como sucedía antes de la reforma laboral de 2012, pero el Gobierno argumentaba que esa fórmula no se podía recuperar por la regulación comunitaria (forzada por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre Grecia), por lo que se planteó que la Inspección del Trabajo, controlada por la Generalitat, pudiera tener un peso más preponderante a través de un dictamen. Fuentes patronales indican que ese punto hubiera perjudicado a las empresas, ya que un dictamen contrario de la autoridad laboral hubiera tenido un peso relevante en el caso de que se judicializara el proceso.

El tercer punto sobre el que había acuerdo era la puesta en marcha de un plan de lucha contra el abuso en los contratos a tiempo parcial. Era un compromiso con especial incidencia en el empleo en el sector servicios, sobre todo en el turismo, donde muchos trabajadores firman un contrato por una serie de horas pese a que se ven obligados a trabajar muchas más.

La debilidad del acuerdo, según fuentes de ERC, radicaba en la forma de introducir esas medidas. El Ministerio de Trabajo planteaba no tocar el real decreto aprobado el jueves, pero se comprometía a introducir esas medidas a través de disposiciones de otras leyes de contenido laboral que se aprobaran durante los próximos meses. Esa fórmula generaba desconfianza en ERC, que tenía la certeza del apoyo de Podemos pero no de la parte del PSOE en el Gobierno.

Sí que tenían los republicanos, en cambio, el apoyo de los sindicatos catalanes, que habían mostrado su disposición a poner en valor esos puntos. La semana pasada las cúpulas de CC OO y UGT en Cataluña dieron su pleno apoyo a la visita de Yolanda Díaz a Barcelona para vender la reforma laboral, en un ejercicio para presionar a ERC. En su argumentario para condicionar su apoyo, los republicanos han remarcado que se trata de un acuerdo desdibujado respecto a las pretensiones iniciales del Ejecutivo.

Fuentes consultadas que conocen muy bien la formación aseguran que su posición contraria puede argumentarse con la posición del contenido de su Conferencia Sectorial en materia laboral, aunque lamentan que no se haya avenido a negociar: “Puedes tener una posición, pero después has de hacer política”, señalaban, compartiendo también una sentencia deslizada el jueves en el Congreso por Ferran Bel, portavoz del PDeCAT, quien sí votó a favor del decreto ley: “Algunos de ustedes hacen esfuerzos por adelantar por la derecha a la patronal y otros por adelantar por la izquierda a los sindicatos”. “En esta ocasión se ha posicionado muy a la izquierda, más que Yolanda Díaz y ha abandonado el espacio de centro-izquierda”, señalan las fuentes consultadas.