La Audiencia Nacional estrecha el cerco sobre la guerra sucia contra Podemos durante el mandato del PP

El juez Santiago Pedraz, titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, dictó una providencia el pasado 3 de marzo en la que exige a la Dirección General de la Policía y a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) “cuantas notas, actas, diligencias, oficios, comparecencias, atestados o informes que se hayan elaborado en relación con el partido político Podemos, la fundación CEPS o cualesquiera de los 67 dirigentes de esta formación entre mayo de 2014 y diciembre de 2016″. Con esta decisión, ...

El juez Santiago Pedraz, titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, dictó una providencia el pasado 3 de marzo en la que exige a la Dirección General de la Policía y a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) “cuantas notas, actas, diligencias, oficios, comparecencias, atestados o informes que se hayan elaborado en relación con el partido político Podemos, la fundación CEPS o cualesquiera de los 67 dirigentes de esta formación entre mayo de 2014 y diciembre de 2016″. Con esta decisión, el juez profundiza en su investigación sobre la guerra sucia que impulsó el Ministerio del Interior contra Podemos y sus dirigentes durante el mandato del Gobierno de Mariano Rajoy (PP). Esa persecución ilegal a Podemos, de la que ya existen numerosas pruebas y testimonios policiales que lo confirman, se hizo siempre sin respaldo judicial y supone uno de los episodios más oscuros de la reciente etapa democrática.

Interior ha remitido hasta ahora diversa documentación sobre las investigaciones policiales a Podemos impulsadas sin cobertura judicial. Esas investigaciones ―sobre actividades supuestamente ilegales de algunos de los dirigentes de Podemos― se archivaron por la falsedad o irrelevancia de las informaciones que las originaron. El resultado de aquellas pesquisas fue filtrado antes a medios de comunicación afines al PP, que las publicaron con tintes de escándalo, antes de que la propia Policía, que las había declarado secretas, las archivase. Podemos consideró que la documentación remitida hasta ahora era insuficiente y el juez Pedraz atendió su queja.

La investigación judicial se abrió a raíz de una querella presentada por Podemos contra la cúpula política y policial del Ministerio del Interior durante el Gobierno del PP. El partido denunciaba a esos altos cargos por los delitos de organización criminal, revelación de secretos, malversación, prevaricación, y falsedad documental. El juez Pedraz está confirmando a través de diversas diligencias los hechos denunciados por la formación política.

El número dos de Interior y la lista de diputados de Podemos con antecedentes penales. En las elecciones de diciembre de 2015, Podemos obtuvo 69 diputados y se convirtió en una fuerza política parlamentaria que ponía en serio riesgo la continuidad de Mariano Rajoy (PP) al frente del Gobierno. Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, puso entonces en marcha una operación para, a través de sus comisarios de confianza, recabar información sobre los antecedentes penales de los parlamentarios de la formación morada a finales de enero de 2016.

Un periodista de El Mundo comentó con Martínez a través de WhatsApp que “sería cojonudo” difundir una información sobre los antecedentes penales de los diputados de Podemos. El secretario de Estado de Interior reclamó sólo unas horas después esos datos a Enrique García Castaño, según acreditan las conversaciones incorporadas al sumario. El comisario, a su vez, encargó el trabajo a German Rodríguez Castiñeira, jefe de la Brigada Provincial de Madrid, y explicó a Martínez que ese responsable policial le había dicho que “mirar [los antecedentes penales] de los 69 de Podemos dejaba rastro”. Castiñeira confirmó ante el juez Pedraz que le hicieron ese encargo, pero que él lo rechazo: “Me dijo: ‘Oye, ¿tú podrías mirarme los antecedentes de estos 69 diputados?’ Entonces, yo me enfadé y le dije: ‘¡Pero, tú estás loco!”.

Informe PISA contra Podemos filtrado a los medios y denunciado al Tribunal de Cuentas. La policía investigó por su cuenta, sin orden judicial, la situación financiera de Pablo Iglesias y el comisario Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), informó puntualmente al secretario de Estado, Francisco Martínez, sobre sus avances en esa tarea. “Me dan toda la contabilidad del dinero pagado al coletas y su entorno, origen del dinero, cantidades, etc. Contabilidad oficial”, escribió el comisario al número dos de Interior poco antes de que en distintos medios (Ok diario, Abc) comenzarán a publicar a comienzos de enero de 2016 parte de un informe sin sello, ni firma ni autor conocido, donde se denunciaba la financiación ilegal de Podemos a través de Irán o Venezuela. Eugenio Pino, director adjunto operativo, el jefe principal de la Policía, hablaba entonces con el secretario de Estado en estos términos: “De lo que se trata es de que expliquen cómo han recibido esas cantidades de un país como Irán, aunque sea legal”. Martínez comentó: “Les va a caer la del pulpo a los del Irangate”. El denominado informe PISA (Pablo Iglesias S. A.) llegó finalmente al Tribunal de Cuentas en forma de denuncia por financiación ilegal de Podemos que presentó la UDEF, dependiente del Ministerio del Interior, según adelantó la Cadena SER en marzo de 2016. El Tribunal de Cuentas archivó la denuncia. El sindicato ultraderechista Manos Limpias también presentó una denuncia basada en el informe ante el Tribunal Supremo, que ni siquiera la admitió a trámite. Una inspectora de policía confirmó al juez Pedraz esta investigación supuestamente “secreta”.

