La reforma del Código Penal sale adelante en el Congreso en medio de un gran escándalo

Varios diputados señalaron al techo, hacia los agujeros de bala que dejaron los guardias civiles que un 23 de febrero de 1981 irrumpieron en el hemiciclo del Congreso. El nombre del cabecilla de aquel golpe, el teniente coronel Antonio Tejero, resonó varias veces en la Cámara. Las menciones no fueron solo al 23-F, también a la asonada franquista que desencadenó la Guerra Civil en 1936. Las palabras “golpe” y “golpista” iban y venían, rebotaba...

Varios diputados señalaron al techo, hacia los agujeros de bala que dejaron los guardias civiles que un 23 de febrero de 1981 irrumpieron en el hemiciclo del Congreso. El nombre del cabecilla de aquel golpe, el teniente coronel Antonio Tejero, resonó varias veces en la Cámara. Las menciones no fueron solo al 23-F, también a la asonada franquista que desencadenó la Guerra Civil en 1936. Las palabras “golpe” y “golpista” iban y venían, rebotaban y salían de nuevo propulsadas de la derecha a la izquierda y de la izquierda a la derecha. Al finalizar, en medio de un griterío ensordecedor, una imagen resumió el desenlace de otro pleno que pasará a la historia reciente de las grandes broncas parlamentarias: el diputado del PP Mario Garcés hacía aspavientos con el brazo hacia la bancada socialista para simular cómo se refugiaron bajo sus escaños los entonces parlamentarios del PSOE cuando Tejero entró a tiros en el Parlamento un día de hace 41 años.

Ese fue el ambiente —el de un escándalo de proporciones monumentales, incluso para los niveles a los que ya se ha acostumbrado la Cámara— con que el Congreso consumó este jueves la aprobación de la controvertida reforma del Código Penal. Tras un procedimiento de una rapidez inaudita y una variopinta acumulación temática que levantó las iras de la derecha, además de un amago de intervención del Tribunal Constitucional (TC), el Gobierno y la mayoría que lo sostiene sacaron adelante la votación en medio de la algarabía y de un torrente mayúsculo de recriminaciones. La propuesta cosechó 184 votos a favor, 64 en contra y una abstención. PP y Ciudadanos boicotearon la votación. Vox, en cambio, participó con su no, aunque antes se había ausentado del pleno por “decencia”.

En virtud de la modificación legal, que todavía tiene que pasar por el Senado, se suprime el delito de sedición y se sustituye por otros de desórdenes públicos agravados; se rebaja a cuatro años la pena por los delitos de malversación que no comporten lucro personal y se retoca el sistema de elección de magistrados del Tribunal Constitucional para esquivar el bloqueo al que estaba sometido por los vocales conservadores del Poder Judicial. Las dos primeras de estas medidas beneficiarán a dirigentes independentistas catalanes todavía con procesos judiciales pendientes por la revuelta institucional de 2017. Para el Gobierno y sus aliados será una forma de contribuir a “restaurar la convivencia en Cataluña”. Para la derecha se ha perpetrado una reescritura del Código Penal “a la medida de los delincuentes”.

El Congreso vivió este jueves una jornada sin precedentes en la historia del parlamentarismo español desde 1978. Desde primera hora se cernía sobre la Cámara una amenaza insólita: la posibilidad de que el Tribunal Constitucional suspendiese por primera vez el trámite y la votación de una ley en la sede de la soberanía popular. El PP había solicitado al TC una medida “cautelarísima” alegando que el procedimiento exprés de la reforma había privado de sus derechos a los diputados. Los populares esgrimían que uno de los aspectos incluidos en el cajón de sastre de la propuesta, el cambio en las mayorías requeridas en el Poder Judicial para nombrar magistrados del TC, se había introducido como una enmienda que planteaba una cuestión ajena al contenido inicial de la iniciativa, la modificación del Código Penal. Durante el velocísimo trámite de la ley antes de llegar a pleno —apenas dos sesiones de la Comisión de Justicia— los servicios jurídicos de la Cámara ya habían advertido de la posible ilegalidad de esta circunstancia.

