13 muertos y nadie asume culpas: las víctimas del incendio de las discotecas de Murcia exigen justicia

El 1 de octubre de 2023, 13 personas murieron atrapadas en el incendio que arrasó las discotecas Teatre y Fonda Milagros, en Murcia. Dos años después de la tragedia, los familiares de las víctimas asisten frustrados a un ...

El 1 de octubre de 2023, 13 personas murieron atrapadas en el incendio que arrasó las discotecas Teatre y Fonda Milagros, en Murcia. Dos años después de la tragedia, los familiares de las víctimas asisten frustrados a un procedimiento judicial en el que nadie quiere asumir su responsabilidad: los propietarios de las discotecas se echan las culpas unos a otros y los concejales, técnicos y funcionarios municipales ni siquiera están siendo investigados por la jueza. Todo ello, a pesar de los numerosos informes periciales que avalan las irregularidades administrativas y de seguridad con las que operaban las dos salas, que tenían una única licencia de actividad, una orden de cierre que no se había ejecutado y numerosas carencias en materia de salidas de emergencias y compartimentación antiincendios.

“Los hechos están a la vista de todos, la investigación debería haberse cerrado en poco tiempo, pero todos se lavan las manos, nadie asume responsabilidades. Solo nos falta que nos digan que los responsables son los propios que murieron, por estar allí la noche del incendio”. Son las duras palabras de Jairo Correa, que perdió a su hija Leidy Paola en la tragedia y que lamenta que en estos dos años “todo ha seguido igual, o peor, porque el caso cae cada vez más en el olvido”.

Esos hechos a los que se refiere comenzaron a vislumbrarse dos días después del incendio, cuando el concejal de Urbanismo de Murcia, Antonio Navarro, del PP, y su antecesor en el cargo, Andrés Guerrero, del PSOE, dieron una insólita rueda de prensa conjunta. En ella reconocieron que Fonda Milagros “no existía administrativamente” y que funcionaba con la licencia de Teatre que, a su vez, tenía una orden de cese de actividad dictada en enero de 2022, casi dos años antes del incendio, pero que no se había ejecutado. “El Ayuntamiento sabía que las discotecas no podían seguir funcionando, ordenó su cierre, y sabía que no estaban cerradas. Lo sabían, aunque ahora no asuman sus responsabilidades”, afirma Ferney Lozano, que pudo salir con vida del incendio, pero perdió en él a su mujer, Olga Lucrecia Nieto, Lula.

La orden del Ayuntamiento para cerrar las discotecas estuvo motivada por las obras para dividir en dos la discoteca Teatre, que ocupaba una nave industrial en el polígono de Atalayas, una popular zona de ocio nocturno de Murcia. Los propietarios de la discoteca hicieron ese proyecto en 2017, aunque no pidieron los permisos municipales hasta junio de 2019. Para entonces, la nave ya estaba dividida en dos por una pared de yeso laminado y Fonda Milagros ya estaba en funcionamiento. A finales de 2020, el Ayuntamiento requirió a los propietarios que tramitasen nuevas licencias para los negocios y en enero de 2022, dictó la orden de cese de actividad, pero las salas nunca cerraron.

El abogado José Manuel Muñoz Ortín, que representa a familiares de tres de los fallecidos en el incendio, tiene claro que el Ayuntamiento permitió a las discotecas esquivar el cierre haciendo ajustes normativos a través de ordenanzas que contradicen la legislación estatal en materia de seguridad. “Las discotecas alegaron que iban a regularizar su situación y, con eso, se permitió que siguieran abiertas. Es legalizar para seguir en la ilegalidad. Los negocios debían haber cerrado, hacer los cambios pertinentes para cumplir con la ley y, una vez hechos, volver a abrir”, explica. Como el resto de los familiares de las víctimas, ha solicitado que se cite como investigados a los responsables municipales, tanto políticos como funcionarios, que participaron en este expediente, pero la titular del juzgado número 3 de Murcia, que instruye el caso, ha rechazado la petición en dos ocasiones, puesto que no considera que se pueda derivar una responsabilidad penal para los cargos públicos. El asunto está recurrido en la Audiencia Provincial de Murcia, que aún no se ha pronunciado al respecto.

