Las disputas entre los aliados complican aún más la legislatura a Sánchez
El Gobierno surfea entre las crecientes contradicciones ideológicas de su base parlamentaria
“Este hemiciclo es de derechas”, certificaba el pasado martes ante el pleno del Congreso una diputada de izquierdas, la republicana catalana Pilar Vallugera. Hace 16 meses, cuando se constituyeron las actuales Cortes, resultaría raro oír algo así. La inercia de la anterior legislatura llevaba a algunos a seguir hablando de una “mayoría progresista”. La reali...
“Este hemiciclo es de derechas”, certificaba el pasado martes ante el pleno del Congreso una diputada de izquierdas, la republicana catalana Pilar Vallugera. Hace 16 meses, cuando se constituyeron las actuales Cortes, resultaría raro oír algo así. La inercia de la anterior legislatura llevaba a algunos a seguir hablando de una “mayoría progresista”. La realidad se ajustaba más bien a lo que en noviembre de ese año, en la sesión de investidura de Pedro Sánchez, otro miembro de ERC, Gabriel Rufián, comentó dirigiéndose a los escaños de la derecha estatal: “¿Saben qué es lo único que nos une a los que vamos a votar juntos? ¡Frenarles a ustedes!” Frenar todo aquello que se podría sintetizar en la celebérrima foto de Colón: una idea de España en combate sin tregua con las fuerzas soberanistas.
Han pasado los meses, atrás ha quedado la ley de amnistía, la cuestión territorial ya no está en el centro del debate y la tarea de gobernar impone otras cuestiones como las económicas. Y se abre paso la evidencia. En el Congreso apenas se habla ya de “bloque de investidura” y diputados del espectro progresista corroboran con resignación: “Hay que asumirlo, no hay una mayoría de izquierdas”. Cuando alguno como Podemos todavía parece resistirse, llega el portavoz del PNV, Aitor Esteban, y los reprende: “A ver si se van haciendo a la idea de que no tienen mayoría para ciertas cosas”. Esteban ya lo había advertido en la última comparecencia de Sánchez: “Si algún grupo quiere imponer su agenda, el PNV se va a plantar”.
En el Congreso se habla de la teoría de la manta como metáfora de las dificultades del Gobierno para conciliar las posiciones de sus aliados. La imagen original es futbolística y proviene de un entrenador brasileño de los años 70, Tim, quien ejemplificaba así la dificultad de equilibrar el juego entre ataque y defensa: “El fútbol es como una manta corta: si te tapas la cabeza, descubres los pies; y si te tapas los pies, descubres la cabeza”. En el hemiciclo detalló con sorna el “espectáculo de la manta” un diputado popular, Pedro Puy, la mañana que, tras días de agónicas negociaciones, se aprobaba el paquete fiscal antes de enviarlo al Senado: “Se tapa Junts, se destapa Sumar; se tapa Sumar, se destapa Esquerra; se tapa Esquerra, se destapa Podemos. Y el PNV, por supuesto, siempre está tapado”.
El Congreso vive en una permanente ciclotimia. El optimismo y el pesimismo van por semanas. Cuando el mes pasado se cerró el acuerdo para el paquete fiscal, los diputados de Junts aparentaban encantados de la relación con el Gobierno, y las apuestas apuntaban a la aprobación de los próximos Presupuestos. Ahora, los de Puigdemont han vuelto a enfurruñarse y exigen una cuestión de confianza. Podemos también amenaza, aunque no acaba de consumarlo. Y sus señorías se han ido de vacaciones con los Presupuestos cotizando a la baja.
