El juez Llarena exige explicaciones a los Mossos e Interior por la nueva fuga de Puigdemont

El magistrado quiere saber qué mandos “diseñaron, aprobaron y ejecutaron” los dispositivos para arrestar al expresidente catalán

Carles Puigdemont, expresidente de Cataluña, a su llegada el jueves al escenario desplegado cerca del Parlament.Alberto Estevez (EFE)

El Tribunal Supremo ha comenzado a moverse tras la nueva fuga de Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña, que reapareció este jueves en el centro de Barcelona tras siete años huido de la justicia y que después se esfumó tras dar un discurso ante sus fieles. El magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, ha pedido ya explicaciones a los Mossos y al Ministerio del Interior. A través de dos resoluc...

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El Tribunal Supremo ha comenzado a moverse tras la nueva fuga de Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña, que reapareció este jueves en el centro de Barcelona tras siete años huido de la justicia y que después se esfumó tras dar un discurso ante sus fieles. El magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, ha pedido ya explicaciones a los Mossos y al Ministerio del Interior. A través de dos resoluciones firmadas este viernes y remitidas a ambas instituciones, el juez les ha reclamado que confeccionen sendos informes sobre el “fracasado” operativo desplegado para detener al líder de Junts, e identifiquen a sus responsables.

La segunda huida de Puigdemont, capaz de introducirse en España y aparecer a escasos metros del Parlament de Cataluña pese a la orden de detención que pesa sobre él, ha generado un enorme malestar en el Supremo. Por ello, por una parte, el magistrado quiere conocer los detalles del operativo “aprobado y dispuesto” por los Mossos, a los que se les escurrió el expresident ante sus ojos, así como “los elementos que determinaron su fracaso desde un aspecto técnico policial”. Es más, Llarena pide que se identifique “a los agentes responsables del diseño” de este operativo, a “los responsables de su aprobación” y a los efectivos a “los que se encomendó su ejecución”.

El magistrado del Supremo no se queda ahí. Ante la orden de detención vigente contra el líder de Junts, cualquier cuerpo de seguridad tenía la obligación de detenerlo nada más pisar suelo español. Pero Puigdemont fue capaz de entrar en el país sin que se le arrestara. Los Mossos creen que debió llegar discretamente a Cataluña el pasado martes. Por ello, Llarena se dirige igualmente al Ministerio del Interior —del que dependen la Policía Nacional y la Guardia Civil— para que le expliquen “cuál era el operativo inicialmente aprobado y dispuesto para su detección en frontera y posterior detención”; “los elementos que determinaron su fracaso desde un aspecto técnico policial”; “así como de las órdenes que fueron cursadas para su detección en frontera y eventual detención después de su fuga”. También quiere saber qué agentes “diseñaron, aprobaron y ejecutaron” este plan.

Paralelamente, antes de pronunciarse sobre la admisión a trámite de dos querellas presentadas por los ultras de Vox y Hazte Oír, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha solicitado igualmente a los Mossos que le envíen todos los documentos que contengan la “planificación y elaboración del operativo”, su “desarrollo” y la “evaluación policial de la ejecución” del mismo.

“Nunca hemos improvisado”

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Puigdemont, actual diputado electo del Parlament, llevaba semanas anunciando su regreso para la investidura de Salvador Illa (PSC), que se celebró este jueves. La maniobra del dirigente independentista suponía un verdadero desafío para el Estado, que su exitosa fuga ha reafirmado. Llarena lo mantiene procesado por delitos de malversación y desobediencia tras rechazar en julio aplicarle la amnistía. Y, como contó EL PAÍS, el entorno del político barajaba todos los escenarios, incluido su arresto y posterior entrada en prisión provisional; por lo que estudiaban cómo, en caso de ingreso en la cárcel, intentar acelerar la intervención del Tribunal Constitucional, dominado en estos momentos por una mayoría de sensibilidad progresista. “Nunca hemos improvisado”, dijo en 2023 el abogado Gonzalo Boye, que representa al exjefe del Govern, tras la vuelta a España de la exconsejera Clara Ponsatí.

Hace unos meses, Puigdemont aspiraba a retornar libre de acusaciones tras la aprobación de la ley de amnistía, pactada con el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero el Supremo le negó la medida de gracia al concluir que no le ampara porque, al impulsar el procés con dinero público y no de sus bolsillos, logró un importante beneficio personal en forma de “ahorro”. “El Supremo se niega a obedecer la ley de amnistía aprobada y en vigor, y que es de obligada aplicación”, criticó el expresident en un vídeo difundido este miércoles, con el cual anunciaba su regreso a España: “No podemos callar ante la actitud de rebelión en la que se han bunkerizado algunos jueces del Supremo”, remachó.

Los Mossos arrestaron este mismo jueves a dos de sus agentes por ayudar a escapar al expresidente. Uno de ellos es el titular del vehículo en el que huyó Puigdemont. La policía catalana, además, investiga a todas las personas que pueden haber colaborado en la fuga del dirigente secesionista: entre ellos, al secretario general de Junts, Jordi Turull.

¿Se puede castigar a las personas que ayudaron a Puigdemont?

Los Mossos d'Esquadra detuvieron a dos de sus agentes por colaborar con la nueva fuga de Carles Puigdemont y, según han informado este viernes, "están valorando las responsabilidades penales" en que pudieron incurrir. El delito de encubrimiento castiga con penas de seis meses a tres años de cárcel a quienes ayuden a "los responsables de un delito" a "sustraerse a su busca o captura", pero se deben dar una serie de condicionantes.

El primero, que no se cumple, es que "el hecho encubierto sea constitutivo de traición; homicidio del Rey o de la Reina o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, de la Reina consorte o del consorte de la Reina, del Regente o de algún miembro de la Regencia, o del Príncipe o de la Princesa de Asturias; genocidio; delito de lesa humanidad; delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado; rebelión; terrorismo; homicidio; piratería; trata de seres humanos o tráfico ilegal de órganos", según prevé el Código Penal.

El segundo, que se deberá estudiar ahora para ver si pudiera aplicarse a los dos mossos detenidos, es que el "favorecedor" de la huida haya "obrado con abuso de funciones públicas". Al menos, según fuentes jurídicas, uno de los agentes se encontraba de baja, por lo que existen dudas de que se le pueda imputar este delito. De hecho, la Audiencia Nacional ya absolvió en 2021 a otros dos mossos que escoltaron a Puigdemont por Europa tras su primera fuga porque, según consta en la sentencia, se encontraban disfrutando de días de permiso.

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