España defiende un traje a medida para la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE

El Gobierno español ha enviado al resto de Estados miembros de la UE su propuesta retocada para solicitar que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas oficiales en las instituciones europeas. El texto, que plantea una adaptación del régimen lingüístico de los reglamentos comunitarios, modifica parcialmente la redacción de la propuesta inicial que el Ejecutivo de Pedro Sánchez hizo el pasado agosto, dando cumplimiento a una de las primeras exigencias de los partidos independentistas para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. El objetivo es ...

El Gobierno español ha enviado al resto de Estados miembros de la UE su propuesta retocada para solicitar que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas oficiales en las instituciones europeas. El texto, que plantea una adaptación del régimen lingüístico de los reglamentos comunitarios, modifica parcialmente la redacción de la propuesta inicial que el Ejecutivo de Pedro Sánchez hizo el pasado agosto, dando cumplimiento a una de las primeras exigencias de los partidos independentistas para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. El objetivo es convencer a los socios europeos de que asumir la oficialidad de esas tres lenguas españolas no sentará un precedente que obligue luego a aceptar como oficiales otras lenguas minoritarias del continente, como el corso o el bretón que se hablan en Francia o el ruso que emplean las minorías rusófonas de los países bálticos. La nueva propuesta española, a la que ha tenido acceso EL PAIS, remarca lo que considera condiciones especiales del catalán, el gallego y el euskera y asegura que son ya “idiomas oficiales y de trabajo de las instituciones de la Unión” por cumplir ciertos “requisitos”.

Entre esas especificidades que el Gobierno atribuye al catalán, el euskera y el gallego figura el hecho de que las tres lenguas son “originarias” de España, que están reconocidas en la Constitución Española, que son lenguas de trabajo en el Parlamento nacional —lo son precisamente a partir de esta legislatura, también como parte del acuerdo con los partidos independentistas— y que ya existen, desde hace una década, acuerdos administrativos con las instituciones comunitarias para que puedan usarse en algunas comunicaciones europeas. En un anexo a su propuesta de modificación del reglamento lingüístico comunitario —que alude al artículo 55.2 de los Tratados de la Unión para insistir en que la solicitud tiene encaje jurídico—, España ahonda así en esos “requisitos” y recuerda además que los tratados de la Unión ya están traducidos a las tres lenguas.

Como último requisito a medida, la propuesta del Ejecutivo de Sánchez incluye que el Estado solicitante asuma el coste de implantación de la medida, algo que se ha ofrecido a hacer el Gobierno español: “El Estado miembro que haya solicitado su reconocimiento como lengua oficial y de trabajo de las Instituciones de la Unión se ha comprometido a asumir todos los costes derivados de su utilización en las Instituciones de la Unión [en traducciones e intérpretes]”.

Actualmente hay 24 idiomas oficiales en la UE, y todos son oficiales en el conjunto de sus respectivos países (algo que no ocurre con las tres lenguas cooficiales españolas, que solo lo son en algunas comunidades autónomas). La propuesta de España para añadir a esos 24 idiomas el catalán, el euskera y el gallego fue planteada por primera vez a los socios comunitarios por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en agosto. Con los retoques que ha hecho ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez trata de vencer las reticencias iniciales de varios países miembros y mantener viva la solicitud en las instituciones comunitarias. No obstante, está a la espera de un informe de la Comisión Europea sobre el impacto técnico y económico de la medida, que también solicitaron los Estados miembros. La decisión ha de ser tomada por unanimidad.

La mayoría de los Estados miembros que han mostrado recelos ante la propuesta española ha alegado, en primer lugar, dudas técnicas. Alemania, Suecia o Finlandia han mostrado, por ejemplo, su inquietud por la dificultad de traducir todo el acervo comunitario. Letonia y Lituania aseguraron en la última reunión, a finales de octubre en Luxemburgo, que el asunto no les parecía prioritario. Francia, que en un inicio mostró ciertas reticencias por su propia realidad lingüística, se comprometió entonces a estudiar el asunto “con mentalidad abierta”.

A los miembros del club comunitario sí les ha quedado claro que es un asunto político importante para España y se han comprometido al menos a estudiarlo, aunque no por la vía rápida. El Gobierno de Sánchez, mientras, mantiene su promesa de impulsarlo todo lo posible y ha puesto a la cabeza de ese impulso a Albares. El jefe de la diplomacia española, sin embargo, no estará mañana miércoles en la reunión en Bruselas del Consejo de Asuntos Generales —donde solo se hará una actualización breve del asunto—, ya que ese día se inicia el debate de investidura de Pedro Sánchez.

La idea de España es, por tanto, presentar una especie de traje a medida para las tres lenguas cooficiales que no deje puertas abiertas a otros. El catalán, el euskera y el gallego son, según han repetido los representantes españoles ante sus socios, “un caso único”. En todo caso, y ante la presión de su negociación con los partidos independentistas catalanes, el Gobierno adelantó que priorizaría, si logra apoyo en Europa, la implantación del catalán, que es, de las tres lenguas, la más hablada. Albares, según fuentes europeas, remarcó ante sus homólogos en la última reunión que el catalán, con unos 10 millones de hablantes, se convertiría en una de las 15 lenguas principales de la UE.