La batalla se recrudece en la Fiscalía por el ‘caso Tsunami’

La batalla se ha recrudecido en el seno de la Fiscalía tras la junta de fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo celebrada el martes. Ese órgano concluyó, por amplia mayoría, que existen indicios de terrorismo en el caso Tsunami Democràtic y que se debe apoyar la imputación del expresidente catalán Carles Puigdemont, huido de la justicia desde 2017 y uno de los potenciales beneficiarios de la ley de amnistía pactada entre el G...

La batalla se ha recrudecido en el seno de la Fiscalía tras la junta de fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo celebrada el martes. Ese órgano concluyó, por amplia mayoría, que existen indicios de terrorismo en el caso Tsunami Democràtic y que se debe apoyar la imputación del expresidente catalán Carles Puigdemont, huido de la justicia desde 2017 y uno de los potenciales beneficiarios de la ley de amnistía pactada entre el Gobierno y los partidos independentistas. Este miércoles, en una entrevista radiofónica, uno de los fiscales que participó en dicha junta, Salvador Viada, ha acusado a la cúpula fiscal de ejecutar un “155 encubierto” para mantener la línea que conviene al Ejecutivo de Pedro Sánchez, porque la posición que se enviará al Tribunal Supremo no será la que salió el martes de la junta fiscal sino la que elabore la teniente fiscal del Supremo. Por su parte, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, nombrado por el Gobierno, ha pedido que se deje trabajar en “paz” a la teniente fiscal y ha calificado de “traición” que se filtrase antes de la junta uno de los borradores de la ponencia que confeccionó el fiscal conservador Álvaro Redondo, encargado de exponer el caso en dicha cita.

Los ánimos se encuentran muy caldeados. Las acusaciones de “maniobras” se suceden desde antes de que acabase la junta del martes, que terminó con el siguiente resultado: 12 de los 15 fiscales consideraron que existen indicios de un delito de terrorismo en las movilizaciones impulsadas en 2019 por la plataforma Tsunami Democràtic para protestar contra la sentencia del Supremo que condenó a los líderes políticos del procés. Además, por 11 votos a 4, la junta también vio indicios para imputar a Puigdemont. Sin embargo, pese a ese aplastante marcador, la postura que el ministerio público exponga al alto tribunal aún está en el aire, ya que los dos jefes de la junta de fiscales expresaron criterios opuestos (Fidel Cadena apoyó impulsar la causa por terrorismo, mientras que Joaquín Sánchez-Covisa se opuso) y esto permitió activar los mecanismos internos previstos en la normativa para que, ante las “discrepancias” de dos iguales jerárquicos, el asunto se deje en mano de su superior: la teniente fiscal, según anunciaron.

Y ahí han vuelto a estallar los recelos. La teniente fiscal del Supremo es Ángeles Sánchez Conde, que fue nombrada para el cargo por la progresista Dolores Delgado, anterior fiscal general del Estado. Sánchez Conde debe elaborar el informe definitivo que se presentará ante los magistrados del Supremo, que son quienes tendrán la última palabra. El Supremo tiene que decidir si investiga a Puigdemont (y a otras 11 personas) porque el caso le fue enviado por el juez instructor de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, quien también ve indicios de terrorismo. Un criterio que no comparten Miguel Ángel Carballo, el fiscal que lleva las pesquisas en la Audiencia, ni Álvaro Redondo, el fiscal que expuso el caso en la junta celebrada el martes. Estos dos últimos pertenecen al sector conservador de la carrera. Entre los fiscales que apoyaron que sí hay terrorismo y que Puigdemont debe ser imputado, los hay del sector conservador y del progresista.

Según explican fuentes fiscales, la teniente fiscal Sánchez Conde puede adoptar ahora la posición que prefiera. Podría optar por el criterio mayoritario de la junta de fiscales —que ven terrorismo e indicios de la implicación de Puigdemont—; o seguir la postura de los fiscales Carballo y Redondo, alegando que el principio de unidad de acción del ministerio público impide contradecir el criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que no vio delito de terrorismo ni implicación de Puigdemont. O, incluso, podría optar por una tercera vía. “Ya veremos cuál es el sentido de quien tiene el muy difícil encargo de resolver las controversias y discrepancias que, como en cualquier otra institución, ocurren en la Fiscalía. A esta persona hay que dejarla trabajar en paz”, subrayó García Ortiz este miércoles en Barcelona, antes de una reunión con los fiscales de Cataluña.