“Golpismo judicial”

En una actuación inédita, la presidencia conservadora del TC había convocado de urgencia un pleno para la mañana de este jueves con el fin de estudiar la posible suspensión de un trámite legislativo en el Congreso por primera vez desde que se aprobó la Constitución. El debate se iba a abordar en una sesión extraordinaria de la Cámara prevista para primera hora de la tarde. Antes, se celebraba un pleno ordinario que comenzó a las 9, con toda la atención de los diputados volcada en lo que podía acordar el TC. En los pasillos y en el hemiciclo se propagaba ya un “aroma a 23-F”, expresión que lanzó desde la tribuna el diputado de Compromís Joan Baldoví. PSOE, Unidas Podemos y aliados suyos como Íñigo Errejón, de Más País, o Ferran Bel, del PDeCAT, clamaban contra la “gravísima” injerencia del TC en el órgano de representación de la soberanía popular. Los más comedidos hablaban de maniobra antidemocrática. Los más indignados, de una suerte de “golpismo judicial”.

Cuando el pleno ordinario ya estaba a punto de acabar, sobre las 14,30, llegó la noticia: el TC no decidiría nada hasta el lunes. Se había despejado el camino para el Gobierno y sus aliados. Y quedaba servida una estruendosa trifulca. Al iniciarse el pleno, cerca de las 15.30, fueron tomando la palabra los portavoces de la derecha: Iván Espinosa de los Monteros, de Vox; Inés Arrimadas, de Ciudadanos, y finalmente Cuca Gamarra, del PP. Los tres exigían que se suspendiese la sesión a la espera de lo que decida el TC. La presidenta, Meritxell Batet, alegó que el tribunal no había comunicado nada oficialmente a la Mesa y que, por tanto, el trámite seguía delante. Los diputados de Vox se levantaron y se fueron.

El tono quedó marcado en la intervención inicial de Arrimadas. La líder de Ciudadanos equiparó lo que estaba sucediendo allí a la declaración de independencia en el Parlament de Cataluña. Puso a Batet al mismo nivel de la expresidenta de la Cámara catalana Carme Forcadell, condenada a prisión por su papel en aquellos días, y fue sembrando augurios que culminaron en la afirmación de que “el Gobierno va a declarar de facto la independencia de Cataluña”.

Luego habló Gamarra, entre un estrépito de voces y constantes interrupciones. Sus diputados la jaleaban y se ponían en pie para ovacionarla, sobre todo cuando denunció la ausencia de Pedro Sánchez, en Bruselas para asistir a una cumbre europea. Los socialistas y los de ERC vociferaban contra algunas de sus acusaciones. “Se han creído que la democracia son ustedes”, embistió la portavoz popular. “Están legislando para unos políticos que se creen por encima de la ley”. A continuación leyó uno a uno los nombres de los condenados por el procés.

Los dedos hacia el techo, señalando las secuelas de los tiros de Tejero y sus secuaces, salieron a relucir en las intervenciones de Jon Iñarritu (EH Bildu), de Jaume Asens (UP), Gabriel Rufián (ERC) o Josep Pagès (Junts). Aunque Vox seguía ausente, su diputado Javier Ortega Smith sí compareció para denunciar otro “golpe institucional”, en este caso de Sánchez, y proclamar la “defunción del Estado de derecho, la democracia y la Constitución”.

En una atmósfera cada vez más cargada, subió a la tribuna el socialista Felipe Sicilia. Los populares se sorprendieron de que no fuera el portavoz del grupo del PSOE, Patxi López, y prorrumpieron en aclamaciones sarcásticas: “¡Patxi, Patxi!”. Sicilia, por si las cosas no estuviesen ya suficientemente alteradas, se arrancó de esta guisa: “Hace 41 años la derecha quiso impedir un pleno y la democracia. Lo hizo con tricornios…” Antes de que acabase, prendió un nuevo alboroto en la bancada del PP. Tras una larga pausa, Sicilia retomó la palabra: “Debe de ser que Tejero era de izquierdas…”. Y remachó: “Hoy lo han querido hacer con togas”. De ahí hasta el final ya todo fue un tumulto de protestas, desaires y aspavientos, con todo el mundo empeñado en que el fantasma del “se sienten, coño” desfilase por el palacio de la Carrera de San Jerónimo, 41 años después.