Mas, Puigdemont y Junqueras piden anular la causa del ‘procés’ en el Tribunal de Cuentas

Las defensas de los investigados por el Tribunal de Cuentas por el uso irregular de fondos públicos para la organización del referéndum del 1-O de 2017 y la promoción exterior del procés independentista han solicitado la nulidad de la causa o su archivo. Así se hace constar en los escritos remitidos al órgano fiscalizador en respuesta a las demandas presentadas hace meses por la Fiscalía y por la entidad Sociedad Civil Catalana, que piden que los encausados —entre ellos, los expresidentes Artur Mas...

Las defensas de los investigados por el Tribunal de Cuentas por el uso irregular de fondos públicos para la organización del referéndum del 1-O de 2017 y la promoción exterior del procés independentista han solicitado la nulidad de la causa o su archivo. Así se hace constar en los escritos remitidos al órgano fiscalizador en respuesta a las demandas presentadas hace meses por la Fiscalía y por la entidad Sociedad Civil Catalana, que piden que los encausados —entre ellos, los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, y el exvicepresidente Oriol Junqueras— sean condenados por responsabilidad contable a reintegrar a las arcas públicas la suma que se determine como indebidamente gastada para tales fines. A juicio de la Fiscalía, dicha cantidad es de 3,4 millones de euros, y según Sociedad Civil asciende a 5,3 millones. La Abogacía del Estado se retiró el pasado enero del procedimiento. La causa afecta a 35 ex altos cargos y funcionarios de la Generalitat catalana, incluidos los dos expresidentes y el líder de ERC.

Los equipos jurídicos de los acusados mantuvieron una reunión de coordinación el pasado 10 de noviembre en la que acordaron diversas estrategias para intentar desactivar el caso, al calor del debate político sobre la propuesta de modificación del delito de malversación —aunque ese aspecto no lo mencionan en sus escritos— y a menos de un mes de la vista preliminar. Esta tendrá lugar el 16 de diciembre en la sede del Tribunal de Cuentas. Lo convenido por las defensas es cuestionar todo el expediente desde su origen, con una diversidad de planteamientos y reparto de papeles entre los abogados. En dicha vista unos letrados reclamarán que el organismo fiscalizador consulte al Tribunal Constitucional si este debe anular parte de sus propias normas de funcionamiento (que los acusados consideran irregulares) y otros solicitarán que se acepte que se ha producido en esta investigación una vulneración de derechos fundamentales y se dé carpetazo a la causa.

La condena impuesta por el Tribunal Supremo en 2019 a cuatro exmiembros del Gobierno de la Generalitat —includido Junqueras— por el delito de malversación derivó en penas de cárcel e inhabilitación, pero dejó en manos del Tribunal de Cuentas el cálculo de a cuánto ascendieron los gastos irregulares del procés. Eso dará lugar, si hay condena en este ámbito, a una multa por responsabilidad contable. Además, en la causa del órgano fiscalizador están investigados también por desvío de fondos Carles Puigdemont (que no ha podido ser juzgado en el ámbito penal porque permanece fugado desde 2017) y Artur Mas (que fue condenado por desobediencia en una causa anterior, pero no por malversación). Junto a ellos hay una treintena de ex altos cargos de la Generalitat que se enfrentan igualmente a una posible sanción millonaria.

En sus escritos ante el Tribunal de Cuentas, las defensas atacan frontalmente la causa y el desarrollo vacilante que ha experimentado. En 2017, el órgano cifró en 9,5 millones de euros los gastos irregulares. La demanda de la Fiscalía, sin embargo, los rebajó luego a una tercera parte. Los abogados prevén explotar a fondo estas aparentes contradicciones e intentar que se cierre el expediente sin llegar a juicio.

Para el caso de que la causa siga con su tramitación normal, que es lo más probable, el tribunal ya está pensando en fechas de marzo o de junio como las más convenientes para celebrar el juicio. El objetivo es evitar que coincida de pleno con procesos electorales, puesto que en mayo tendrán lugar las municipales y autonómicas, y a finales de 2023, las generales. La fijación de la fecha está en manos de la consejera Elena Hernáez —nombrada a propuesta del PP—, que presidirá el juicio. La sentencia será recurrible ante la Sala de Enjuiciamiento —en la que hay mayoría del sector progresista— y, en última instancia, ante el Supremo.

Dicha mayoría progresista de la Sala de Enjuiciamiento fue clave para que el Tribunal de Cuentas aceptara el pasado 28 de febrero los avales presentados por la Generalitat para pagar las fianzas de los investigados. Hernáez, a su vez, también presidirá la vista de cuestiones previas de diciembre próximo. En ese acto, las partes propondrán pruebas, ya sean documentales, periciales o testificales, que serán aprobadas o denegadas por la citada consejera.

En su respuesta a la demanda del fiscal y para argumentar que este expediente nunca debería llegar a ese juicio, las defensas cuestionan la legitimidad del proceso y los métodos empleados en su desarrollo, generadores, en su opinión, de indefensión. Puigdemont, defendido por el letrado Gonzalo Boye, sostiene que el Tribunal de Cuentas ha actuado con “empeño criminalizador” en busca de “responsabilidades inexistentes”. Oriol Junqueras afirma que órgano fiscalizador “no reúne los requisitos establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para ser considerado un tribunal independiente e imparcial”. Y reclama que, si el Tribunal de Cuentas quiere seguir con este expediente, plantee un conflicto de competencias al juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, donde siguen abiertas investigaciones penales relacionadas con el procés.

La defensa de Artur Mas —ejercida por el letrado y exconsejero de la Generalitat Francesc Homs, que también está investigado en este caso— sostiene que los gastos que se le imputan “no tienen relación alguna con el proceso de autodeterminación”. Por su parte, el exconsejero de Economía Andreu Mas-Colell, defendido por el catedrático de Derecho administrativo Joaquín Tornos, sostiene que no se le puede exigir responsabilidad objetiva alguna sobre los fondos empleados en la promoción de los planes independentistas en el extranjero porque su ámbito de actuación fue el económico. Su defensa alega que ocupaba el mismo cargo cuando tuvo lugar la primera consulta del 9-N y nadie le acusó entonces de tener responsabilidades contables sobre los gastos para organizarla.