Veinte meses de cacería política contra el fiscal general apoyada en mentiras y en nombramientos anulados por el Supremo
PP y Vox acusan a Álvaro García Ortiz por órdenes que no dio y por hechos que nunca sucedieron publicados por medios a los que la Fiscalía denunció por difundir noticias falsas
Álvaro García Ortiz es el primer fiscal general del Estado reprobado por el Senado gracias a la mayoría absoluta del PP y al apoyo incondicional de Vox. Veinte meses después de su primera toma de posesión (1 de agosto de 2022), García Ortiz se ha visto envuelto en varias polémicas a cuenta de su política de nombramientos: ascendió a fiscal de la Sala Militar del Supremo a quién antes había sido su jefa, ...
Álvaro García Ortiz es el primer fiscal general del Estado reprobado por el Senado gracias a la mayoría absoluta del PP y al apoyo incondicional de Vox. Veinte meses después de su primera toma de posesión (1 de agosto de 2022), García Ortiz se ha visto envuelto en varias polémicas a cuenta de su política de nombramientos: ascendió a fiscal de la Sala Militar del Supremo a quién antes había sido su jefa, Dolores Delgado, en un ejercicio de “desviación de poder” anulado por el Tribunal Supremo. Y volvió a nombrarla meses después fiscal de la Sala de Memoria Democrática con un varapalo parecido del mismo tribunal. La Sala de lo Penal del Supremo rechazó la querella del PP contra García Ortiz por supuesta prevaricación. En la sentencia se explica que el nombramiento de Delgado no fue ilegal porque cumplía los requisitos y no vulneraba la normativa de legalidad ordinaria”.
Pero al margen de estos polémicos nombramientos, durante los 20 meses que lleva al frente de la institución y casi desde el primer día de su llegada a la Fiscalía General del Estado, García Ortiz ha sido víctima de numerosas informaciones falsas sobre su gestión o sobre su historial laboral. Esas noticias falsas, jaleadas durante este tiempo por el PP y Vox, han desencadenado reacciones de la Fiscalía que, en algún caso, acarrearon consecuencias judiciales que hoy amenazan la continuidad de García Ortiz al frente de la institución.
Mentira 1. “El fiscal del ‘Prestige’ que quiso empurar a todo el PP”. Unos días antes de su nombramiento, la cadena Cope (Carlos Herrera) lo retrató así: “Este nuevo fiscal, que va a ser igual de sectario que lo fue Dolores Delgado, fue el tío que cuando se hundió el Prestige en Galicia quiso empurar a todo el PP que era culpable sin duda alguna de que un petrolero ilegal se echara al mar cargado hasta las trancas y se pegara un costalazo contra las costas gallegas. Pero saben ustedes que el Prestige era neoliberal, facha y franquista y todo eso. Este nuevo fiscal general nos va a dar grandes tardes (...) Esto suena a cabeza de caballo en la cama de Alberto Núñez Feijóo”. García Ortiz hizo todo lo contrario a lo denunciado por Herrera en la Cope: rechazó el auto de la Audiencia Provincial de A Coruña sobre la responsabilidad del Ministerio de Fomento, durante el mandato del PP, en la catástrofe del Prestige, y se negó a presentar cargos contra el ex director general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors, responsable de la decisión de alejar el buque de la costa y al que la Audiencia de A Coruña había imputado por ordenar un “rumbo suicida” al Prestige que ocasionó el colosal vertido.
Mentira 2. “El nuevo fiscal general se reúne con el banquero que impulsó la investigación a Rajoy en Andorra”. El diario Abc publicó en su portada un titular único con foto de Álvaro García Ortiz acusándolo de reunirse con Higini Cierco, dueño de la Banca Privada d’Andorra (BPA), quien a su vez había denunciado al Gobierno de Mariano Rajoy por extorsión para conseguir documentos bancarios del expresidente Jordi Pujol. Abc editorializaba a cuenta de esa noticia de la que no aportaba ni una sola prueba: “El espectáculo es de todo menos edificante”. Nunca se produjo esa reunión. Higini Cierco y Álvaro García Ortiz no se vieron nunca y los tribunales obligaron a Abc a rectificar.
