Irene Montero descarta la ruptura de la coalición incluso sin consenso para la reforma de la ‘ley del solo sí es sí'

La crisis en la que está inmerso el Gobierno de coalición, externa e interna, por la reforma de la ley del solo sí es sí ha puesto sobre la mesa esta última semana la posibilidad de una ruptura del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos. Sin embargo, según avanzaban los días, ambas partes han repetido su “voluntad” de llegar a un acuerdo. Esta mañana, en una entrevista en RNE, la ministra de Igualdad, Irene Mont...

La crisis en la que está inmerso el Gobierno de coalición, externa e interna, por la reforma de la ley del solo sí es sí ha puesto sobre la mesa esta última semana la posibilidad de una ruptura del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos. Sin embargo, según avanzaban los días, ambas partes han repetido su “voluntad” de llegar a un acuerdo. Esta mañana, en una entrevista en RNE, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha descartado tanto la ruptura de la alianza de gobierno como su salida del ministerio en caso de que no se llegue a un consenso y el presidente, Pedro Sánchez, llevase al Congreso la reforma. Montero sigue convencida de que el texto no tiene ningún fallo y ha reconocido que están trabajando desde diciembre para hacer el cambio solo porque Sánchez se lo pidió expresamente: “A petición del PSOE y el presidente estamos dispuestas a lo que sea, menos a cambiar la definición del tipo básico”.

La propuesta del Ministerio de Justicia es dejar las penas como están en el tipo general. Y añadir en cada artículo una pena más alta, similar a la que había antes “si la agresión se cometiere empleando violencia o intimidación”. De esta forma, el tipo general que ahora está de 1 a 4 años de prisión volvería a 1 a 5 si hay violencia, intimidación o la víctima tiene anulada su voluntad. El de la agresión con acceso vaginal, anal o bucal pasa de los 4 a 12 años actuales a una pena de 6 a 12 años, como estaba antes, siempre que haya violencia, y así sucesivamente con todos los tipos. Para Montero, esta no es una opción viable, y este es el punto de fricción de la negociación con el área que dirige Pilar Llop.

La ministra de Igualdad asegura que esto desplaza al consentimiento como eje central de la norma y vuelve a dividir el delito único, la agresión, en dos subtipos: “Todos estamos de acuerdo en que si además de agredirte, se emplea violencia, hay que subir las penas, pero no hace que sea un tipo diferente”. Eso sería “volver al modelo anterior”, que es lo que quiere el PP, según Montero, y por eso Feijóo tendió la mano a Sánchez el pasado sábado. Le ofreció sus votos para hacer la reforma para que no necesitase el consenso con Unidas Podemos.

En la parte socialista del Gobierno, la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha subrayado poco después de la entrevista de su colega de Igualdad: “El Gobierno tiene la obligación de actuar y el presidente tiene la firme convicción de que es necesario reformar la ley para evitar que se produzcan estas situaciones, aunque fuera un solo caso”. El PSOE confía en lograr un acuerdo, pero hoy ha vuelto a dejar claro que, de no haberlo, presentará una proposición de ley en el Congreso para reformar la ley, aunque no cuente con el respaldo de Unidas Podemos, como ha dicho Irene Montero. “Lo vamos a hacer, a ser posible, conjuntamente. Hay que dar una oportunidad para el acuerdo”, ha reiterado la número dos de los socialistas..

La vicesecretaria general del PSOE ha remarcado que su partido y su socio de coalición tienen “la coincidencia absoluta de mantener el consentimiento como el núcleo de la ley” y les separan detalles técnicos. “Hay un acuerdo político en lo que tenemos que preservar en la ley y lo que tiene que contemplarse para evitar los efectos no deseados [de su aplicación]. Estamos en un debate solo y exclusivamente sobre cuestiones técnicas”. Pero el tiempo se acaba y si no hay acuerdo el PSOE seguirá adelante pese al daño que supondría en la relación con Podemos. “Confío en que los técnicos sean capaces de dar con la tecla que nos permita aunar esas posiciones y si no evidentemente nosotros confiaremos en los técnicos del Ministerio de Justicia, que son los que bajo nuestro punto de vista tienen mejores condiciones para dar con la solución técnica”, ha sido cristalina la ministra de Hacienda.

