Dos años para curar las heridas de una década

Oriol Junqueras sintió rabia en numerosas ocasiones durante los más de tres años que estuvo privado de libertad. El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) lo transmitía en las entrevistas que concedió desde que fue condenado en 2019 por el Tribunal Supremo a 13 años de cárcel. El principal objetivo de su ira eran los dirigentes del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC): “Han sido cómplices de que llevemos más de dos años encerrados en prisión por unos delitos que no cometimos, por haber hecho un referéndum”, decía Junqueras en enero de 2020 en Catalunya Ràdio. “Tarde o temp...

Oriol Junqueras sintió rabia en numerosas ocasiones durante los más de tres años que estuvo privado de libertad. El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) lo transmitía en las entrevistas que concedió desde que fue condenado en 2019 por el Tribunal Supremo a 13 años de cárcel. El principal objetivo de su ira eran los dirigentes del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC): “Han sido cómplices de que llevemos más de dos años encerrados en prisión por unos delitos que no cometimos, por haber hecho un referéndum”, decía Junqueras en enero de 2020 en Catalunya Ràdio. “Tarde o temprano tenía que llegar el momento en el que nos miren a los ojos. A ver cómo aguantan la mirada”.

El momento que ansiaba Junqueras llegó el pasado 25 mayo. El líder de ERC cumplía condena en la cárcel de Lledoners (Barcelona) por sedición y malversación, como corresponsable de la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 (el 1-O) y del intento de separación unilateral de Cataluña. Aquel día se le concedió un permiso penitenciario para asistir a la toma de posesión de su delfín, Pere Aragonès, como presidente de la Generalitat. Junqueras se encontró cara a cara con Miquel Iceta, ministro de Política Territorial y primer secretario del PSC. Ambos intercambiaron unas breves palabras. Fueron estas, según avanzó el digital El Nacional y confirma el equipo de prensa del ministro: “¿Cómo estás?”, preguntó el socialista; “tú, seguro que mucho mejor que yo”, respondió Junqueras. Pese a esta frialdad, el acto de la toma de posesión mostró que algo había cambiado. Los miembros de la cúpula del PSC, a quien el nacionalismo catalán acusa de forma abstracta de ser instigadores de sus procesos judiciales, departió amablemente con otros presos independentistas, también con compañeros de partido del líder de ERC.

En enero de 2020, preguntado por EL PAÍS sobre si la Generalitat que presidió Carles Puigdemont, y de la que él fue vicepresidente, había mentido a los catalanes prometiéndoles la independencia en 18 meses, Junqueras espetó: “Y una mierda. Y una puta mierda. Dijimos la verdad, que el procés tenía que acabar en la independencia. Eso se impidió con palizas, cárcel, destituyendo Gobiernos y cerrando Parlamentos”. “La lección de 2017 es que lo hicimos para volverlo a hacer”, añadió Junqueras. Por “palizas” entendía el presidente de ERC las cargas policiales del 1-O, un operativo con el que el Ministerio del Interior intentó requisar urnas del referéndum. Con “destitución de Gobiernos y cerrando Parlamentos” se refería Junqueras a la intervención de la Generalitat en 2017 por parte del Gobierno central a través del artículo 155 de la Constitución y con el voto a favor de las Cortes. La intervención finalizó tras siete meses, con la investidura de Quim Torra como presidente de la Generalitat. Torra fue el elegido por Puigdemont para ser el jefe del Gobierno autonómico: el Gobierno legítimo, a su entender, eran Puigdemont y los consejeros que huyeron con él a Bélgica para evitar ser juzgados por el Tribunal Supremo.

Pese a sus sentimientos, Junqueras publicó este junio un artículo con el que materializó un viraje pragmático. Sus conclusiones eran que la separación unilateral no es adecuada ni ejemplar democráticamente, y que para tener la independencia es necesario contar con una mayoría muy elevada de la población. El líder de ERC también bendijo los indultos que aprobó esta semana el Consejo de Ministros en favor suyo y de los otros ocho presos, como una medida positiva para iniciar la llamada mesa de diálogo. Este órgano de discusión entre el Gobierno y la Generalitat debe negociar una salida a las demandas del independentismo. El plazo inicial que tienen las partes son dos años, los que quedan para el final de la legislatura, pero también los que la coalición entre ERC y Junts, y sus socios de la CUP, han establecido como margen de confianza a dar al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Hijos del pujolismo

