La sensación de provisionalidad y el idioma lastran la inserción laboral de los refugiados ucranios
Un año después de la guerra, cerca de 14.000 personas están empleadas, sobre todo en la hostelería. Son un 14% de los refugiados entre 18 y 64 años
Un año después del comienzo de la invasión rusa de Ucrania, casi 170.000 ucranios han recibido protección en España. No se sabe cuántos quedan, realmente, pero el balance que este miércoles ha hecho el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, da algunas pistas de la nueva vida de los refugiados ucranios en España. Entre los datos presentados por Escrivá ha llamado la atención la discreta i...
Un año después del comienzo de la invasión rusa de Ucrania, casi 170.000 ucranios han recibido protección en España. No se sabe cuántos quedan, realmente, pero el balance que este miércoles ha hecho el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, da algunas pistas de la nueva vida de los refugiados ucranios en España. Entre los datos presentados por Escrivá ha llamado la atención la discreta inserción laboral de este colectivo con el que empresas e instituciones públicas y privadas se han volcado desde el primer día. De los 100.000 refugiados ucranios en España que tienen entre 18 y 64 años, menos de 14.000 (el 14%) están trabajando, un número que, según el ministro, crece muy poco desde hace varios meses. La cifra también llamó la atención del ministerio, que a través de una encuesta quiso identificar qué estaba lastrando la empleabilidad. Entre las barreras, un 56% señaló la “sensación de provisionalidad”, un 55% indicó también el desconocimiento del idioma, mientras que el 5% se refirió a las dificultades de conciliación.
De los casi 13.900 refugiados ucranios con empleo, el 44% son hombres, aunque ellos supongan solo un 30% del total de los adultos recién llegados. Según datos oficiales, el sector donde más trabajos han encontrado es el de la hostelería (17%), seguido del de la construcción (17%), el comercio (10%) y la información y comunicación (9%). El 37% de sus contratos son indefinidos a tiempo completo, un 22% a tiempo parcial y un 12% son fijos-discontinuos.
De los casi 170.000 refugiados que llegaron a España desde el estallido de la guerra, hay 18.000 que dependen de la red de acogida estatal. La duda sobre cuántos de ellos han vuelto a su país o se han desplazado a otros países durante estos meses se mantiene, pues según el ministro no es fácil hacer una estimación. Algunos datos pueden ser indicativos como, por ejemplo, el del padrón en el que se han registrado 82.000 personas. O la tarjeta sanitaria, que han obtenido 78.000.
La guerra de Ucrania supuso un enorme desafío para el sistema de acogida estatal. La red, que funcionaba al límite de forma recurrente, tuvo que adaptarse a una demanda enorme e imprevisible de nuevos beneficiarios. El resultado, un año después, ha sido la creación de 20.000 plazas adicionales, pasando de 15.000 que había en febrero a 35.000 desde el pasado verano. De las 36.000 personas acogidas, el 58% eran ucranios, según los datos aportados por el ministro.
La apertura de los cuatro Creade (Centro de Recursos para la Atención a la Diversidad Cultural en Educación) “fue clave” para dar documentación y acogida de emergencia, según ha señalado Escrivá. En el de Madrid se atendieron a 28.211 personas, en el de Barcelona a 51.372, en el de Alicante a 37.056, y en el de Málaga a 18.636.
Otro de los temas que ha tratado el ministro es la ayuda directa de 400 euros mensuales que anunció en junio del año pasado. Los 52,8 millones para financiar esta subvención se entregaron en octubre a las Comunidades Autónomas, pero Escrivá no ha sabido concretar a cuántas personas está ya beneficiando, aunque la previsión era de que llegase a 40.000. Varias de las comunidades —que son las encargadas de la gestión— aún no han empezado a entregarlas. Escrivá ha declarado que esto ha sido algo “novedoso” para ellas, por lo que ha pedido comprensión. “Nosotros hemos hecho nuestra parte, aprobamos la normativa estatal y transferimos los fondos. Estoy convencido de que nosotros hubiéramos sido más rápidos, pero fueron las Comunidades quiénes pidieron gestionarlo”, ha concluido Escrivá.