Los socios del PSOE descalifican con gran dureza al juez García-Castellón
Sumar lo acusa de actuar “como en el Tribunal de Orden Público franquista”
El PSOE se mantuvo al margen esta vez, tras las críticas de la pasada semana del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y asociaciones de jueces a la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, por cuestionar la imparcialidad del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. Pero los socios y aliados del Gobierno aprovecharon este martes los focos sobre la Comisión de Justicia del Congreso, ...
El PSOE se mantuvo al margen esta vez, tras las críticas de la pasada semana del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y asociaciones de jueces a la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, por cuestionar la imparcialidad del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. Pero los socios y aliados del Gobierno aprovecharon este martes los focos sobre la Comisión de Justicia del Congreso, donde se aprobaba el dictamen de la proposición de ley de amnistía, para descalificar a los jueces que se han manifestado contra esta futura norma. El nombre de García-Castellón ha salido a relucir profusamente en algunas intervenciones. El más duro ha sido el diputado de Sumar Gerardo Pisarello, quien lo ha acusado de “actuar como si la Audiencia Nacional fuese el viejo Tribunal de Orden Público de los tiempos del franquismo”.
García-Castellón está en el punto de mira del Gobierno y sus aliados por acusar de terrorismo al expresident Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ambos huidos en el extranjero. El juez, contra el criterio de la Fiscalía, sostiene que ambos instigaron la manifestación que en octubre de 2019 bloqueó el aeropuerto de Barcelona en protesta por la sentencia del procés. Y de ahí deriva que los dos podrían ser responsables de la muerte de un turista francés que sufrió un infarto ese mismo día en las mismas instalaciones, a pesar de que ni un juzgado de Barcelona ni los Mossos hallaron la menor relación entre ese suceso y el bloqueo del aeropuerto.
Las tesis de García-Castellón han tenido una influencia directa en la recta final de las negociaciones para redactar el texto de la futura ley, hasta el punto de que se han introducido algunas cautelas a fin de evitar que el caso que instruye ese juez pueda dificultar la aplicación de la amnistía. Y el veterano magistrado —se jubilará en octubre al cumplir 72 años— también estuvo muy presente en las intervenciones de algunos portavoces en la Comisión de Justicia. Abrió la veda Jon Iñarritu, de EH Bildu, quien lo tildó de “magistrado próximo al PP” y afirmó que “está utilizando toda la ingeniería jurídica a su alcance, llegando a límites del ridículo” para encausar a los dirigentes independentistas. Según Iñarritu, su instrucción judicial “banaliza en extremo el terrorismo” y persigue “no solo la venganza” contra el independentismo, sino que su “objetivo principal es acabar con este Gobierno”.
Más extenso y más concreto aún en sus ataques fue Pisarello, quien también arrancó atribuyendo a García-Castellón proximidad al PP. Y detalló: “Sacó a Ignacio González [expresidente madrileño] de la cárcel, cubrió a Dolores de Cospedal, salvó a Esperanza Aguirre del caso Púnica, no vio indicios de delito en Rajoy, archivó una causa contra el rey [emérito] y fabricó dosieres contra Podemos”. Su propósito es, ahora, prosiguió Pisarello, “dinamitar la amnistía”, al igual que otros jueces a quienes calificó de “auténticos inquisidores que usan el derecho penal del enemigo”.
Los grupos independentistas catalanes no citaron por su nombre a García-Castellón, pero sí aludieron a los intentos de imputar a sus líderes por terrorismo y atribuyeron a los jueces en general la intención de “sabotear” la futura ley. Josep Maria Cervera, de Junts, denunció que mezclar al independentismo con actuaciones terroristas supone una “aberración jurídica” y un “uso fraudulento de los mecanismos” judiciales. Cervera se refirió a la existencia de un manual que ya circula entre juristas con instrucciones para esquivar la aplicación de la norma aún en trámite.
Por ERC, Pilar Vallugera advirtió que “nadie puede garantizar” que la ley de amnistía se vaya a aplicar en los términos en que pretenden sus promotores. Y eso es así por la actitud hostil que extendió a los jueces en general y a su “entorno mediático”. “Eso es lo que nos da más miedo”, añadió la parlamentaria republicana. “Es el drama de su Estado, una de las cosas más graves que están sucediendo”. Vallugera aseguró que hay jueces que “van más allá de la ley” y se preguntó: “¿Quién juzga al juzgador?”.