Numerosas deficiencias

Además de las deficiencias administrativas, a lo largo de estos dos años han quedado en evidencia también las numerosas carencias en materia de seguridad que tenían las salas. Bomberos y Policía Judicial fueron los primeros en dar la voz de alarma en los informes que elaboraron para la jueza y en los que dejaban claro que parte de las salidas de emergencia de las discotecas estaban bloqueadas, incluso con rejas y candados. También alertaban de la falta de compartimentación de las discotecas, que compartían los sistemas de ventilación y de refrigeración y la misma cubierta, por lo que el fuego se propagó rápidamente, pasando de Teatre, donde se sitúa el foco del incendio, a Fonda Milagros, donde fallecieron las 13 víctimas.

Los que sí pudieron escapar de ese infierno han relatado ante la jueza y los medios de comunicación, en numerosas ocasiones, que Fonda Milagros solo contaba con una escalera para bajar de los palcos a la planta baja, y con una única puerta de salida. Sin señalización, ni luces de emergencia, ni alarmas anti incendios. Efraín Montiel fue el último en abandonar la discoteca y, a día de hoy, sigue comprobando que los bares o restaurantes a los que entra tengan esas medidas de seguridad. En los meses posteriores al incendio, recuerda, el Ayuntamiento inició una campaña de revisión de locales y clausuró varios de ellos que también tenían órdenes de cierre sin ejecutar, pero lamenta que todas esas medidas parecen haber caído en el olvido. “Creo que lo mismo que ocurrió, podría volver a pasar”, lamenta.

La jueza pidió el pasado mes de marzo a una perito arquitecta que comprobara esas carencias de seguridad. Esta profesional elaboró un informe demoledor: las salidas de emergencia eran insuficientes, los recorridos de evacuación llegaban a duplicar el máximo permitido por ley y la compartimentación no era adecuada. Estas conclusiones han llevado a la jueza a citar como investigado al ingeniero que hizo el proyecto para dividir en dos la nave. Junto a él están imputados también el responsable de Fonda Milagros, tres responsables de Teatre, el DJ que organizó la fiesta que se celebraba aquella noche en esa discoteca, y el propietario de una máquina de chispas que se utilizó durante la misma y que se cree que pudo originar el incendio.

Familiares denuncian abandono

Los abogados de las víctimas coinciden en que la instrucción ha avanzado a buen ritmo dada la complejidad del caso, pero los familiares de los fallecidos se sienten “ninguneados” tanto por la justicia como por la Administración, explica Estrella, que prefiere no dar su verdadero nombre y que perdió a un familiar del que dependía económicamente, lo que la ha dejado en una situación muy complicada. Más allá de los gastos generados por el funeral de su ser querido, no ha vuelto a recibir ninguna ayuda y cree que “nada se ha movido en ese sentido porque todos los que perdieron la vida eran latinos y no nacidos en Murcia”. La abogada Rosa Egea, que representa a familiares de una de las víctimas y a varios supervivientes, insiste en que esa sensación de abandono y falta de ayuda es generalizada, con casos en los que incluso ha habido dificultades para cobrar pensiones de orfandad.

A ello se suma la incertidumbre con respecto al posible cobro de indemnizaciones una vez que se resuelva el procedimiento, ya que las pólizas de las aseguradoras eran “irrisorias”, califica el abogado Muñoz Ortín: 300.000 euros en el caso de Fonda, y 1,2 millones en el de Teatre. El abogado Pedro López Graña, que representa a familiares de dos de los fallecidos, insiste en la necesidad de reclamar un “aseguramiento más amplio”, porque “el daño causado es de enorme magnitud y requiere garantías sólidas de que habrá fondos para responder a las víctimas”.

El deseo de las víctimas es lograr que todos los que tuvieron responsabilidades en la tragedia asuman su culpa y que quienes tienen la potestad para ello pongan medidas para que un caso similar no se vuelva a repetir. Lo resume Gladis, que no quiere dar su verdadero nombre y que sigue “rota por el dolor” desde hace dos años: “Nada nos va a devolver a nuestros seres queridos pero, si quienes fueron responsables pudieran tocarse el corazón y sentir el dolor que nosotros sentimos, estaríamos seguros de que esto no volvería a pasar”.