El PP pone bajo sospecha el nuevo Constitucional de mayoría progresista

El 9 de enero, cuando tomen posesión los cuatro magistrados a los que el pleno del tribunal de garantías dio el jueves el plácet por unanimidad, echará a andar el nuevo Tribunal Constitucional de mayoría progresista (siete magistrados frente a cuatro). Y lo hará bajo sospecha, según el PP, que amenaza con actuar contra dos de sus miembros: el exministro del Gobierno actual Juan Carlos Campo y la exdirectora gen...

El 9 de enero, cuando tomen posesión los cuatro magistrados a los que el pleno del tribunal de garantías dio el jueves el plácet por unanimidad, echará a andar el nuevo Tribunal Constitucional de mayoría progresista (siete magistrados frente a cuatro). Y lo hará bajo sospecha, según el PP, que amenaza con actuar contra dos de sus miembros: el exministro del Gobierno actual Juan Carlos Campo y la exdirectora general del Ejecutivo Laura Díez Bueso, ambos juristas y elegidos a propuesta del Gobierno. Su perfil es “obscenamente partidista”, según expuso el jueves Alberto Núñez Feijóo. El PP medita la opción de recurrir el acto administrativo de su nombramiento y también cuenta con la posibilidad de recusarlos en todas las deliberaciones sobre leyes del Gobierno de Pedro Sánchez que la derecha ha recurrido al Constitucional. La amenaza del PP anticipa una etapa turbulenta en el nuevo mandato del máximo intérprete de la Constitución.

El PP pone en el punto de mira a este Constitucional que tras nueve años de mayoría conservadora pasa ahora a una progresista. Los populares se agarran al perfil de dos de los magistrados, los nombrados a propuesta del Gobierno, para dudar sobre el órgano. “La imparcialidad del Tribunal Constitucional la pone en entredicho el Gobierno”, subrayan fuentes de la cúpula del PP. “Sabían que metiendo a un exministro sembraban dudas en el sistema. Lo podían haber evitado, y no han querido”, remachan.

Los populares anticipan nuevos capítulos de la batalla que libran con el Ejecutivo por la justicia, embarrada como consecuencia del bloqueo del PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde hace cuatro años. Apenas unos minutos antes de que el pleno del Constitucional confirmara el jueves por unanimidad que estos dos juristas y ex altos cargos del Ejecutivo cumplen los requisitos para convertirse en magistrados, Feijóo reclamó al Gobierno que los retirara. Después amenazó con actuar en su contra: “En el caso de que sigamos observando que estos dos nombramientos escandalosamente partidistas en el Constitucional se consoliden y se confirmen, nos reservamos todos los derechos para defender la independencia de las instituciones y para defender nuestra postura de regeneración institucional”.

Fuentes de la dirección del partido precisaron que una de las vías posibles es denunciar estos nombramientos ante las instituciones comunitarias, pero también hay fórmulas jurídicas porque el nombramiento es un acto administrativo y, por tanto, entienden que es recurrible. El recurso puede presentarse ante el Tribunal Supremo, pero este solo puede analizar los aspectos reglados, esto es, si por ejemplo el exministro de Justicia Juan Carlos Campo tiene o no los años de ejercicio requeridos para el cargo, algo que el Constitucional ya ha validado. PP y Vox recurrieron, por ejemplo, el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado tras haber sido antes ministra de Justicia, pero el Supremo inadmitió sus recursos por falta de legitimación.

El PP cuenta con la posibilidad de recusar a estos dos magistrados para apartarlos de las deliberaciones sobre leyes del Gobierno, varias de las cuales ―como la ley del solo sí es sí, la de la eutanasia o la de educación― han sido recurridas por la derecha ante el Constitucional. Fuentes del partido confirman que esta es una de las opciones a su alcance, pero esperan que Campo y Díez Bueso se abstengan de participar en esas votaciones con carácter previo.

