El Gobierno tropieza en el Senado ante una pinza entre el PP y los independentistas

No hay nada permanente en la vida de este Gobierno, que la semana anterior salió del Congreso con su mayoría reforzada y, unos días después, ha sufrido tres patinazos seguidos en el Senado. Una imprevista coincidencia entre el PP, el independentismo catalán y algunos grupos de izquierda en la Cámara alta ha retrasado la aprobación definitiva de tres importantes leyes, la del ...

No hay nada permanente en la vida de este Gobierno, que la semana anterior salió del Congreso con su mayoría reforzada y, unos días después, ha sufrido tres patinazos seguidos en el Senado. Una imprevista coincidencia entre el PP, el independentismo catalán y algunos grupos de izquierda en la Cámara alta ha retrasado la aprobación definitiva de tres importantes leyes, la del solo sí es sí, la de ciencia y la que reforma los procesos concursales en las empresas. Entre el martes y este miércoles, el Senado ha infligido varias derrotas al Gobierno y ha aprobado enmiendas a los tres proyectos, que deberán ser examinados de nuevo en el Congreso a la vuelta del verano.

El martes había pasado ya con las leyes de libertad sexual y ciencia, y este miércoles ha vuelto a suceder con la concursal. En los tres casos, el PP y los independentistas unieron sus votos y frustraron el deseo del Ejecutivo de dejar los textos listos para su entrada en vigor antes de las vacaciones.

La última palabra sobre las leyes siempre la tiene el Congreso. Los proyectos aprobados allí pasan al Senado para una “segunda lectura” y, en caso de que sufran alguna modificación, han de retornar a la Cámara baja para su aprobación definitiva.

El Gobierno intenta a menudo evitar que los senadores introduzcan enmiendas para de ese modo agilizar la aprobación de las leyes. Y esa actitud del Ejecutivo incomoda con frecuencia a los grupos de la Cámara alta, que se quejan de que de esa forma se diluye por completo la función del Senado como foro de “segunda lectura”. La crítica volvió a escucharse en boca de varios portavoces durante el último pleno de la Cámara baja antes de las vacaciones, concluido este miércoles, y no se quedó en un simple lamento: el Ejecutivo fue castigado con una triple derrota.

El cambio más sustancial para el Gobierno fue el impuesto en la votación celebrada a última hora del martes en la ley de ciencia, que había salido del Congreso sin votos en contra. ERC y Junts per Catalunya apoyaron una enmienda del PP y retiraron del texto una disposición que Unidas Podemos había incluido en la Cámara baja y que convertía en indefinidos los contratos temporales de los investigadores. El grupo republicano había apoyado la medida en el Congreso, pero cambió de postura en el Senado alegando que supondría un importante incremento de costes para los programas de investigación de la Generalitat de Cataluña. La ministra de Ciencia, Diana Morant, expresó su contrariedad por lo sucedido y apeló a los grupos para que reconsideren su posición en el Congreso, donde no se volverá a examinar la ley hasta septiembre.

Los cambios introducidos este miércoles en la ley concursal son de mucho menor calado. Las cuatro enmiendas de Junts aprobadas se refieren únicamente a la regulación de diversos trámites administrativos en los concursos de acreedores. Contaron con el respaldo de PP, ERC y la izquierda confederal -que agrupa a Más Madrid y Compromís, entre otros-, una coincidencia que propició la derrota del Ejecutivo por un solo voto.

El más sorprendente de la sucesión de reveses gubernamentales en el Senado ha sido el de la ley de garantía integral de libertad sexual, la conocida como ley del solo sí es sí. El Gobierno estaba tan seguro de que su paso por la Cámara alta sería un mero trámite para ratificarla que la ministra de Igualdad, Irene Montero, acudió el martes al pleno para saludar allí la aprobación de este “paso decisivo” en la lucha contra la violencia sexual. El imprevisto llegó con una enmienda prácticamente irrelevante de Junts, que se limita a corregir el género de una palabra empleada en el preámbulo del texto. La propuesta contó con el apoyo de PP, ERC, Ciudadanos e izquierda confederal, lo que mandó la ley de vuelta al Congreso para su aprobación en septiembre.

Feijóo se equivoca al votar

El Ejecutivo sí logró superar sin problemas la aprobación definitiva de la reforma exprés de la ley del poder judicial que pretende facilitar la renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, cuyo mandato ha caducado. En este caso también hubo sorpresa, aunque en el bando político contrario y sin ninguna trascendencia práctica: el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, votó por equivocación a favor de una iniciativa durísimamente criticada por su partido.

El debate del texto permitió asistir a una lección sobre la independencia judicial a cargo de un senador del PP con gran experiencia en la materia, Fernando de Rosa, cuya trayectoria ha sido un constante ir y venir entre la política y los tribunales: de juez pasó a consejero de Justicia con el Gobierno del popular Francisco Camps en Valencia; luego ejerció de vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP; regresó en 2015 a la magistratura para presidir la Audiencia Provincial de Valencia y, cuatro años después, retornó a la política como senador.

Con semejante bagaje, De Rosa no tuvo empacho en denunciar que el PSOE pretende “ocupar” el Tribunal Constitucional. Es más, calificó de “fraude” los nombramientos como fiscales generales del Estado de Dolores Delgado y su ahora sustituto, Álvaro García Ortiz, en el primer caso por haber sido antes ministra de Justicia y en el segundo, por haber asistido en una ocasión a un debate organizado por el PSOE gallego.