La Fiscalía considera “injusta” la desimputación de la exconsejera Lucía Figar y pide encausarla por tercera vez en el ‘caso Púnica’

La Fiscalía Anticorrupción no arroja la toalla en el caso Púnica y ha solicitado que se vuelva a imputar —por tercera vez— a Lucía Figar, consejera de Educación de la Comunidad de Madrid durante los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. A través de un recurso muy duro, cargado de reproches al juez instructor Manuel García-Castellón, el ministerio público califica de “injusta” la ...

La Fiscalía Anticorrupción no arroja la toalla en el caso Púnica y ha solicitado que se vuelva a imputar —por tercera vez— a Lucía Figar, consejera de Educación de la Comunidad de Madrid durante los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. A través de un recurso muy duro, cargado de reproches al juez instructor Manuel García-Castellón, el ministerio público califica de “injusta” la decisión del magistrado de archivar la causa abierta contra la expolítica del PP, a la que se investiga desde 2015 por pagar con fondos públicos a una de las empresas de la trama para elaborar trabajos de reputación en internet a su favor.

En su escrito, firmado por las fiscales Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez, la acusación pública considera que cuenta con suficientes indicios para sentar a Figar en el banquillo y “practicar en el juicio oral la abundante prueba recabada”. En ese sentido, Anticorrupción insiste en que la exdirigente popular maniobró para que la Consejería de Educación pagase a las compañías de Alejandro de Pedro, uno de los empresarios implicados en Púnica, por trabajos para mejorar su imagen en la web. “Uno de los cometidos era eliminar las noticias negativas que se publicaban sobre ella, como sin rubor recogían los propios informes de reputación elaborados para ella”, dicen las investigadoras en su recurso, fechado el 27 de marzo.

Las fiscales inciden en que la actividad bajo sospecha nunca ha estado relacionada con la función pública que tenía Figar por el cargo que desempeñaba, sino que perseguía un fin “privativo”. Es decir, se ejecutaban para su beneficio “personal” y “no satisfacía una necesidad pública”, como puso sobre la mesa el juez García-Castellón al archivar la causa contra la exconsejera. Además, según añade el ministerio público, se vulneró la “legalidad” al trocear los trabajos en “23 contratos menores por un importe total de 59.307,35 euros”, “alterando el proceso” de adjudicación.

“Los comportamientos descritos durante varios años, no solo fueron desviaciones abusivas y conscientes en perjuicio del erario público, sino que de forma deshonesta se transgredieron las obligaciones de transparencia y veracidad en la gestión y administración del patrimonio público”, dice Anticorrupción en su escrito. Entre las pruebas, las fiscales enumeran “evidencias” como “facturas de compra de usuarios falsos de Twitter, manuales para su creación, registros de las claves personales de acceso a las redes sociales de Lucía Figar...”. Todo ello, añaden las investigadoras, atenta contra “el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz, recogido en el artículo 20 de la Constitución”: “Y nada recoge el instructor sobre tal derecho y la legalidad del pago de trabajos dirigidos a desplazar las noticias del cargo público con fondos públicos”, reprochan al juez.

La batalla en la Audiencia

El magistrado y la Fiscalía mantienen una batalla en torno a la figura de la exconsejera madrileña. El juez archivó en octubre la causa contra Figar por primera vez. Pero la Sala de lo Penal le corrigió. A instancia del ministerio público, el tribunal consideró que se desimputó a la expolítica en la línea de investigación de las pesquisas sobre la financiación irregular del PP de Madrid (Pieza 9), cuando ella se encontraba realmente bajo sospecha en la Pieza 10, centrada en los trabajos de reputación online.

De nuevo, este marzo, García-Castellón volvió a dar carpetazo a la causa contra Figar. Ahora ya sí en la Pieza 10, argumentando que los trabajos de reputación en internet de los que se benefició no pueden desligarse del cargo público que ocupaba. El juez instructor expuso que no se ha “acreditado” que los servicios contratados por Educación “tuvieran un carácter exclusivamente laudatorio” de la dirigente del PP, “como si fuera un ente separado de su cargo o de la institución que representaba”.

Una tesis que, en opinión de Anticorrupción, “no se ajusta a derecho y conculca el derecho del Ministerio Fiscal a obtener la tutela judicial efectiva”. Así lo expone en su recurso, donde arremete contra “la deriva” y “contradicciones” del magistrado. El ministerio público acusa a García-Castellón de “solo dar valor a la declaración de los investigados, quienes pueden hacer valor su derecho a no decir la verdad”; de fundamentar el archivo en sentencias antiguas del Tribunal Supremo “que nada tienen que ver con los hechos”; o, incluso, de no haberse “leído” la “prueba digital” incorporada al sumario.

“En la presente causa se ha producido un giro sorpresivo. Ello sin que se expliciten los motivos o las nuevas valoraciones del instructor, lo que nos deja indefensos y socava nuestro derecho a la tutela judicial efectiva”, afirma la Fiscalía, que se muestra sorprendida porque el juez “ha dejado de creer en todas sus fuentes de prueba”, en referencia a los informes policiales, a su propia pericial judicial y a un informe de intervención de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda.

En su escrito, además de solicitar que se revoque el archivo de la causa contra Figar, la Fiscalía pide que se vuelva a imputar a Ignacio García de Vinuesa, exalcalde del PP en Alcobendas (Madrid); a Teresa Alonso-Majagranzas, exdirectora de comunicación de ese municipio; a Pablo Balbín, ex jefe de prensa de la Consejería de Educación; a Manuel Pérez, exviceconsejero de Educación; y a Luis Sánchez, exdirector de la Fundación para el Conocimiento Madri+d.