El PP quiere arrastrar a su familia europea a la guerra total con Sánchez

El Partido Popular toca todos los resortes posibles en Europa para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Y eso incluye la intención de arrastrar a su familia europea, el PPE, mayoría en las instituciones de la UE, a su guerra total contra Sánchez. Aunque de momento no lo están logrando. La munición más reciente es la ley de amnistía para los encausados en el procés, pactada con ERC y Junts como parte de los acu...

El Partido Popular toca todos los resortes posibles en Europa para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Y eso incluye la intención de arrastrar a su familia europea, el PPE, mayoría en las instituciones de la UE, a su guerra total contra Sánchez. Aunque de momento no lo están logrando. La munición más reciente es la ley de amnistía para los encausados en el procés, pactada con ERC y Junts como parte de los acuerdos para gobernar tras las elecciones de julio y que se vota en el pleno del Congreso este jueves. Pero también, la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el PP bloquea desde hace cinco años y que ahora se trata de desbloquear con la mediación de la Comisión Europea y que se empeña en asociar a la amnistía. O el caso Koldo, en el que la Audiencia Nacional investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia, que también va a investigar la Fiscalía Europea y que se debatirá, a iniciativa del PP, en el Parlamento Europeo este miércoles.

El PP ya ha amenazado con hacer saltar por los aires la negociación para desbloquear la renovación del CGPJ, a la que embarcó al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders. El dirigente popular Esteban González Pons, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y Reynders tienen previsto reunirse este miércoles, pero la negociación es complicada porque los populares no tienen intención de acordar la renovación del órgano de los jueces —el PP, en otras cinco ocasiones, antes de la mediación, ya ha roto la negociación— e insisten en mezclar ese debate con el asunto de la amnistía. Reynders, además, tiene tiempo limitado para esta negociación porque deja su puesto a finales de mes, pero los populares no tienen prisa y no les importa que tome el testigo otro árbitro.

De hecho, González Pons advirtió hace unos días que las “cesiones” de Sánchez a Junts dificultan ese diálogo. Pero los palos en las ruedas de esas conversaciones con la Comisión, que fueron iniciativa del PP, pueden causar un daño serio en el prestigio de la democracia española, que ha tenido que buscar un árbitro en la que percibe como todopoderosa Bruselas. Mientras, el bloqueo de los populares al CGPJ está causando un impacto importante en el funcionamiento de la justicia española.

El partido conservador quiere embarcar también a Reynders (liberal, que se percibe como cercano al PP) en otro debate colateral. A petición de su delegación parlamentaria en la Eurocámara, el Parlamento Europeo ha reclamado la comparecencia del comisario europeo ante la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior para debatir sobre la causa abierta por terrorismo en el Tribunal Supremo contra el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, hoy eurodiputado y uno de los potenciales beneficiarios de la ley de amnistía.

Europeizar debates nacionales

Los populares, que siguen tocando los resortes que les quedan en casa, intensifican así su línea más dura para europeizar los debates nacionales. Y, por el camino, deslegitimar al Ejecutivo español. Sobre todo, a cuenta de la ley de amnistía y su previsible recorrido europeo. La Comisión Europea, que recibió un aluvión de peticiones y quejas fruto de una campaña organizada, analizará, cuando esté completa, si la ley de amnistía es acorde a los tratados comunitarios. Y el PP cree que un posible recurso judicial puede abrir la vía para que los tribunales europeos se pronuncien. “En pocos Estados miembros tiene tanto peso la perspectiva europea como en España y se hace tanta política nacional en Bruselas”, señala una alta fuente comunitaria, que reconoce que eso hace que las instituciones de la UE se muevan en equilibrios delicados para no tocar esos resortes.

Esa política de trasladar los debates españoles, con un tono extremadamente bronco, incomoda además a algunas delegaciones. Y más en el contexto geopolítico actual, donde el foco de atención está en la guerra de Israel en Gaza, la guerra de Rusia contra Ucrania, las amenazas del Kremlin y mientas aumenta la preocupación en la UE de quedarse sin el paraguas de seguridad de EE UU si retorna el republicano Donald Trump a la Casa Blanca y la enorme incertidumbre ante las elecciones estadounidenses. “Es una situación particular que genera ruido”, opina un eurodiputado popular de un país del este.

Hace unos días, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, pidió a las instituciones europeas —así, en abstracto— que paren los “despropósitos” del Gobierno y acusó al presidente de “dejar impunes delitos gravísimos contra el corazón de la UE”. Mientras, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reclamó a su familia europea que no tenga “compadreo” con Sánchez. Lo dijo en el congreso de los populares europeos en Bucarest, ante cientos de delegados de toda la Unión. Entre ellos, la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, que tiene gran sintonía con Sánchez.

Sin embargo, aunque no hay por ahora voces en abierto dentro de su familia política que critiquen las maniobras de Feijóo de europeizar el debate —y menos en un partido que sigue la línea dada por la formación y en un tema con muchas aristas— pocos recogieron con ganas ese guante que lanzó el dirigente popular español. Sí lo hizo el presidente de PPE, Manfred Weber, que hace tiempo se sumergió en la política española y que es muy fiel a sus líderes regionales. “Sánchez se está convirtiendo en una marioneta de Carles Puigdemont”, clamó el líder bávaro. También algunos otros, como el portugués Paulo Rangel, que participó el año pasado en la manifestación contra la amnistía, o el rumano Siegfried Muresan, que es uno de los vicepresidentes de la formación europea.

“Todo el mundo en el PPE está preocupado por lo que pasa en España”, asegura Muresan durante un encuentro con EL PAÍS en el Parlamento Europeo en Estrasburgo. El eurodiputado rumano, una de las voces más pujantes de su familia política, cree que la ley de amnistía es un ataque contra el Estado de derecho y apoya la europeización del debate que promueve el PP. “Siempre que un político ataca el Estado de derecho y los valores europeos, nos piden a todos que guardemos silencio y lo presentan como un debate interno. Pero en una UE con libre circulación, mercado único, toda la ciudadanía tiene derecho a saber que se respeta el Estado de derecho”, señala. Confía, como Feijóo, en que la Comisión Europea se pronuncie duramente sobre la medida de gracia. “Las reacciones solo pueden producirse si se aprueba una ley, así que no van a llegar inmediatamente, pero llegarán después de que se adopte la legislación. Y serán negativas”, considera. “Y hay que tener en cuenta que en Europa, si perder la confianza es fácil, recuperarla es difícil”, añade el eurodiputado, que llega a insinuar que los fondos europeos de España pueden estar en riesgo.

Sin embargo, el dictamen provisional de la Comisión de Venecia, del Consejo de Europa, otra institución que no forma parte de la UE, pero cuyos dictámenes Bruselas toma como referencia en muchas ocasiones —como en la renovación del CGPJ— avala los argumentos de la ley de amnistía. Si bien, el órgano consultivo pone algunos peros a la norma sobre cómo se ha diseñado su tramitación.