Mentira 3. “El fiscal general ordenó a Anticorrupción detener la tramitación del ‘caso Koldo”. Vox y el PP han sugerido estos días que García Ortiz ordenó al fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, retrasar la querella contra los implicados en el caso Koldo hasta después de las elecciones generales de julio pasado. La querella estaba preparada a finales de junio, pero aunque se hubiera presentado ese mes, y tal como se ha podido comprobar ahora, no se hubiera conocido hasta seis meses después, pues durante ese tiempo el juez ordenó los pinchazos telefónicos y los seguimientos a los implicados, que no podían conocer que se les estaba investigando. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha coqueteado con una idea que leyó en The Objective y el pasado martes declaró en la emisora esRadio: “Hay una diligencia por lo que sabemos de junio de 2023 para no revelar el sumario [sic] antes del 23 de julio. Pido al fiscal general y al fiscal anticorrupción que hagan su trabajo. Como en este país hay elecciones cada mes, lo que no podemos es pararlo todo...”. La senadora de Vox Paloma Gómez Enríquez fue este miércoles más lejos: “El fiscal general dio órdenes al fiscal Anticorrupción de detener la tramitación del caso Koldo”. Preguntado por este periódico, Luzón contestó este miércoles. “Es totalmente falso”.
Mentira 4. “El fiscal del Supremo se opone a imputar por terrorismo a Puigdemont tras hablar con el fiscal general”. Varios medios de comunicación (El Mundo, Abc y otros) intentaron vincular la decisión del fiscal del Supremo, Álvaro Redondo, de rectificar su informe para rechazar la imputación por terrorismo de Carles Puigdemont en el caso Tsunami con una supuesta presión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Pese a que los hechos desmentían esa versión y que el propio fiscal Redondo dio todo tipo de explicaciones que desmontaban la información, algunos de esos medios continuaron editorializando contra el fiscal, de tendencia conservadora y declaradamente contrario a la Ley de Amnistía. Esos medios insultaron gravemente a Redondo tomando como base una información falsa. Ni siquiera sus compañeros de la Asociación conservadora de Fiscales se atrevieron a apoyarle en amparo cuando otros compañeros se lo pidieron al Consejo Fiscal.
Mentira 5. “El fiscal general cerró el caso de Otegi sin ver el informe clave”. El Mundo difundió que García Ortiz ordenó archivar una investigación por el secuestro y asesinato del directivo de Michelin Luis María Hergueta, al rechazar prorrogar seis meses más la investigación abierta en la Audiencia Nacional en 2020. El informe clave que supuestamente no vieron fue uno de la Guardia Civil, donde se aseguraba supuestamente que 10 etarras habían implicado a Otegi en aquel atentado. García Ortiz no ordenó cerrar la investigación, ni rechazó prorrogarla y aclaró que el vencimiento del plazo de la investigación no abocaba al archivo de la misma. Al PP le dio igual y acusó al fiscal general del Estado de “chapotear en la sangre” por permitir la amnistía encubierta de Sánchez a Otegi, según público el mismo periódico que difundió la información que censuraba sin base a García Ortiz.
Mentira 6. “El fiscal ofrece un acuerdo a la pareja de Ayuso y recibe órdenes de arriba y retira la propuesta de acuerdo... todo sucio”. Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, difundió una información falsa a mediados de marzo. En ella, facilitó un correo electrónico que la Fiscalía dirigió al abogado de la pareja de Ayuso, publicado por el diario El Mundo, intentando explicar que era el ministerio público quien ofreció un acuerdo al defraudador fiscal confeso y añadiendo la coletilla de que esa supuesta propuesta de acuerdo de conformidad había sido retirada recibiendo “órdenes de arriba”. Cuando este periódico, y otros muchos, preguntaron a la Fiscalía si la denuncia de Miguel Ángel Rodríguez era cierta, la institución contestó a través de una nota donde explicaba que el acuerdo de conformidad lo había solicitado en primer término la pareja de Ayuso para reducir la condena de cárcel mediante el reconocimiento del delito y el pago de la multa correspondiente, y que nadie “de arriba” había ordenado retirar ninguna propuesta de acuerdo. La publicación de esa nota para desmentir un bulo ha sido utilizada por el Colegio de Abogados y por la propia pareja de Ayuso para querellarse contra la Fiscalía. El propio fiscal general del Estado, que asumió como propia la decisión de publicar la nota para desmentir la mentira difundida por Miguel Ángel Rodríguez, podría acabar imputado.