Begoña Gómez llega al juzgado para comparecer de nuevo ante el juez Peinado

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado este viernes, pasadas las 9.30, a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, donde estaba citada para declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción 41, el magistrado Juan Carlos Peinado. El juez investiga a Gómez desde el pasado abril por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La pareja del dirigente socialista, que mantien...

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado este viernes, pasadas las 9.30, a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, donde estaba citada para declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción 41, el magistrado Juan Carlos Peinado. El juez investiga a Gómez desde el pasado abril por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La pareja del dirigente socialista, que mantiene la incógnita sobre si declarará o se acogerá a su derecho a no contestar, vuelve así al ojo del huracán. En plena ofensiva de la oposición contra Pedro Sánchez por la investigación judicial abierta contra ella, la defensa de Gómez cuenta a su favor con dos informes de la Guardia Civil que no han detectado ningún tipo de ilegalidad en su labor profesional, así como un tercero de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que señala que no ha podido alcanzar ninguna “conclusión definitiva” sobre supuestas irregularidades a pesar de los “indicios”.

El interrogatorio a la mujer de Sánchez se ha fijado para las 10.00 y genera una enorme expectación, al igual que sucedió el 5 de julio, cuando fue citada por primera vez. Esa comparecencia se suspendió finalmente, después de que Gómez asegurase al juez que no sabía los hechos por los que le investigaba y Peinado admitiese que no se le había notificado toda la documentación del caso. Decenas de personas se concentraron en aquella ocasión ante los juzgados de Plaza de Castilla para increparla. Y varios ultras se colaron en el interior del edificio judicial para insultarla y grabarla en los pasillos, algo prohibido por la normativa.

Hoy ha vuelto a ocurrir: un grupo se ha colado de nuevo en el edificio y ha llegado hasta la planta sexta, donde se iba a producir la declaración, pero el servicio de seguridad los ha detectado y los ha echado. En esa plata hay en este momento personal de la seguridad habitual del edificio y también de La Moncloa, según fuentes presentes en el juzgado.

La jueza decana de los juzgados de Plaza Castilla, María Jesús del Barco, de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ha ordenado incrementar la seguridad en el interior del edificio y limitar el acceso a la planta donde se encuentra el Juzgado de Instrucción 41. También, al igual que la anterior vez, ha autorizado a Gómez a entrar en coche por el garaje, ante el “riesgo” que corre su integridad física. Esta circunstancia ha permitido a la esposa del presidente ahorrarse el paseíllo ante las cámaras de televisión y los periodistas. Vestida de negro, ha subido desde el garaje por el ascensor y se ha encaminado directamente a la sala de vistas, según fuentes del juzgado.

La organización ultracatólica Hazte Oír, que está personada como acusación popular en la causa, ha vuelto a convocar una manifestación a las puertas del inmueble con lemas como “ya no le quedan excusas, Begoña tendrá que responder” y “yo senté a Begoña en el banquillo”.

Las pesquisas contra Begoña Gómez comenzaron el 16 de abril, cuando el juez Peinado abrió diligencias tras recibir por reparto una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias. Los extremos de la instrucción no se han aclarado hasta ahora. Pero de las resoluciones del magistrado se desprende que se investiga la relación de Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés; los vínculos de la esposa del presidente con la Universidad Complutense de Madrid; y su conexión con Javier Hidalgo, quien fuera consejero delegado de Globalia, grupo propietario de Air Europa —compañía rescatada por el Consejo de Ministros en 2020—.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha elaborado ya dos informes sobre el caso, que ha enviado al juez. Ninguno de esos dos análisis ha detectado irregularidades. “En líneas generales, en base a la información observada en los expedientes, la preparación, inicio, tramitación, licitación, adjudicación, formalización y ejecución de los contratos —algunos de ellos vigentes actualmente— se habría desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública”, subrayaron los investigadores, por ejemplo, tras analizar seis contratos otorgados a las empresas de Barrabés por distintas Administración públicas (entre otras, por el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP).

Tras analizar la denuncia inicial de Manos Limpias, la Audiencia de Madrid calificó igualmente el tema de Globalia como una “simple conjetura, más allá de llamativas coincidencias temporales y personales”.

La oposición se ha aferrado ahora al informe que la Complutense ha elaborado sobre la investigación interna que ha abierto sobre su vinculación con Begoña Gómez, que salió a la luz el miércoles, mientras se desarrollaba el pleno del Congreso. De hecho, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, aprovechó para arremeter contra el presidente sobre su contenido: “La Universidad Complutense pide al juez que investigue a su mujer por apropiación indebida tras hallar indicios en una investigación interna. Se acabó la mañana, señor Sánchez”, le espetó al jefe del Ejecutivo, leyendo una información periodística. Sin embargo, ese documento de la UCM, que envió al magistrado Peinado el pasado 1 de julio, no concluye la existencia de ninguna irregularidad.

“Las actividades de investigación realizadas no permiten a esta universidad alcanzar una conclusión definitiva respecto a la existencia o no de perjuicio sobre su patrimonio”, admite el informe del centro docente, que le pide al juez Peinado que le avise si halla algo contra Begoña Gómez para personarse como acusación. La Complutense ya trató de sumarse a la causa el pasado 18 de junio, pero el magistrado se lo negó al “no constar el perjuicio que pudiera haber sufrido” la universidad.