Aunque es la primera vez que un exministro del Gobierno que lo propone recala en el Constitucional, el PP ha designado en el pasado a candidatos también muy marcados políticamente, como Andrés Ollero (2011), exdiputado popular y antiabortista declarado a quien le tocó la ponencia de la ley de plazos del aborto que nunca se llegó a aprobar; o Enrique López, ariete contra el Ejecutivo cuando fue elegido vocal del CGPJ por el PP, que entró en el Constitucional por el cupo del Gobierno de Mariano Rajoy en 2013. También Enrique Arnaldo, letrado en Cortes y jurista de cabecera de FAES, la fundación del PP, recaló en el tribunal en 2021.

Feijóo acusó el jueves al Ejecutivo de Pedro Sánchez de querer “controlar el Tribunal Constitucional”. Los populares tratan también de impedir que el magistrado Cándido Conde-Pumpido se convierta en el nuevo presidente del tribunal de garantías, aunque Feijóo evitó pronunciarse expresamente sobre su rechazo, que sí deslizó. “Evidentemente, hay candidatos que han tenido vinculaciones políticas en anteriores empleos, sí”, apuntó sobre Conde-Pumpido, fiscal general del Estado durante los dos mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero, “pero es el Tribunal Constitucional el que tiene que decidir quién es la persona adecuada para presidirlo”. A pesar de las cautelas en público de Feijóo, fuentes de la dirección han confirmado a EL PAÍS que el PP pretende evitar que Conde-Pumpido sea nombrado presidente.

Los populares han tratado también de influir en la composición del nuevo tribunal de garantías, un órgano clave para dirimir cuestiones del máximo calado político. El PP puso encima de la mesa condiciones sobre el futuro Constitucional durante las negociaciones con el Gobierno —al final fallidas— para renovar el Consejo del Poder Judicial. En esas conversaciones, el PP pretendió consensuar los aspirantes del Gobierno al Constitucional con el objetivo final de torpedear la candidatura de Conde-Pumpido a la presidencia, a quien consideran como “el brazo político de La Moncloa y de Pedro Sánchez”.

El PP sabe que el Constitucional tendrá mucho que decir en 2023, un año marcadamente electoral. Con una mayoría conservadora, el tribunal de garantías acaba de darles la razón en una polémica resolución que ha suspendido el procedimiento legislativo y ha impedido al Senado votar las dos enmiendas en las que el Gobierno progresista trataba de sortear el bloqueo a la renovación del propio Constitucional. Ahora la correlación de fuerzas del tribunal cambia, pero la batalla política amenaza con seguir siendo la misma.

En la breve reunión del pleno del Constitucional celebrado el jueves, de apenas 15 minutos, nadie hizo comentario alguno sobre el hecho de que Juan Carlos Campo hubiera sido ministro de Justicia en el actual Gobierno, ni hubo alusión a supuestas afinidades de los juristas propuestos para formar parte del tribunal. Tampoco se mencionó la posibilidad de que el exministro de Justicia y la catedrática Laura Díez, exasesora del Ministerio de la Presidencia como directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica, tengan que abstenerse en el futuro si son recusados para que no intervengan en recursos contra leyes en cuya elaboración o debate hubieran participado en razón de sus antiguos cargos. Los magistrados se limitaron a validar que ambos cumplían los requisitos técnicos que marca la ley.

El Constitucional ha restringido mucho las posibilidades de éxito de las recusaciones, modificando la doctrina que en su día sirvió a la mayoría conservadora del tribunal para apartar al exmagistrado Pablo Pérez-Tremps de la deliberación de la sentencia del Estatuto catalán. Para el rechazo de las últimas recusaciones, el Constitucional se ha valido de la tesis de que el perfil de los magistrados no solo no constituye un óbice, sino que es uno de los factores que explican que fueran elegidos, por haber ofrecido a quienes les propusieron la trayectoria y las características que deben formar parte del acervo del Constitucional. No se había dado hasta ahora, sin embargo, el escenario de que un exministro de Justicia entrase como magistrado en el Constitucional, aunque sí existen precedentes de exdiputados que formaron parte del tribunal sin que se hallara en ello materia para su recusación con el argumento de que participaron en el debate parlamentario de leyes luego recurridas.