El PP pretende usar el Senado para frenar durante meses la futura ley de amnistía

El proyecto de ley orgánica que albergará una posible amnistía a los líderes del proceso independentista en Cataluña todavía se desconoce, pero el PP ya ha preparado y planeado todo tipo de trabas políticas y parlamentarias para frenarlo. Especialmente en el Senado, donde dispone de mayoría absoluta. El PP pretende usar su control de los tiempos y los debates en la Cámara alta para bloquear...

El proyecto de ley orgánica que albergará una posible amnistía a los líderes del proceso independentista en Cataluña todavía se desconoce, pero el PP ya ha preparado y planeado todo tipo de trabas políticas y parlamentarias para frenarlo. Especialmente en el Senado, donde dispone de mayoría absoluta. El PP pretende usar su control de los tiempos y los debates en la Cámara alta para bloquear la tramitación de esa previsible ley de amnistía, si Pedro Sánchez pacta un nuevo Gobierno, lo máximo permitido. El plan del PP de Alberto Núñez Feijóo pasa por demorar la ratificación de esa norma cuando llegue aprobada desde el Congreso meses, si es factible hasta el siguiente periodo de sesiones, que comenzaría en febrero. El Ejecutivo ya se espera esa estrategia y razona que si Sánchez logra una mayoría progresista para seguir en La Moncloa, lo lógico es que esos votos le permitan también “controlar y apurar la agenda legislativa”, incluso por la vía de urgencia, que puede reducir los tiempos sensiblemente pero en el PSOE reconocen que si la investidura se retrasa mucho será casi imposible que sea aprobada definitivamente antes de Navidades. El PP, además, convocará en el Senado un Debate de las Autonomías para abordar la amnistía y retratar al PSOE tras la cita que han forzado esta semana de la Comisión General de las Comunidades Autónomas con el mismo objetivo. El Gobierno obviará esas sesiones.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lleva semanas advirtiendo de que utilizará todos los recursos políticos, legales y sociales a su alcance para combatir ese proyecto de amnistía, que el PSOE lleva negociando con sus socios semanas para la investidura de Sánchez, pero del que se desconoce prácticamente todo. El PP ha registrado así mociones en parlamentos autonómicos y ayuntamientos por toda España, para provocar el debate de la amnistía a esos dirigentes separatistas catalanes en territorios donde esa propuesta puede incomodar especialmente a los socialistas. Con esa meta se ha fijado para el jueves de esta semana en el Senado la comisión general de comunidades autónomas, que no se reunía desde la pandemia y que entonces se programó para debatir asuntos relacionados con la covid-19 con la presencia de la entonces ministra de Sanidad, Carolina Darias. Ahora el único punto en el orden del día será la discusión de “la aplicación efectiva de los principios de igualdad ante la ley de todos los españoles, y de solidaridad entre las comunidades autónomas”.

El PP, que dispone de mayoría en la Mesa del Senado y en la de esa comisión, que presidirá la popular Luisa Fernanda Rudi, podría haber pedido incluso la comparecencia de algún ministro para requerir explicaciones sobre ese asunto. No lo ha hecho. Quiere un debate más general, pero el Gobierno no se lo va a facilitar. Acudirán todos los presidentes autonómicos del PP (11), pero ninguno de los tres del PSOE. Tampoco está previsto que acuda ni el presidente, que podría intervenir sin límites en cualquier momento, ni ningún componente de su Ejecutivo. El Gobierno aduce para sortear esa valla política que el objeto de la reunión es muy genérico y que el PP no ha solicitado que acuda algún ministro en concreto. Rudi argumenta que esos razonamientos son excusas.

Esa sesión y esas posiciones servirán de prueba para futuras iniciativas del PP en la misma línea y para las evasivas que impondrá el PSOE. El PP se acogerá de nuevo a la potestad que le permite el reglamento del Senado para señalar a continuación de la reunión en la comisión de esta semana también un próximo Debate de las Autonomías en la Cámara alta, que es la versión en esa sede del Debate de la Nación en el Congreso. Esos debates, que están recogidos para celebrarse anualmente en el artículo 56.bis7 del reglamento del Senado, en realidad apenas se han producido —hasta ahora en tres ocasiones— y han sido sustituidos de hecho por las llamadas Conferencias de Presidentes. La última reunión en cualquier caso de todos los mandatarios autonómicos con el Gobierno fue en La Palma, en marzo de 2022, con motivo de la erupción allí de un volcán y antes se habían celebrado hasta 17 telemáticamente durante la pandemia. Hace un par de semanas, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, que no irá tampoco este jueves al Senado, reclamó en el Foro La Toja algún tipo de convención con los responsables autonómicos para afrontar los grandes asuntos de Estado.