No hay consenso sobre cuándo se dio el pistoletazo de salida a la carrera hacia la independencia. Una mayoría de sus protagonistas señala que arrancó con la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 que declaró nulos 14 artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña. En ello coinciden voces dispares. Salvador Illa, presidente del grupo parlamentario del PSC y ganador de las pasadas elecciones autonómicas, admitió el 10 de junio en RNE lo que consideraba una grave anomalía: “Cataluña es la única comunidad autónoma que tiene un Estatuto diferente al que votaron sus ciudadanos”. El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol también lo indica en Entre el dolor i l’esperança (Proa), libro publicado este mismo mes: “En verano de 2010 se rompió la confianza de mucha gente en Cataluña de que fuera posible un buen encaje de Cataluña en España”.

Para muchos analistas, el procés ha sido consecuencia de décadas del victimismo nacionalista que protagonizó Pujol y la coalición que capitaneó, la desaparecida Convergència i Unió (CiU). “Mi hipótesis”, escribía el filólogo y periodista Jordi Amat en Largo proceso, amargo sueño (Tusquets), “es que la capilarización del pujolismo, con sus virtudes y sus defectos, ha sido infinitamente más determinante que cualquier sentencia del Constitucional”. La exportavoz de Iniciativa per Catalunya (ICV) Dolors Camats valora a este diario: “En Cataluña ha gobernado más de 30 años una derecha nacionalista que se ha basado en la estrategia pujolista del agravio. Mucha gente ha crecido bajo la idea de que la cultura catalana y los catalanes como pueblo estamos al borde de desaparecer. Es normal que aceptaran como algo real que la independencia era necesaria mañana mismo. Ahora es el momento de nuevos líderes políticos, valientes, que digan la verdad, aunque no guste”.

Otros marcan el inicio de la aventura el 11 de septiembre de 2012, con la primera diada nacional masiva de la década, organizada por la Asamblea Nacional Catalana, la nueva organización independentista impulsada por activistas y personas de la órbita de los partidos. Artur Mas, por entonces presidente de la Generalitat, avanzó las elecciones autonómicas con CiU abogando por primera vez por un “Estado propio”. El separatismo lanzó en septiembre su primer órdago al Gobierno, tal y como anota el propio Mas en su libro Cabeza fría, corazón caliente (Península): se reunió en La Moncloa con el presidente Mariano Rajoy para exigir un nuevo sistema de financiación para Cataluña. El nacionalismo catalán daba nueve meses a Rajoy para aportar un acuerdo; de lo contrario, advertía Mas, “Cataluña entraría en terreno desconocido”.

El terreno desconocido al que Mas llevó a Cataluña era el unilateralismo. La consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014 fue el primer ensayo. El 9-N, que había sido declarado inconstitucional, trajo las primeras sanciones e inhabilitaciones. Una de las condenadas fue Joana Ortega, exconsejera de Gobernación. Ortega valora que los indultos abren una fase “de mirar adelante y de un retorno a la política”, aunque hay heridas abiertas: “Todavía hoy tenemos todos nuestros bienes embargados. Recuerdo a Soraya Sáenz de Santamaría que dijo que nos arruinaría a nosotros y a nuestras familias”. Aunque otros como Mas han citado palabras similares en varias ocasiones, EL PAÍS no ha podido encontrar estas declaraciones de quien fue vicepresidenta del Gobierno de Rajoy. Ortega también pide al Ejecutivo que intervenga frente a las investigaciones en marcha del Tribunal de Cuentas sobre los gastos que la Generalitat pudo haber destinado irregularmente a la agenda independentista en el exterior. Este organismo fiscalizador de la administración es autónomo del Gobierno y depende de las Cortes.

El exletrado mayor del parlamento catalán Antoni Bayona publicó en 2019 No todo vale (Península), uno de los ensayos más relevantes que se han escrito sobre el procés. Bayona concluía que los dirigentes del independentismo demostraron no saber cómo funciona un Estado. “No se ha asumido como debiera la idea de que cualquier poder público no está al servicio de quien manda en cada momento ni de una parte concreta de la sociedad”, afirmaba Bayona. El historiador Jordi Canal coincide con Bayona en que la culminación de esta irresponsabilidad institucional fue el pleno del parlamento de Cataluña del 6 y 7 de septiembre de 2017. La mayoría independentista en la Cámara tiró adelante las llamadas “leyes de desconexión”, vulnerando la Constitución, el Estatuto de autonomía y el reglamento del Parlamento. “La principal dificultad es que las heridas no se han curado. No ha habido un reconocimiento de los errores, no hablo de arrepentimiento”, comenta Canal, “hablo de admitir que lo que sucedió el 6 y 7 de septiembre fue profundamente antidemocrático”. Este profesor de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París avisa que el PSOE puede incurrir de nuevo en lo que entiende que sería una equivocación de peso: dejar al PP, el principal partido de la oposición, al margen de un acuerdo.

