El PSOE registra sin Unidas Podemos la propuesta de reforma de la ‘ley del solo sí es sí’

El PSOE ha registrado este lunes en el Congreso la proposición de ley para la reforma de la Ley de Libertad Sexual, conocida como ley del solo sí es sí, tras constatar que no era posible el consenso con Unidas Podemos, según explicaron el domingo por la noche fuentes socialistas a EL PAÍS. La última ronda de negociaciones que los socios de la coalición mantuvieron el fin de semana no sirvió para conseguir un acuerdo, pese a que...

El PSOE ha registrado este lunes en el Congreso la proposición de ley para la reforma de la Ley de Libertad Sexual, conocida como ley del solo sí es sí, tras constatar que no era posible el consenso con Unidas Podemos, según explicaron el domingo por la noche fuentes socialistas a EL PAÍS. La última ronda de negociaciones que los socios de la coalición mantuvieron el fin de semana no sirvió para conseguir un acuerdo, pese a que La Moncloa y Ferraz decidieron ampliar el margen para presentar el escrito, ya que en principio el plazo expiraba el viernes. Ni con ese tiempo extra ha sido posible el pacto sobre una de las leyes más importantes del Ejecutivo, porque la negociación se ha bloqueado alrededor de la fórmula técnica para subir las penas. Los dos grupos están de acuerdo en subirlas, pero no en cómo argumentarlo jurídicamente: el PSOE lo vinculaba —como finalmente ha hecho en la proposición de ley— a la existencia de violencia o intimidación en la agresión sexual, y Unidas Podemos se negaba por considerar que eso va contra la esencia de la norma.

Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, ha señalado a primera hora de este lunes en una entrevista en TVE que todavía “hay margen para el acuerdo” con el PSOE y ha apuntado a la posibilidad de presentar enmiendas a la propuesta socialista durante la tramitación parlamentaria. “El Gobierno de coalición no está en riesgo porque ninguno de los dos socios está dispuesto a ponerlo en riesgo y menos en este momento de la legislatura, a las puertas de unas elecciones municipales y autonómicas”, ha añadido. Fuentes de Podemos subrayan que el PSOE no les comunicó previamente su decisión de registrar la propuesta. “Es inexplicable que teniendo opciones para el acuerdo decidan romper para presentar la misma propuesta que el PP y volver al esquema de la violencia o la intimidación”, manifiestan. En el partido muestran su preocupación por que el PP y el PSOE sumen sus votos y que esta reforma suponga volver al esquema de la ley anterior, en el que el delito sexual se subdividía en dos en función de si existía o no violencia. Según Unidas Podemos, eso sitúa el foco en el lugar equivocado, informa Paula Chouza.

La última propuesta del PSOE, a través del Ministerio de Justicia, se produjo el viernes por la tarde pero, según fuentes gubernamentales, el sábado Podemos se reafirmó en sus posiciones. La conclusión en La Moncloa es que ya no tenía mucho sentido seguir intercambiando documentos. La ministra de Igualdad, Irene Montero, insistió el domingo mismo por la mañana, en un acto de su partido, en rechazar la solución buscada por los socialistas para garantizar que las futuras condenas a los agresores sexuales tengan idéntica pena a la que existía antes de entrar en vigor la ley del solo sí es sí.

Como consecuencia de la reducción de algunas penas máximas y de muchas de las penas mínimas en la nueva norma, distintos tribunales de Justicia han optado desde octubre por rebajar la condena a casi 400 agresores sexuales, y también lo ha hecho ya el Tribunal Supremo en media docena de casos, cumpliendo el principio penal de que el condenado tiene derecho a que se le aplique la ley más favorable en su caso. La reforma que pretende sacar adelante el PSOE no acabará con las rebajas de pena a condenados que ya se están produciendo: esa situación es irreversible. Sin embargo, los socialistas quieren hacer la reforma para, al menos, transmitir a la población la idea de que algo se hace al respecto, y para evitar que, en las condenas futuras, las penas sean más bajas de lo que eran con la legislación anterior a la del solo sí es sí.

Fuentes de La Moncloa y de la dirección de ambos partidos sostienen que la falta de acuerdo no romperá la coalición de Gobierno, pero nadie niega que la tensionará enormemente y pondrá a prueba al Ejecutivo en uno de sus momentos más delicados, en un año electoral con autonómicas y municipales en cuatro meses y las generales en diciembre. Los socialistas tratan de rebajar la gravedad de la crisis, insistiendo en que había un acuerdo político para preservar el espíritu de la ley y que las diferencias son técnicas. Pero el mensaje de la fractura es incuestionable. No obstante, el PSOE contempla la posibilidad de que Unidas Podemos presente enmiendas durante la tramitación parlamentaria. Pero lo que no saben en la cúpula del Gobierno y del PSOE es cómo se pronunciará Unidas Podemos en la toma de consideración de la reforma. Si Unidas Podemos decide votar en contra, los votos del PP se volverán imprescindibles. Los socialistas confían aún en que eso no sucederá y creen que la reforma tendrá mucho apoyo porque el resto de los grupos de la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno sí parecen dispuestos a respaldarla, según sus declaraciones públicas.

La gravedad de los rostros de los miembros de la dirección socialista y de los ministros que acudieron el sábado a la presentación como candidata a la alcaldía de Madrid de la ministra de Industria, Reyes Maroto, ya anticipaba el callejón sin salida en que se encontraban las negociaciones. “Se está desenfocando el debate, el problema no es el consentimiento, que no se va a tocar; el problema son las rebajas de penas que están sucediendo”, zanjaba un dirigente que conoce los pormenores de las conversaciones con Unidas Podemos. Mientras tanto, fuentes del partido de Irene Montero señalaban que estaban dispuestos a cualquier acuerdo siempre que los socialistas presentarán una nueva propuesta, porque la que estaba encima de la mesa no les convencía.

Unidas Podemos argumenta que vincular una subida de las penas al hecho de que la agresión sexual se produzca con violencia o intimidación puede afectar a la esencia misma de la ley. El PSOE insiste en que eso no sucederá. La propuesta de reforma que Justicia ha trasladado al Ministerio de Igualdad consiste en agregar un tercer párrafo al artículo 178, que dice así: “Si la agresión se hubiera cometido empleando violencia o intimidación o sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad, su responsable será castigado en todo caso con la pena de uno a cinco años de prisión”. En caso de que no exista esa violencia, la pena es de uno a cuatro años para cualquier acto “que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento”. Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”, añade el artículo.

Los negociadores socialistas insisten en que ese pequeño retoque en el artículo 178 no afecta a la esencia del delito ni a la definición del consentimiento que se introdujo en la ley para reforzar la idea de que tiene que ser explícito. “El consentimiento no se toca ni deja de estar en el centro de la ley que regula el delito”, abundan.

El PSOE pensaba que, tras semanas de rechazo por parte de Igualdad a cualquier cambio de la ley, el hecho de que la ministra Montero hubiera aceptado negociar la reforma era un avance que garantizaba el éxito de la iniciativa. Pero los dirigentes socialistas consultados la noche del domingo por EL PAÍS consideraban que la negociación había entrado en un callejón sin salida ante la resistencia de Igualdad a aceptar el texto propuesto por Justicia, que según los asesores del ministerio es el único posible para garantizar que los jueces atienden en sus sentencias a esta subida de penas.