Lo que no quiere decir que el panorama no pueda despejarse en enero. Porque en este juego de perspectivas entre el vaso medio lleno o medio vacío, el Gobierno esgrime la aprobación de proyectos muy relevantes. Surfeando en el agitado oleaje entre derecha e izquierda, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha hecho malabarismos y ha podido refrendar una reforma fiscal que incluye un tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades, subidas del IRPF para las rentas de capital y de la fiscalidad del tabaco o un nuevo impuesto a la banca. Otro ministro, Félix Bolaños, ha logrado aprobar una ley que cambiará sustancialmente la estructura y el funcionamiento de la Administración de Justicia. En un año y con ese endemoniado reparto de fuerzas en el Congreso, los socialistas destacan que han sacado 25 textos legislativos, “dos por mes”.
Tan cierto como que en este tiempo se han exacerbado las diferencias entre sus aliados. El episodio del impuesto a las energéticas resulta paradigmático: se ha convertido en un campo de batalla entre todos ellos. Y revela que, como apunta un diputado de Sumar, a menudo “se busca más exhibir el posicionamiento político que lograr un acuerdo”. El Gobierno ha dedicado muchas horas —y más que dedicará— a un esfuerzo inútil. Junts y PNV se sumaron al PP en el último pleno para derogar un impuesto que ya expiraba el día 31. Solo querían escenificar su rechazo a las demandas de la izquierda. Por exigencia de ERC, EH Bildu y BNG, el Consejo de Ministros aprobará el lunes un decreto que vuelve a crear el impuesto, con la certeza de que decaerá cuando se lleve en enero a convalidar en el Congreso. Pero la izquierda quiere que Junts y PNV “se retraten”.
Este pulso a varias bandas ha deparado choques de una dureza desconocida. Ione Belarra, de Podemos, recomendó a Esteban que ceda su puesto en las listas del PNV al CEO de Repsol y expresidente de ese partido, Josu Jon Imaz. Furioso, el portavoz del grupo vasco arremetió contra las “amenazas” de Belarra al Gobierno y sugirió que tal vez esté buscando “que se convoquen elecciones para ver si ganan en su duelo particular con Sumar”. Mientras, el soberanismo de izquierdas acusaba al soberanismo conservador de “reforzar las estrategias e intereses de la derecha española”. La preocupación por la actitud de Podemos no es exclusiva del PNV. Sus reiteradas amenazas de romper la baraja en algunos temas y su interés en presentarse como los genuinos defensores de los intereses populares incomoda a los otros grupos de izquierda.
Y luego está Junts, claro, y esa imprevisibilidad que desconcierta a todos, empezando por el Gobierno. Ya no se trata solo de su estrategia de tensión permanente. Es que sus posiciones acaban arrastrando a otros. A ERC la presiona martilleando con la acusación de que apoya a Sánchez “a cambio de nada”. En asuntos económicos ha atraído al PNV a posiciones a las que antes no se aventuraba. Se ha visto con el impuesto a las energéticas. El grupo vasco no le puso pegas en la anterior legislatura y tampoco tomó la iniciativa en esta para anularlo. Lo hizo Junts y por ese resquicio se coló.
En temas económicos, el partido de Carles Puigdemont se abre a entendimientos puntuales con el PP, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, le lanza guiños amistosos. En el último pleno parlamentario, además del acuerdo sobre las energéticas, Junts apoyó una decena de enmiendas de los populares a la ley de desperdicios alimentarios.
En algunas de estas confluencias sobre medidas económicas puede entrar el PNV. Pero sus dirigentes aseguran con rotundidad que no harán nada que comprometa la estabilidad del Gobierno. Los peneuvistas han alimentado un largo memorial de agravios con el PP de Feijóo: desde desplantes de sus portavoces hasta posicionamientos políticos como rechazar el traspaso de más competencias a Euskadi y del tráfico a Navarra.
La mayoría que invistió a Sánchez sufre el desgaste, 13 meses después. Pero ese pegamento al que aludía entonces Rufián no se ha disuelto: la alternativa sigue siendo un Gobierno de PP y Vox. Lo que ocurre es que, como apunta temeroso uno de los diputados de la izquierda lamentando tantas negociaciones y votaciones al borde del precipicio: “Un día puede haber un accidente y mandarlo todo al traste”.