Los socios instan a Sánchez a pasar a la ofensiva para atajar los ataques

Pedro Sánchez se va a encontrar con la presión del ala más a la izquierda de su mayoría parlamentaria para que pase a la ofensiva y ponga en marcha medidas de “regeneración democrática”. En la reclamación coinciden sus socios de Gobierno de Sumar, cuya líder y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, lo resumió en la fórmula “más democracia y más derechos”, y aliados parlamentarios como ERC, EH Bildu, Podemos o BNG. Díaz...

Pedro Sánchez se va a encontrar con la presión del ala más a la izquierda de su mayoría parlamentaria para que pase a la ofensiva y ponga en marcha medidas de “regeneración democrática”. En la reclamación coinciden sus socios de Gobierno de Sumar, cuya líder y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, lo resumió en la fórmula “más democracia y más derechos”, y aliados parlamentarios como ERC, EH Bildu, Podemos o BNG. Díaz y los republicanos catalanes aludieron este lunes expresamente a fórmulas para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sorteando el boicot del PP.

Como miembro del Ejecutivo y representante de su parte más a la izquierda, Díaz fue también la más concreta en detallar las medidas que deberían ser el eje de la ofensiva que tanto su formación como varios de los principales aliados parlamentarios van a reclamar a Sánchez. La vicepresidenta aludió a diversas medidas económicas y sociales, como la subida de los salarios, garantizar el derecho a la vivienda o reducir las listas de esperas sanitarias, y a la vez a un programa de regeneración democrático, con reformas para “democratizar la justicia”, renovar el CGPJ o derogar la ley mordaza. “Lo sucedido estos días debe representar un antes y después”, resumió Díaz

Los aliados parlamentarios del Gobierno habían arropado a Sánchez la pasada semana cuando insinuó que podría dimitir y este lunes celebraron que continúe y, con él, la legislatura iniciada hace apenas ocho meses. Pero casi todos pusieron el acento en lo mismo: que a partir de ahora debe dar un paso adelante en reformas que sirvan para atajar los “ataques de la derecha y la ultraderecha”. Los grupos independentistas deslizaron críticas a la actuación del presidente en los últimos días, especialmente incisivas en el caso de los catalanes, en plena campaña de las elecciones autonómicas.

En ERC tanto su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, como el presidente de la Generalitat y candidato a la reelección, Pere Aragonès, acusaron a Sánchez de “frivolidad” y, en el caso de este último, incluso de haber “utilizado la conciencia ciudadana contra la ultraderecha”. “La respuesta [al PP] no pueden ser ruedas de prensa sin preguntas ni propuestas”, escribió Rufián en X. En una comparecencia en Barcelona, Aragonès citó algunas de las propuestas de su partido: suprimir la Audiencia Nacional, reformar el delito de terrorismo, elaborar una nueva ley de secretos oficiales y renovar una cúpula del Poder Judicial “anclada en el españolismo y las tesis conservadoras”.

“Esperamos hechos y no palabras”, coincidió la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, en otro mensaje en las redes sociales. “Es el momento de actuar y poner pie en pared ante la derecha reaccionaria en todas sus vertientes con una agenda democráticamente valiente”. Aizpurua no concretó medidas y solo apuntó como objetivo genérico “levantar la hipoteca del régimen del 78 que niega nuestros derechos nacionales y sociales”.

Tampoco citó medidas concretas la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, aunque su partido insiste desde hace tiempo en reformar la ley del Poder Judicial para poder renovarlo sin contar con el PP. Belarra repitió lo que ya había dicho la pasada semana: que su partido es favorable a mantener la legislatura, “pero no así”. Y se preguntó: “Sánchez se queda, ¿pero se queda también la guerra judicial y mediática para seguir golpeando nuestra democracia?”.

Un mensaje similar al transmitido desde Galicia por la líder del BNG, Ana Pontón, y su diputado en el Congreso, Néstor Rego. Los dos mostraron su satisfacción por la continuidad de la legislatura, pero reprocharon al PSOE que “durante años haya mirado para otro lado” ante la “mentira, la difamación y el lawfare [judicialización de la política]” empleados, según ellos, contra las fuerzas soberanistas. Pontón reclamó “medidas efectivas de regeneración democrática” para acabar con estas prácticas.

La actuación de Sánchez en los últimos días ha dejado perplejos a la mayoría de sus socios parlamentarios, que no acaban de entender muy bien los motivos del presidente para insinuar primero su dimisión y luego dar marcha atrás. “Hemos asistido a un hecho insólito y que tampoco era necesario para los objetivos que públicamente se decía perseguir”, afirmó en una breve declaración en Bilbao el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban. “Lo mejor que se puede decir es que el episodio ya ha acabado”. Esteban no participó del discurso de los grupos de izquierda instando a Sánchez a pasar a la ofensiva y únicamente señaló que “queda mucho trabajo por hacer”. Entre las medidas que el PNV defiende con insistencia desde hace tiempo están la reforma de la ley de secretos oficiales —esta legislatura ha vuelto a presentar una propuesta para acabar con una norma que proviene del franquismo— o la derogación de la ley mordaza.

Coalición Canaria (CC), cuya única diputada, Cristina Valido, apoyó la investidura de Sánchez, también se centró en criticar que el líder socialista hubiese tenido al país pendiente de su continuidad durante cinco días. Por lo demás, ha evitado formularle peticiones, más allá de que los socialistas bajen el tono contra el Gobierno de las islas, dirigido por CC en coalición con el PP.

Junts fue el único de los grupos que sostienen al Gobierno que evitó la pasada semana ofrecer un respaldo explícito al presidente e incluso no quiso anticipar si hubiese apoyado una hipotética cuestión de confianza. Tras el mensaje presidencial de este lunes, el secretario general de la formación, Jordi Turull, se dedicó a cargar contra Sánchez, al que acusó de “irresponsable” y cuya actitud atribuyó a un intento de interferir en los comicios catalanes.

Sánchez solo tiene asegurado el apoyo de Junts para unas pocas semanas, las que restan antes de la aprobación definitiva de la ley de amnistía. El Senado dispone de plazo hasta el 16 de mayo para devolverla al Congreso, donde la Mesa fijará un pleno a fin de darle el último trámite. A partir de entonces, y en función del resultado de las urnas catalanas, se sabrá si el partido de Carles Puigdemont se mantiene fiel a la actual mayoría y si la legislatura es viable.