El alcalde de Fines, clave en la presunta trama corrupta de la Diputación de Almería, dimite una semana después de su detención

El alcalde de Fines. Rodrigo Sánchez Simón, ha renunciado a su cargo este martes, una semana después de haber sido detenido en el marco de la investigación de presuntas adjudicaciones fraudulentas por parte de la Diputación de Almería. Lo ha hecho presionado por la cúpula del PP en esa provincia, que lo suspendió de militancia el mismo día de su arresto, y que estaba muy molesto porque no hubiera decidió dimitir el mismo viernes, cuando fue puesto en libertad con cargos por cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública.

En un comunicado, el que fuera regidor de este municipio almeriense de 2.200 habitantes desde 2003, ha negado “de forma rotunda y absoluta” las acusaciones que pesan sobre él y que considera “profundamente injustas y ajenas a mi manera de ser y a mi forma de entender el servicio público”. Sin embargo, el juez que instruye la causa -cuyo origen está en las mordidas de entre 200.000 y 400.000 euros de una adjudicación supuestamente irregular de material sanitario por valor de do millones de euros-, lo sitúa como una de las figuras clave del entramado empresarial para cobrar comisiones por contratos fraudulentos adjudicados por la Diputación de Almería.

En el auto que determinó su detención, el magistrado sostiene que “sería posible” que él y otros de los investigados -su sobrino Óscar Liria, ex vicepresidente tercero de esa entidad y el primer detenido del caso mascarillas el 15 de junio de 2025; su hijo, Rodrigo Sánchez Silva; el ya expresidente de la institución, Javier Aureliano García, y su número dos, Francisco Giménez, “hubieran colaborado o, cuanto menos facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podrían a ver sido destinatarios”. También entiende que “habría articulado mecanismos para introducir en el circuito legal financiero el dinero público obtenido ilícitamente con los sobrecostes cargados en los contratos de adjudicación públicos fraudulentos”.

Y es que Sánchez Simón y Fines están en el epicentro de este caso desde que estalló el 15 de junio de 2023. Ese día la Guardia Civil encontró en el domicilio de Liria de Fines 26.250 euros en efectivo: 8.000, 7.800 y 6.300 euros en sendos sobres, 1.600 en el bolsillo de una chaqueta y 2.550 en otras prendas, que él alegó que eran regalos para su futura boda. Los agentes también vieron salir de esa vivienda a su primo e hijo del alcalde, Rodrigo Sánchez López, “introduciendo un bulto en el asiento trasero del vehículo”. Ese bulto contenía, según constataron los investigadores tras detener el coche, una caja con 119.950 euros en metálico.

El ya exregidor de Fines y su hijo han estado imputados en el caso mascarillas desde el primer momento y sus empresas también han estado en el punto de mira de los investigadores por sospechas tanto de ser utilizadas para obtener adjudicaciones irregulares y cobrar mordidas como para blanquear dinero. Ya en 2024 la jueza que entonces instruía la causa pidió toda la documentación relacionada con Pulconal -una de las empresas titularidad del adjudicatario del caso mascarillas, Kilian López, que también está emparentado con el antiguo alcalde finese, al ser el sobrino de su excuñada, también imputada- y con OYC Servicios Urbanos, una mercantil “controlada por terceras personas interpuestas por Rodrigo Sánchez López y Rodrigo Sánchez Simón”, de acuerdo con el auto dictado el pasado martes. La magistrada quería esclarecer si se avisaba previamente a Pulconal y OYC por parte de la Diputación para que concurrieran a adjudicaciones, presentando distintas ofertas que justificaran las concesiones a una u a otra. En este sentido, en el último auto se señala que “existen numerosas conversaciones [entre padre e hijo] que revelan que existía un concierto previo con empresas para la adjudicación fraudulenta de contratos públicos”, y se apunta a que la mayor parte de estas adjudicaciones se realizaron cuando el sobrino del alcalde y entonces vicepresidente tercero de la Diputación era su responsable de Urbanismo.

“Tanto en la actividad de Pulconal como de OYC se aprecia una actividad ficticia y simulada, siendo la realidad el desarrollo de una actividad comercial centrada en la adjudicación de contratos públicos aprovechando las capacidades que ofrecía el cargo de don Óscar [Liria] y don Rodrigo Sánchez Simón”, señala el juez en su último auto. El instructor también pone sobre el foco a la mercantil Gesa, a cuyo nombre están puestos todos los bienes del exregidor y su hijo, “sin que haya explicación coherente para ello” y al grupo EPDM, en el que se concentran sociedades controladas por testaferros y que ha sido adquirida por Sánchez López. “Lo que podría ser un indicio de querer integrar en su patrimonio los bienes previamente adquiridos de forma fraudulenta”, concluye el instructor.

Fines es la localidad donde más tiempo estuvo la Guardia Civil registrando inmuebles y las sede de empresas vinculadas a su antiguo regidor, además de la propia sede del Ayuntamiento, el pasado martes. Entonces, como el 15 de junio de 2021, los vecinos de la localidad, beneficiada por el empleo que genera el gigante de la piedra Cosentino, preferían no hablar de las detenciones.

El pueblo es pequeño, todos se conocen y todos, en general, reconocen el cambio del municipio desde que Sánchez Simón es alcalde. Ponían de ejemplo las calles que están siendo renovadas estos días, pero también la vía verde, el edificio consistorial, inaugurado en 2014 a base de mármol o el auditorio Javier Aureliano García -bautizado en honor del que ya es expresidente de la Diputación imputado también en ese mismo caso-, inaugurado por el mismo en diciembre de 2021, seis meses después de que estallara el escándalo de las mascarillas, y construido por Tagilis, otra de las empresas investigadas en la trama de adjudicaciones corruptas.

El caso mascarillas no es la primera relación con la justicia de Sánchez Simón. En 2009, la Fiscalía encontró indicios de prevaricación después de que una de sus empresas adquiriese una vivienda en Fines y 16 meses después la vendiera al propio Ayuntamiento por 72.000 euros, pero finalmente se archivó. En 2014 sí que fue condenado a 21 meses de prisión, junto a su hermano, por construir sin licencia un edificio anexo a su vivienda y una piscina en una de sus fincas, aunque más tarde la Audiencia de Almería lo absolvió.

La cercanía al entonces presidente de la Diputación y del PP de Almería hacía que Sánchez Simón mantuviera una posición sólida dentro de la formación conservadora en la provincia. Un refuerzo que se quebró por completo tras las detenciones del pasado martes, cuando la dirección regional lo suspendió de militancia. El secretario general del PP de Andalucía, no ocultó su malestar cuando este lunes, durante la celebración de la Junta Directiva en Roquetas, Sánchez Simón seguía en su puesto como alcalde. “Es su prerrogativa, será alcalde de Fines, pero no un alcalde del PP”, había dicho el viernes, tras conocerse la dimisión de García como presidente de la Diputación.

La presión por parte del partido, en la misma semana en la que Juan Manuel Moreno se enfrenta al debate sobre el estado de Andalucía en el Parlamento autónomo, ha sido decisiva para apear del sillón de mando al alcalde finese. “Durante más de 22 años he trabajado con honradez, humildad y dedicación por este pueblo que tanto quiero. Siempre he sentido la política como un servicio a los demás, nunca como un beneficio personal”. El juez que instruye la causa por la que está imputado por cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública,, no parece opinar igual.