Autocrítica

Pere Almeda opina lo contrario que Canal. Almeda es director del Centro de Estudios Contemporáneos (CETC) de la Generalitat y es el editor de Cataluña-España: ¿Del conflicto al diálogo político? (Catarata), un libro en el que más de sesenta analistas reflexionan sobre el entuerto. “Pedimos a todos los autores que hicieran autocrítica. Los independentistas han hecho mucha autocrítica en este libro y los partidarios del Estado español han hecho menos, quizá porque su proyecto es el que se ha impuesto”, explica Almeda.

Almeda es del parecer que quien ostenta el poder de un Estado es quien debe revisar mejor sus errores: “Ha habido gente en prisión, condenada o que residen en el extranjero. Los mecanismos para canalizar el conflicto han fallado”. ERC y Junts esgrimen periódicamente una cifra, “los 3.300 represaliados” a los que el Gobierno de Sánchez debe amnistiar. Este número es el resultado de una suma hecha por la organización Òmnium Cultural. La gran mayoría la componen personas que no pueden ser amnistiadas porque no tienen ninguna causa judicial abierta: Òmnium incluye a los más de mil heridos que dejaron las cargas policiales en el 1-O, según datos de la Generalitat, a 712 alcaldes que fueron investigados por la organización del referéndum y a las más de 1.300 personas investigadas durante protestas recientes contra el Gobierno, contra el Rey o durante las tres semanas de vandalismo y ocupación de vías de transporte instigadas por los partidos independentistas tras conocerse en 2019 la sentencia del Tribunal Supremo.

El director del CETC opina que el contexto social es hoy propicio para el entendimiento: “El éxito electoral del PSC y de ERC, los que más han apostado por el diálogo, demuestra que es lo que quiere la gente”. Camats añade que hay un factor que puede ser clave: los fondos económicos de reconstrucción europeos para paliar los efectos de la pandemia del coronavirus aportarán estabilidad a los dos Gobiernos, una situación diferente a la que enfrentaron en 2012 Mas y Rajoy, presionados por un contexto de crisis económica que les redujo su capacidad de maniobra y popularidad.

Raimon Obiols, ex primer secretario del PSC, cree que el principal reto es dejar atrás “el enfrentamiento de bloques, del blanco y el negro”. “Los conflictos pueden hacer progresar la democracia, pero para ello deben ser conflictos que permitan acuerdos, en materia de financiación, de autogobierno, de libertades”. Obiols quita hierro al hecho de que ERC y Junts reiteren que solo aceptarán un pacto que aporte una ley de amnistía y que conceda a Cataluña el derecho de autodeterminación: “Sus discursos son de máximos, hay emotividad, pero las palabras están muy calculadas”.

Lo que se llegue a consensuar en la mesa de diálogo deberá ser refrendado en las urnas. Así lo ha defendido Illa y así lo cree también Ortega: “Para limar asperezas, el Gobierno del Estado debe entender que una gran mayoría quiere canalizar sus anhelos de libertad votando”. Camats opina de la misma forma, pero concede que las heridas “todavía están demasiado tiernas” para recurrir pronto a un referéndum. El nacionalismo catalán fue particularmente agresivo con Camats y con el exlíder de ICV Joan Herrera pese a haber defendido el 9-N. “Pedíamos realismo, pero no nos escuchaban”, dice Camats. Admite que hubo grupos de amigos que la evitaban. “Ahora ya no pasa, la gente no habla tanto del tema”.

“Los historiadores del futuro tendrán que prestar atención a la historia íntima del procés”, confirma Obiols. El ejemplo pueden ser Junqueras e Iceta, pero también lo puede ser la propia familia de Obiols: es sobrina suya Clara Ponsatí, la eurodiputada y exconsejera del Gobierno de Puigdemont huida a Bélgica. Hay heridas, sí, prosigue el veterano socialista, y muchas relaciones personales se tambalearon, pero el marco de convivencia en Cataluña se mantuvo en pie. Esto es lo que le permite ser optimista sobre el futuro.