El tortuoso camino de la amnistía hacia su aprobación en el Congreso

El texto de la proposición de ley de amnistía que debate este martes el Congreso de los Diputados es fruto de muchas horas de negociaciones entre el PSOE y los grupos independentistas catalanes con un objetivo común: aprobar una ley que garantice la medida de gracia a todos los encausados por el procés —más de 400, según cálculos de los negociadores— y que consiga el aval del Tribunal Constitucional y de la justicia euro...

El texto de la proposición de ley de amnistía que debate este martes el Congreso de los Diputados es fruto de muchas horas de negociaciones entre el PSOE y los grupos independentistas catalanes con un objetivo común: aprobar una ley que garantice la medida de gracia a todos los encausados por el procés —más de 400, según cálculos de los negociadores— y que consiga el aval del Tribunal Constitucional y de la justicia europea cuando les toque pronunciarse sobre la norma. Ninguno de estos dos propósitos es renunciable para los socialistas y sus socios, pero aunarlos se está convirtiendo en un reto político y jurídico cuyo éxito nadie se atreve ahora a adelantar.

La tramitación de la ley se ha visto salpicada por resoluciones judiciales que, de un día para otro, han cambiado el escenario que habían previsto los impulsores de la norma cuando se sentaron a negociar, lo que ha obligado a acometer cambios en el texto para no dejar fugas en su constitucionalidad ni en su alcance generalizado a todos los encausados por el desafío independentista.

El primer aviso llegó incluso antes de que se conociera la primera versión de la proposición de ley. Cuando el PSOE y sus socios ultimaban un texto para presentarlo de forma conjunta en el Congreso, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón dictó un auto en el que, por primera vez tras cuatro años de instrucción, señalaba como investigado en la causa de Tsunami Democràtic al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, líder de Junts y que está llamado a ser uno de los principales beneficiarios de la amnistía. En esa resolución, el magistrado señala también a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, e insiste en investigar como delito de terrorismo las protestas contra la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés, apoyándose en un informe de la Guardia Civil que consideró que la plataforma que impulsó esas movilizaciones era una herramienta de “desestabilización y de presión política” que pretendía “movilizar a miles” de personas para “comprometer la estabilidad económica, social, empresarial e institucional de España”.

Esa primera irrupción de García-Castellón en plena negociación de la norma llevó al PSOE y los independentistas a revisar de extremo a extremo el texto que ya tenían casi cerrado y reescribir algunos apartados para garantizar que todos los encausados por el procés, incluidos los de Tsunami Democràtic, quedarían bajo el paraguas de la amnistía. Finalmente, la proposición de ley registrada en solitario por el PSOE el 13 de noviembre implicaba amnistiar todos los delitos de terrorismo relacionados con el desafío independentista, salvo aquellos que ya tuvieran sentencia firme, una circunstancia que estaban muy lejos de alcanzar tanto la causa del CDR —donde también se investiga este delito— como la de Tsunami.

Pero a medida que avanzaba la tramitación, muchos juristas, incluidos los letrados del Congreso, advirtieron de que esa diferencia de trato entre casos con sentencia firme o sin ella podía poner ser cuestionada por el Constitucional o por la justicia europea, lo que implicaba un riesgo para la efectividad de la medida de gracia. Estos temores llevaron a los partidos a una nueva negociación a contra reloj para pactar cambios que salvaguardasen la constitucionalidad de la ley sin dejar fuera a ninguno de los encausados.

Tras una primera negociación fallida, el PSOE, ERC y Junts acordaron finalmente la semana pasada una enmienda para los delitos de terrorismo: se borró la referencia a casos con sentencia firme y se apostó por amnistiar todos los supuestos de terrorismo vinculados al procés salvo aquellos que hayan causado, “de forma manifiesta y con intención directa”, violaciones graves de los derechos humanos, en particular las previstas en el artículo 2 (derecho a la vida) y 3 (derecho a no ser sometido a tortura ni a trato inhumano o degradante) del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y en el derecho internacional humanitario.

Al excluir de la amnistía solo aquellos actos terroristas que causen muertes o torturas de forma intencionada supuestamente se garantizaba que la medida de gracia beneficie a Puigdemont, Rovira y el resto de encausados por terrorismo. Hasta entonces, García-Castellón había vinculado las movilizaciones contra la sentencia del procés con la muerte de un ciudadano francés por un infarto en el aeropuerto de Barcelona, pero, en el caso de que los tribunales confirmaran esa relación —rechazada por informes judiciales, de los Mossos y de los servicios de emergencia— difícilmente se les podría atribuir intencionalidad.

El blindaje que con esa redacción parecía férreo para la amnistía del expresidente catalán duró, sin embargo, apenas 48 horas, el tiempo que tardó el juez de la Audiencia Nacional en dictar un auto en el sostenía por primera vez que algunos de los hechos que atribuye a los implicados en Tsunami violan “el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución española y el artículo 2 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos”, justo la línea que marcaba la enmienda pactadas por el PSOE, ERC y Junts. Si prosperara la interpretación del instructor, el expresidente catalán y el resto de encausados en este proceso —entre ellos, la secretaria general de ERC, Marta Rovira— se quedarían fuera de la medida de gracia.

A ese movimiento de García-Castellón, refrendado este lunes en el auto en el que prorroga seis meses la instrucción de Tsunami, se une el paso dado por el juez que instruye la trama rusa del procés en un juzgado de Barcelona, Joaquín Aguirre, que también apunta al expresidente catalán y sostiene que desde su entorno se realizaron maniobras para alterar la unidad territorial de España y buscar alianzas con Rusia, que buscaba desestabilizar a la UE. La proposición de ley deja fuera de la amnistía los “delitos de traición” y contra la paz del Estado o los delitos que afecten “a los intereses financieros de la Unión Europea” lo que, según cómo avance la investigación, puede acabar dejando en el aire la aplicación de la medida de gracia para los incluidos en este caso.