La titular de Igualdad enmarca las diferencias de criterio en algo más que una discusión técnica. “Desgraciadamente en estos años, y con las leyes feministas, he visto cómo las discrepancias [con los socialistas] han acabado en un debate parlamentario. Ha pasado con la ley trans y con la del solo sí es sí. Y aunque muchos llevan cuatro años queriendo ver a Podemos fuera de este Gobierno, [la norma] es una conquista de los movimientos populares y si se trasladan [las discrepancias] al Parlamento, seguiré trabajando porque los votos del PP no sirvan para eso”; es decir, ha subrayado, para “volver al modelo anterior”, donde la violencia y la intimidación separaban el delito de abuso y agresión y eran parte del esqueleto de la normativa. “Mi obligación cuando hay un momento difícil es dar la cara y estar ahí y proteger el principal avance feminista en los últimos 20 años en términos institucionales”, ha asegurado en esa entrevista.

Irene Montero, como el resto del Ejecutivo, sabe que cualquier cambio que hagan no servirá para frenar las penas, pero creen que hay posibilidades de “acotar la interpretación” de los operadores jurídicos, como definió esta semana la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez. Montero comparte que “ninguna reforma penal va a evitar [las reducciones]”, porque, insiste, “son rebajas que no se corresponden con la ley, ni con la Fiscalía, ni con el derecho transitorio consolidado”.

Desde el primer momento, Igualdad afirma que es una “incorrecta aplicación de la ley” y no una grieta jurídica lo que está provocando las rebajas, que ya superan las 340, y las excarcelaciones, que alcanzan la treintena. “Tanto la Fiscalía General del Estado como la jurisprudencia en nuestro país es clara respecto a que si las penas impuestas entran dentro del nuevo rango de penas, no cabe la rebaja”, explica siempre Montero cuando es preguntada por esta cuestión.

La reforma del Código Penal que conllevó la ley eliminó el abuso y unificó todo en agresión. Para recoger en un solo tipo lo que antes estaba en dos —además de varios nuevos que antes no estaban penados—, amplió la horquilla de penas desde lo más leve a lo más grave. “Yo no puedo decidir por un juez, por suerte estamos en un Estado de derecho y los jueces siempre tienen que tener un margen de decisión”, ha afirmado la ministra, que dice que si se abrió ese rango de condenas fue para “permitir valorar proporcionalmente los hechos”.

“¿Se podría haber marcado más el camino a los jueces? A lo mejor hay quien piensa que puede hacer falta, nosotras creemos que este es un cambio profundo de paradigma”. Precisamente para marcar ese camino, a mediados de diciembre, ante el constante goteo de rebajas, el Gobierno aprovechó la reforma del Código Penal e introdujo una enmienda en la exposición de motivos —que no tiene fuerza normativa— de ese texto con la que pretendían guiar la interpretación de la aplicación de la norma.

Los expertos tuvieron sus dudas de que fuese a surtir ningún efecto y después de otro mes y medio, las reducciones se han seguido produciendo. Y mientras haya condenas que revisar, seguirá abierta la posibilidad de que continúen. Ahora, el Gobierno de coalición apura los tiempos para negociar qué cambios se harán y cómo, modificaciones en la norma que, aunque no impidan las rebajas en las penas, sí puedan “paliar” las consecuencias futuras de su aplicación.

Entretanto, el acto que Podemos ha convocado el domingo, que llevará por nombre ¿Consentiste o no? Solo sí es sí y en el que intervendrán la ministra de Igualdad, Ione Belarra, secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, y Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, no le parece apropiado a los socialistas, que lo entienden como una medida de presión con las negociaciones por la reforma de la ley del solo si es sí abiertas. “Es marca del PSOE la discreción, el trabajo silencioso y tender puentes para propiciar el acuerdo. Es como me conduzco yo y mis compañeros. Es muy importante la confianza que viene de la discreción y del trabajo silencioso sin tener que estar permanentemente trasladando siempre las discrepancias, porque cuando se hace se impide el avance en los temas de consenso. La parte socialista del Gobierno está siempre mucho más dedicada en resolver los problemas que en ocuparse de los relatos”, ha afirmado la responsable de Hacienda.