El fiscal general añadió: “Lo que tenemos que armar en la Fiscalía es, precisamente, esa unidad de criterio. Cuál sea, ya la decidiremos”. Y, en referencia a la posición de Carballo, subrayó que existe “una Fiscalía encargada de los delitos de terrorismo, que está sosteniendo una tesis [de que no ve indicios]”, y que esa Fiscalía especializada es la que tiene ”conocimiento de la causa, de los hechos, de los atestados y de la prueba”.

Entre el grupo de fiscales del Supremo que votó mayoritariamente a favor del terrorismo y de imputar a Puigdemont han surgido voces que auguran que la teniente fiscal elegirá la vía exculpatoria. En una entrevista en Onda Cero, un miembro de la junta, Salvador Viada, lo explicitó de forma clara. Este fiscal aseguró que, justo cuando iba a comenzar el cónclave del martes, un compañero ya le dijo que uno de los jefes iba a discrepar del criterio mayoritario para dejar el caso en manos de Sánchez Conde. Y recordó las palabras de la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que afirmó el martes que la posición de la junta no era la “definitiva”. “Nos han hecho un 155 encubierto”, apostilló Viada, en referencia a la aplicación del artículo 155 de la Constitución con la que fue intervenida la autonomía de Cataluña tras la declaración de independencia de 2017.

El fiscal general respondió después a Viada desde Barcelona: “Pedimos muchas veces que los políticos nos dejen trabajar en paz, que los políticos no se metan con nosotros. Y hay que generar también un espacio de trabajo para nosotros mismos. Si los fiscales no somos capaces de crear ese espacio de tranquilidad, si no reconocemos en nuestros superiores esa profesionalidad, estamos en el camino equivocado”, afirmó. “Es sorprendente que alguien que ha participado en una junta de fiscales pueda ir a un medio de comunicación a revelar lo ocurrido. Es una anomalía”, apostilló el máximo representante del ministerio público.

Los borradores

García Ortiz también se refirió a la filtración de un documento de trabajo de Álvaro Redondo, el fiscal conservador que debía exponer el caso en la junta del martes. El Mundo publicó en la noche del domingo que Redondo había confeccionado una ponencia donde sí veía terrorismo y, apenas cuatro días después, elaboró otra donde no lo apreciaba. Añadía ese periódico que el fiscal había cambiado de postura “tras reunirse con” García Ortiz. Sin embargo, tanto este como Redondo desmintieron esa sucesión de hechos y que se le hubieran dado indicaciones al fiscal para llegar a la versión exculpatoria. Según varias fuentes fiscales, Redondo compartió el primer borrador embrionario con un compañero, quien supuestamente lo envió a otros fiscales del Supremo. Ese es el documento que publicó El Mundo.

“Si el espacio de trabajo deja de ser un espacio cómodo, en el que debemos tener cuidado hasta de con qué compañero hablamos y con quién hablamos, tenemos un problema. Se ha traicionado esa privacidad y ese compañerismo”, ha dicho García Ortiz, antes de insistir en que él solo tuvo conocimiento de un informe: el que descartaba la existencia de un delito de terrorismo y defendía no imputar a Puigdemont. “Quiero dejar una cosa muy clara: el fiscal general no miente”, remarcó.

Salvador Viada ha contado que, durante la junta de fiscales del martes, el propio Álvaro Redondo explicó a sus colegas que su cambio de criterio no estaba inducido por el fiscal general, y que había cambiado de opinión antes de verse con él. Fuentes fiscales subrayan que el primer borrador lo hizo usando como base la exposición de hechos del juez García-Castellón, y que pensó que en los disturbios de Tsunami podía haberse producido una detención ilegal (lo que permitiría acusar por terrorismo) si los controladores aéreos del aeropuerto de El Prat quedaron atrapados durante las protestas. Sin embargo, al estudiar después otros informes del sumario, descartó esa posibilidad.

Frente a esta postura, Viada detalló este miércoles que la mayoría de los fiscales entendió que sí podía acusarse de terrorismo porque hay indicios de que Tsunami lanzó “a masas de personas a confrontarse directamente con las fuerzas de seguridad del Estado”. “Consecuentemente, esas lesiones y tentativas de homicidio son atribuibles a las personas que lanzan a las masas”, afirmó. Además, según mantiene el juez García-Castellón, el objetivo de todo ello era “subvertir el orden constitucional”. El fiscal Viada remarcó que, desde 2015, el tipo penal de terrorismo no requiere que el acusado pertenezca a una banda o grupo terrorista, y sí es fundamental, sin embargo, “la finalidad” que persigue con sus actos. Y, según él, los comunicados de Tsunami eran muy claros en esa finalidad: “Obligar al Estado a negociar o a cambiar”.