El Congreso certifica la amnistía entre la alegría independentista y el intento de boicot ultra

Tras una dolorosa y por momentos accidentada gestación de cinco meses y medio, el Congreso aprobó definitivamente este jueves una de las leyes más controvertidas de la historia democrática de España. La norma que amnistiará a cientos de políticos y activistas catalanes encausados por el procés independentista salió adelante como estaba previsto, en un pleno cargado de tensión, con 177 votos a favor ―faltó una diputada ...

Tras una dolorosa y por momentos accidentada gestación de cinco meses y medio, el Congreso aprobó definitivamente este jueves una de las leyes más controvertidas de la historia democrática de España. La norma que amnistiará a cientos de políticos y activistas catalanes encausados por el procés independentista salió adelante como estaba previsto, en un pleno cargado de tensión, con 177 votos a favor ―faltó una diputada de Podemos― de la izquierda y el nacionalismo y 172 en contra de PP, Vox, CC y UPN. El adjetivo “histórico”, tan manoseado por los políticos, sonó esta vez plenamente justificado en boca de los grupos que más pugnaron por la medida de gracia y cuyos compañeros saldrán beneficiados.

Frente a la alegría independentista, las provocaciones de Vox. La extrema derecha trató por todos los medios ―y sin éxito― de reventar el pleno con gritos e insultos a los miembros del Gobierno. El PSOE se refugió en un perfil bajo, sin intervenciones del Ejecutivo en el pleno y cediendo la defensa de la ley a un diputado poco conocido. El escaño del presidente del Gobierno permaneció desierto durante casi todo el debate. Pedro Sánchez se incorporó solo minutos antes de la votación, cuando el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, terminaba ya su discurso vaticinando que la ley será “el acta de defunción del PSOE”. Poco antes, Feijóo había recriminado al presidente ausente: “Es tan cobarde que ni siquiera comparece aquí”.

La aprobación pone fin a largas semanas de negociaciones al borde del abismo, incluida una fallida votación en el pleno del Congreso por discrepancias entre los promotores de la ley y con un paso por el Senado donde la mayoría absoluta del PP usó todos los resortes para agitar su campaña contra ella. El pleno, a medio camino entre la emoción de unos y la bronca de otros, ofreció algunas imágenes insólitas, como oír a los dos grupos independentistas catalanes intercambiándose reconocimientos ―muy llamativo el del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, a Carles Puigdemont― o aplaudiendo a rabiar al diputado de los comunes Gerardo Pisarello.

Del otro lado, el muy evidente intento de la extrema derecha de reventar el pleno. En cuanto subió a la tribuna el diputado socialista Artemi Rallo, se escenificó una coreografía perfectamente orquestada. Tres diputados, Ignacio Hoces, Manuel Mariscal y Pedro Fernández ―este último, abogado que ejerció la acusación popular en el juicio del procés― asumieron la voz cantante profiriendo insultos como “traidor” o “corrupto”. Otros se dieron la vuelta para quedarse de espaldas a la tribuna.

En cuanto pudo empezar a hablar, el socialista Rallo llamó “neofascistas” y “filonazis” a los alborotadores y les echó en cara la visita de su líder, Santiago Abascal, al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, “para validar el horror del genocidio de Gaza”. Enfrente continuaba el griterío. Los diputados de Vox que adoptaron la actitud más tabernaria intentaban claramente provocar su expulsión. La presidenta, Francina Armengol, tenía el reglamento de su parte si así lo hubiese decidido, pero optó por la reprimenda verbal con apelaciones al respeto a la democracia. Cuando le llegó el momento de votar a los miembros del Gobierno -la votación se hizo llamando a los diputados uno a uno por petición expresa del PP- volvieron los insultos dirigidos al presidente y sus ministros, aderezados con gritos como “Sánchez a prisión”. Ni así lograron perturbar a Armengol.

Frente a la ausencia del presidente, los dos líderes de la derecha asumieron en persona la exposición de su rechazo a la ley. Aunque Abascal, a mitad de intervención, pareció cansarse de la amnistía y se dedicó a acusar al Gobierno de complicidad con el terrorismo de Hamás. Feijóo jugó con la idea de que la amnistía supone un caso de “corrupción política” en un Gobierno golpeado también por la “corrupción económica”, esta vez sin citar a la esposa de Sánchez. “Hoy el 1,6% de los españoles [la suma de los votos de ERC y Junts] le ha ganado al resto por la ambición de un solo hombre”, sentenció. Y aun así, arguyó, Sánchez ni siquiera tiene garantizada su continuidad: “La legislatura empieza y puede acabar aquí. No hubo nada antes y no habrá nada ahora”. Feijóo también sugirió la posibilidad de que los jueces impidan la ejecución de la ley. “Y si finalmente no se aplica, [los independentistas] no se lo van a perdonar”, pronosticó.

Esas dudas sobre cuál será ahora la actitud de los jueces ante la ley también se traslució en los discursos del independentismo. “No es el punto final, queda saber lo que votará el partido judicial español”, declaró Rufián, quien, ante un hipotético boicot a la norma por parte de algunos jueces, exhortó a “los demócratas españoles a que no lo permitan”. El portavoz de ERC proclamó que la amnistía supone “la primera derrota del régimen del 78″ y acabó su discurso con un lema: “Próxima parada, referéndum”. El de Míriam Nogueras, de Junts, fue “la lucha continúa”. Nogueras presumió de que el independentismo ha “forzado” al PSOE a aceptar una medida que rechazaba y desmintió el más repetido argumento de los socialistas: “No es una ley de pacificación, es de reparación”. “Estamos del lado correcto de la historia”, se ufanó Nogueras, quien remató con énfasis: “No somos terroristas ni criminales”.

Todos los partidos nacionalistas insistieron en que la amnistía cierra un ciclo pero no lo que los catalanes definen como “el conflicto”. Vascos y gallegos aprovecharon para subrayar que ellos también tienen demandas pendientes. Estos grupos se extendieron en denunciar la respuesta judicial al procés. “Una represión desmedida y salvaje contra un movimiento cívico, legítimo y pacífico”, según Jon Iñarritu, de EH Bildu. Para Mikel Legarda, del PNV, lo que sucedió en 2017 en Cataluña fue “una crisis constitucional por el derecho a decidir” que se solventó con una “persecución absurda por una parte de la judicatura”. Para Néstor Rego, del BNG, todo eso probaría que España padece un “severo déficit democrático”. Sumar y Podemos adoptaron una línea parecida. Por los primeros, Pisarello enlazó la respuesta al procés con el caso contra la esposa de Sánchez: “Ni siquiera el presidente y su familia se han librado de la furia inquisitorial del golpismo blando”. Por los segundos, Javier Sánchez Serna sostuvo que “si no se produce una democratización del Estado y de la justicia, esta será una victoria pírrica”.

La tensión se apagó al anunciarse el resultado de la votación. El Gobierno se puso en pie y sus grupos se unieron a un aplauso más bien discreto. En la tribuna de invitados, el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, se apretaban en emocionados abrazos, cada uno con los suyos.