El Govern retira a Eulen la gestión de dos residencias públicas por irregularidades

La Generalitat de Cataluña ha retirado a la empresa Eulen la gestión de dos residencias de ancianos en Barcelona tras detectar graves irregularidades en la gestión y atención de los usuarios. Se trata de los centros públicos Bertran Oriola i Mossèn Vidal i Aunòs, dos de las 13 residencias intervenidas por la Generalitat durante la crisis sanitaria provocada por la pandemia de covid-19. En su caso, el Departamento de Asuntos Sociales d...

La Generalitat de Cataluña ha retirado a la empresa Eulen la gestión de dos residencias de ancianos en Barcelona tras detectar graves irregularidades en la gestión y atención de los usuarios. Se trata de los centros públicos Bertran Oriola i Mossèn Vidal i Aunòs, dos de las 13 residencias intervenidas por la Generalitat durante la crisis sanitaria provocada por la pandemia de covid-19. En su caso, el Departamento de Asuntos Sociales detectó infracciones “graves y muy graves” y abrió un expediente sancionador a la compañía a principios de mes que han culminado ahora con la suspensión cautelar de la gestión por parte de Eulen mientras se espera a que concluya la investigación.

Hace un mes y medio, el Departamento de Salud intervino la residencia Mossèn Vidal i Aunós, de Barcelona, ante “la falta de recursos” por parte de la entidad gestora, Eulen, para atender a los ancianos. El centro, ubicado en el barrio de La Bordeta de Barcelona, tiene una capacidad para 112 ancianos, pero estaba entonces funcionando al 52% de su ocupación porque muchos residentes tuvieron que ser derivados a hospitales a causa de la covid-19. “Ante el inminente retorno de los pacientes hospitalizados al centro y ante la falta de recursos por parte de la entidad gestora actual para atender este nuevo volumen de personas, sobre todo a nivel de personal, se ha decidido intervenir y encargar la gestión a la Fundación Vella Terra”, informó entonces Salud.

Esta residencia, además, ya estaba bajo la lupa de la Inspección de Asuntos Sociales: el órgano fiscalizador del Departamento había abierto el pasado marzo un expediente a la dirección del centro y a la gestora tras conocer el presunto abuso sexual y las agresiones físicas que sufrió una anciana con alzheimer por parte de tres cuidadores.

La intervención del Departamento de Salud —que supuestamente delegó la gestión en la Fundación Vella Terra desde mayo, aunque las familias lo niegan y aseguran que Eulen sigue al frente— ha culminado con una retirada cautelar de la gestión a Eulen “ante las irregularidades constatadas en el funcionamiento y organización del servicio y que llevaron a la residencia a una situación de afectación generalizada por la covid-19″, ha explicado Asuntos Sociales en un comunicado. Aunque el Departamento no ha querido concretar qué tipo de situaciones se han registrado en el centro, sí ha admitido que la causa del expediente es “una presunta infracción muy grave, que puede ser sancionada con una multa de 7.000 euros y la suspensión total de la prestación de servicios por un período de cuatro años”.

“Llevamos 29 fallecidos y prácticamente la totalidad de los 112 residentes que había han dado positivo. Esta residencia está de desgracia en desgracia desde 2016″, explica María José Carcelén, portavoz de la Coordinadora de Residencias 5-1. No se fía de la decisión del Govern y acusa a Asuntos Sociales de mentir sobre los actuales gestores del centro Mossèn Vidal i Aunós. “En las reuniones del Consejo de Participación [un órgano de reunión entre la Generalitat, Ayuntamiento, familias, usuarios y trabajadores] nunca hemos visto a la Fundación Vella Terra. La directora ha seguido siendo la de Eulen y los representantes que acudían a esas reuniones eran los de Eulen. No nos fiamos del Govern. Ahora le retiran la gestión cautelarmente pero el resultado final puede ser solo una multa y que vuelvan”, protesta.

Asuntos Sociales niega la mayor. “Hasta ahora, con la intervención de Salud, con las competencias que tienen, lo que ocurría era que había un funcionario público que ejercía la dirección y una entidad (la Fundación Vella Terra) que ejercía la dirección operativa, pero Eulen seguía siendo el titular de la gestión del centro. Ahora lo que hacemos es suspender este concierto con Eulen y ya no llevará la gestión, sino que lo hará una nueva entidad”, apunta una portavoz del Departamento. A partir de este lunes, asegura, Asuntos Sociales abrirá un proceso para encargar la gestión de estos dos centros a otra entidad.

Por otra parte, en la residencia Bertran i Oriola, situada en el barrio de la Barceloneta y que dispone de 92 plazas y otras 32 en su centro de día, la Generalitat también ha encontrado irregularidades “en el funcionamiento y organización del servicio”.

Salud intervino el centro el pasado 26 de abril para “reconducir la situación en la que se encontraba el centro por la afectación de la covid-19″, admite Asuntos Sociales, aunque no especifica cuántos afectados y fallecidos por la pandemia ha registrado la residencia. El centro ya está calificado como residencia verde, es decir, que no hay casos de covid-19 activos en sus dependencias, pero el Govern ha decidido no retornar la gestión a Eulen.

La Generalitat también había abierto un expediente sancionador a este centro por una presunta infracción grave y cinco muy graves. Las multas previstas oscilaría entre 4.000 euros por la irregularidad grave y 7.900 por cada una de las notificadas como muy graves. Asuntos Sociales ha rechazado explicar qué clase de situaciones se detectaron en este centro. “En el Bertran Oriola todo fue un desastre. No hubo gente para trabajar. Se contagiaron el 95% de los residentes y calculan que han fallecido unos 40. Cuando entraron en la residencia, la gente estaba desnutrida y deshidratada”, tercia Carcelén.

No es la primera vez que estos centros están en el punto de mira. Ya sea por el ajuste de plantillas, que aboca al caos a unos cuidadores desbordados que no dan abasto para atender a todos los usuarios, o por la falta de recursos y atención a los ancianos en los peores momento de la pandemia. Josep Maria Clevillé, de 67 años, explicaba hace unas semanas a EL PAÍS los últimos días de su madre, Pilar Riera, en la residencia Bertran i Oriola: “Mi madre ha pasado por una guerra, una postguerra, el franquismo y ha trabajado toda su vida. Tenía un seguro médico privado y estaban informados de que en caso de enfermedad debían contactar con la mutua. Ha acabado muriendo por desatención por una insuficiencia respiratoria. Han sido verdaderos asesinatos”.

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