Los policías encargados del trabajo, denominado Operación Venus en los archivos policiales, decidieron en diciembre de 2016, 10 meses después de iniciar sus pesquisas, “pasar a pasiva la investigación al no encontrarse indicios suficientes de delito”.

Fundación CEPS: dinero del Gobierno venezolano pagado a personas que años después crearon Podemos. El número dos de Interior mantuvo conversaciones con periodistas de El Mundo sobre diversas informaciones relacionadas con la fundación CEPS, en la que trabajaron varias personas entre 2008 y 2012, dos años antes de que fundaran el partido Podemos. CEPS cobró diversas cantidades del Gobierno venezolano por la elaboración de estudios. Y tanto El Mundo como Abc informaron de esta cuestión con el conocimiento previo de Martínez, según acreditan las comunicaciones intervenidas al secretario de Estado de Seguridad.

La querella presentada por Podemos destaca que estas filtraciones desde Interior se hacían a través de “una red de periodistas que, en menor o mayor grado, colabora directa o indirectamente con la organización criminal, alineándose en todo caso con sus fines”. Podemos destaca como tres medios distintos, Abc, Okdiario y El Confidencial, difundieron la noticia de que el presidente venezolano Hugo Chávez había pagado siete millones de euros para crear en España fuerzas políticas bolivarianas. La información se basaba en los contactos que la policía había llevado a cabo con disidentes venezolanos para lograr la documentación que acreditase los pagos a CEPS. El exministro de Finanzas, Rafael Isea, confirmó a policías españoles el pago de esos siete millones de dólares y llegó a firmar una especie de acta que así lo acreditaba. Posteriormente, Isea declaró a EL PAÍS que todo había sido una encerrona de los policías españoles que se entrevistaron con él y le prometieron protección para su familia a cambio de su declaración contra Podemos. Los policías pidieron a Isea que verificara la autenticidad de una solicitud firmada por él mismo y por Hugo Chávez, en el que se autorizaba una serie de pagos a la fundación CEPS por un valor total de 4.480.700 euros (que se suman a otra cantidad ya satisfecha de 2.687.390 euros por servicios prestados entre 2003 y 2007). El exministro expresó sus reservas sobre el documento, dado que la solicitud procedía de su despacho, pero “el Ministerio de Finanzas jamás recibió los servicios de la fundación” CEPS. Las fechas tampoco le cuadraron. “Está fechado el 28 de mayo de 2008, y en esos días yo estaba en plena campaña para ser candidato a gobernador de Aragua [Estado cuya gobernación ocuparía desde diciembre de ese año hasta 2012], las elecciones primarias fueron tres días después. Por otro lado, en el documento se piden recursos para 2008, 2009 y 2010. Pero comprometer recursos para años futuros es ilegal en la administración venezolana, debe hacerlo el ministerio en su presupuesto”, explicó a EL PAÍS.

La investigación, denominada operación Bolívar, estaba declarada secreta, según ha confirmado ahora la policía al juez Pedraz. Pero el diario Abc publicó todos los detalles de la confesión de Isea. Muchos meses después, los investigadores cerraron el caso: “La realización de gestiones para comprobar la veracidad de tal información y eventualmente determinar posibles responsabilidades de naturaleza penal de las personas mencionadas, han dado resultado infructuoso”. Podemos recuerda que durante la reunión con el exministro Isea, el policía español José Ángel Fuentes Gago utilizó el siguiente argumento: “Si nos ayuda a que no lleguen los de Podemos [al Gobierno], me cago en la mar, mejor para todos”.

La cuenta falsa de Pablo Iglesias en las Islas Granadinas. El 6 de mayo de 2016, Ok diario publicó que Pablo Iglesias ocultaba en un banco del paraíso fiscal de las Islas Granadinas dinero cobrado del régimen venezolano. La información se tituló: “El Gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014″. Pero sólo un día después, el banco aludido publicó un desmentido en su página web: “Euro Pacific Bank nunca ha mantenido una cuenta para esta persona ni ha recibido una transferencia bancaria de ninguna de las instituciones financieras o fuentes mencionadas en el artículo. Además, el Banco no mantiene cuentas para personas expuestas políticamente (PEP) ni acepta pagos de Venezuela bajo ninguna circunstancia”. El juez Pedraz recabó información sobre esta investigación y la policía recordó en un informe remitido al juzgado que en aquel caso “las informaciones facilitadas por el denunciante y la documentación aportada en la forma descrita” no tenían “entidad suficiente para motivar el traslado a sede judicial”, de modo que se propuso “abandonar esa línea de investigación” meses después de que Ok diario hubiera publicado la noticia.

El Ministerio del Interior estuvo dirigido en la época que ahora se investiga por Jorge Fernández Díaz (PP) y por el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ambos procesados junto a media docena de comisarios en el caso Kitchen, la causa abierta por el espionaje sin amparo judicial al extesorero del PP, Luis Bárcenas, para robarle pruebas de la caja b con la que se financió ilegalmente la formación conservadora durante casi 20 años.