500 millones para el ELA, la última oportunidad de consenso de la legislatura

A las 14.57 horas del miércoles 19 de noviembre de 2025 todo el Congreso —los 346 diputados presentes— votó a favor de un decreto que dota con 500 millones de euros la financiación para los enfermos de ELA. Sucedió en el medio de esta extraña legislatura. Hubo críticas, duras, de PP y Vox, por la que consideran utilización partidista del Gobierno de esa medida y por la tardanza de un año en aplicar lo reclamado por ese mismo Congreso cuando se aprobó la ley. Hubo autorreivindicaciones, por parte de Junts, que se apunta el tanto entre los compromisos que exigió para dar sus votos a la investidura de Pedro Sánchez. En el Ministerio de Derechos Sociales, que es el que más ha impulsado la coordinación de este decreto urgente “de país e interés general”, optaron por ensalzar la presión de las asociaciones de afectados, que siguen sin tener tiempo.

El debate no fue un bálsamo, porque se escucharon fuertes críticas al Gobierno por la dilación en dotar de los recursos necesarios a una ley que transforma de raíz el sistema público de atención a los enfermos más dependientes. Pero en el contexto actual del país, y su debate político, la discusión para convalidar este real decreto resultó un oasis en el que prácticamente todos los portavoces elevaron por unos minutos el nivel en un día en el que el Parlamento se volvió a inundar de acusaciones mutuas de corrupción, esencialmente entre PSOE y PP.

El decreto con los 500 millones aprobados hace un mes por el Consejo de Ministros pasó el filtro del Congreso con una unanimidad tan inédita como extraordinaria. El protagonista político resultó el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, de Sumar, pero las miradas de casi todos los portavoces se dirigieron hacia las tribunas de invitados, donde se desplegaron los representantes de media docena de asociaciones de afectados y en particular, como el más citado, hacia Fernando Martín, el presidente de ConELA, que lleva un año intentando presionar a los partidos y coordinar las demandas de todos los enfermos y sus familias.

Pablo Bustinduy, en su exposición inicial y la final, evitó el momento de las disputas y el habitual enfrentamiento parlamentario para ampliar el foco con bastante “solemnidad y determinación” y poner el punto de mira en la relevancia de un día que tildó de “hito social y político del país que mejora la democracia”. El ministro destacó que el objetivo del decreto es “reforzar el sistema de cuidados de los enfermos de ELA y similares” en tres ejes: el estructural, al ampliar los grados actuales de calificación de los enfermos con el 3+ para los casos especialmente complejos; el específico, al garantizar atención 24 horas al día y hasta casi 10.000 euros al mes para dotar a las familias de esos enfermos; y el financiero, al inyectar ahora 500 millones adicionales en un sistema de dependencia dañado en los últimos años por infradotaciones y recortes.

El Ministerio de Derechos Sociales sí aprovechó para subrayar la utilidad de su departamento no solo por elevar ya hasta 3.700 millones las partidas récord e históricas previstas para dependencia en 2025, con un 15% de incrementos desde 2023, sino también de otras leyes, como la de atención a la clientela de la semana pasada, que prosperó con la abstención solo del PP. Bustinduy lanzó repetidas manos tendidas a las asociaciones, a las autonomías, a los grupos e imploró casi consenso “para demostrar que la política es mucho más que el enfrentamiento infructuoso” y sirve “para mejorar la vida de los representados”. Y acabó: “Aquí no pierde nadie y ganamos todos”.

El tono del debate fue inusual, porque como luego concluyó el propio ministro, “en lo esencial” todos estuvieron de acuerdo. El portavoz de UPN, Alberto Catalán, marcó el primero la línea argumental de las quejas que luego repicaron los intervinientes de PP y Vox. La derecha y ultraderecha también convalidó el decreto, en consonancia con la casi unanimidad con la que se ha apoyado en el hemiciclo este proyecto desde que lo presentó la primera vez Ciudadanos en marzo de 2022. Catalán, Rocío de Meer, de Vox, y Elvira Velasco, del PP, cuestionaron que el Gobierno se congratule tanto de la importancia de esta transformación de la dependencia para la ley ELA y haya tardado tanto en encontrar su financiación y aun ahora no haya logrado precisar con claridad total cómo se determinarán esos grados extremos de atención y con qué criterios.

Los socios habituales del Ejecutivo, Coalición Canaria, BNG, Podemos, ERC, PNV, EH Bildu y Sumar, expresaron su apoyo, aunque teniendo que aceptar que se ha tardado demasiado en llegar a este punto y tras lamentar que aún pervivan algunas imprecisiones. Junts volvió a desmarcarse en el fondo y la forma, aunque no en el voto.

La diputada nacionalista Pilar Calvo, muy implicada desde hace años con las entidades catalanas que aglutinan enfermos de ELA, a las que citó y homenajeó con una camiseta en la que amanecía el sol, desparramó una serie de críticas tan duras contra el Ejecutivo que desbordó a las del PP y se situó al nivel de Vox. Acusó a los Ministerios implicados, Sanidad y Derechos Sociales, de mentir a las familias y enfermos, responsabilizó al Ejecutivo de PSOE y Sumar de llegar “1.100 muertos tarde, 134 catalanes” por haberles “ahogado en burocracia” y exigió al presidente de Cataluña, el socialista Salvador Illa, que no se escude en que no tiene instrumentos para aplicar las medidas y ayudas cuanto antes. Calvo fue también la que puso en cuestión que el Gobierno vaya a conceder a los enfermos más graves 10.000 euros al mes, como dispone la modificación legal, y precisó ahí que serán 4.930 y el resto a través de las autonomías. Ese aspecto está por especificar mejor en las próximas semanas, aunque los 500 millones que Hacienda ha reservado en los Presupuestos son para nutrir a través del Ministerio de Derechos Sociales el sistema de dependencia en general, aunque algunas dotaciones las resuelvan las autonomías.

Bustinduy cerró la discusión con otra remesa de apelaciones al consenso de país, el diálogo y la “suspensión del enfrentamiento gratuito e improductivo” con un mensaje extraño para este momento político: “No es necesario convertir cualquier cosa en un instrumento político de corto plazo” y abogó por celebrar con los enfermos, las familias, las asociaciones “que los poderes públicos” les acompañan “después de tantos años de lucha”. Se votó y apareció en el marcador del hemiciclo un resultado excepcional: 346 votos verdes a favor de una “ley de país, de época y de interés general”.