El PP, en cualquier caso, no aflojará su presión contra el Gobierno para dinamitar ese proyecto de amnistía. Las opciones de poner obstáculos en el Congreso son mínimas, y menos aún si el PSOE labra un pacto con una mayoría para que Sánchez permanezca en el poder. Los negociadores socialistas entienden que en ese escenario esa misma mayoría progresista hará todo lo que esté en sus votos para “controlar y agilizar el calendario”. Los partidos que compongan ese bloque tendrían que negociar el texto de esa ley orgánica, registrarlo, pasarlo por la Mesa, que esta lo califique como posible para ser aceptado, llevarlo a la ponencia y comisión de turno por si presentan enmiendas y plantearlo finalmente para su aprobación en un pleno. Todos esos pasos burocráticos suelen durar normalmente mucho más de un mes, aunque se pueden depurar mucho y reducir a la mitad si el trámite se considera de urgencia. El Ejecutivo ya aprobó en la anterior legislatura, en noviembre de 2022 y en poco más de un mes, la reforma a través de una ley orgánica del Código Penal para eliminar el delito de sedición al presentar aquella iniciativa como un proyecto de los grupos parlamentarios, lo que evitó solicitar algunos informes consultivos. Lo que el Gobierno no tiene previsto ahora es llevar la amnistía por la vía exprés de la lectura única, porque ese proceso suele permitirse para cuestiones de emergencia y porque por su relevancia se considera que una norma tan compleja como la de la amnistía debería conllevar una discusión completa y de calado, que cumpla con todos los requisitos y sea debatida en profundidad.

La desconocida fecha de la posible investidura de Sánchez también afecta al calendario general. El tope legal para desarrollar esa sesión es el 27 de noviembre antes de acudir de nuevo a las urnas el 14 de enero y si ese enigma no se resuelve antes de ese límite, aprobar la ley de la amnistía en el Congreso antes de que acabe el periodo de sesiones vigente a finales de diciembre se antoja muy complicado, según fuentes parlamentarias y del Gobierno del PSOE. Diciembre suele ser un mes copado en el Congreso para el debate pormenorizado de los presupuestos, que serán de nuevo claves para prefigurar el tipo y duración de la legislatura y que están también pendientes de negociar y acordar. Las dos normas, en cualquier caso, podrían discurrir en paralelo en caso de necesidad. En el PP sostienen que ese probable Gobierno con tantos socios e intereses contrapuestos no llegará a tiempo y tendrá que dejar el debate sobre la amnistía para el siguiente periodo de sesiones, que ya comenzaría en febrero de 2024, porque enero es inhábil.

El PP se prepara así en el Senado, donde disfruta de mayoría absoluta con 143 parlamentarios, para recibir ese proyecto en febrero y ralentizarlo cuanto pueda. El sistema parlamentario español es bicameral y el Senado revisa las leyes aprobadas en el Congreso en segunda lectura para ratificarlas. No las puede tumbar totalmente, pero sí alargar su tramitación antes de que entren en vigor en el Boletín Oficial del Estado. La Cámara alta tiene acotados en teoría esos tiempos de veto: dos meses como máximo o 20 días si el Gobierno las cataloga como urgentes. Los grupos pueden plantear ahí también enmiendas, correcciones, pedir informes. Y será ahí donde el PP intentará demorar lo que pueda ese proceso y hasta recurrir si es el caso ese procedimiento de urgencia de la ley ante el Tribunal Constitucional. La norma, en cualquier caso y al final, tendría que volver al Congreso para que el Gobierno y sus socios levantaran ese veto, con mayoría absoluta en una primera votación o simple en segunda, llegado el caso.