Villarejo: “Tengo un tema de la hostia contra Podemos”. Cospedal: “Es una bomba. Yo eso sí lo quiero”

El 24 de junio de 2017, el comisario José Manuel Villarejo escribió en su agenda: “La posverdad ―la mentira―, algo que no ha ocurrido, pero que se presenta como cierto para dañar a otro”. Un mes y medio antes, el 5 de mayo, hablaba con María Dolores de Cospedal, entonces ministra de Defensa y secretaria general del PP, del denominado informe PISA (Pablo Iglesias S. A.), un documento fabricado en 2016 por la llamada policía patriótica y filtrado a la prensa para divulgar la idea falsa d...

El 24 de junio de 2017, el comisario José Manuel Villarejo escribió en su agenda: “La posverdad ―la mentira―, algo que no ha ocurrido, pero que se presenta como cierto para dañar a otro”. Un mes y medio antes, el 5 de mayo, hablaba con María Dolores de Cospedal, entonces ministra de Defensa y secretaria general del PP, del denominado informe PISA (Pablo Iglesias S. A.), un documento fabricado en 2016 por la llamada policía patriótica y filtrado a la prensa para divulgar la idea falsa de que el dirigente de Podemos había recibido dinero ilegal de la dictadura iraní. “Hicieron la mierda esa del informe PISA, que eso es basura, y con eso lo vacunaron”, le dijo Villarejo a Cospedal en una de las múltiples conversaciones que mantuvieron y que el comisario grabó. La policía incautó este material en el registro de las propiedades de Villarejo, pero no se ha incorporado aún a ninguna de las casi 30 piezas separadas del caso Tándem.

La conversación resume una manera de hacer contra Podemos que se extendió durante el mandato de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior.

El comisario explica a Cospedal que la operación policial para acusar a Pablo Iglesias de haber cobrado grandes cantidades de dinero del régimen venezolano a través de una cuenta bancaria en Islas Granadinas resultó un fiasco.

El comisario nunca aportó pruebas de esos vínculos ni hubo investigación judicial que acreditara nada parecido contra Podemos y sus dirigentes.

Aquel no fue un caso aislado. Desde su nacimiento en 2014, Podemos y sus principales líderes han sido objeto de una campaña de difamación política y judicial orquestada desde las cloacas del Estado del Ministerio del Interior durante el mandato del Gobierno de Mariano Rajoy. Esta estrategia de desprestigio ha contado con la participación de determinados medios de comunicación que difundieron información falsa facilitada por la policía patriótica sobre el partido morado.

La primera anotación del comisario en sus diarios sobre esta cuestión aparece a los pocos meses de que el partido comenzara sus andanzas, en agosto de 2014. Acababan de irrumpir en el Parlamento Europeo con cinco escaños y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) los situaba como tercera fuerza política en España. Entre los interlocutores de Villarejo aparecen periodistas y altos cargos de la política y la policía, como José Luis Olivera, entonces jefe del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado), y Paco Martínez, número dos de Interior. El rastro continúa a lo largo de 2015. “Le interesa todo sobre Podemos. Quedó en hacer gestiones”, apunta el comisario sobre una conversación con Jero.

En diciembre de 2015, Podemos entra en el Congreso con 69 escaños, su mejor resultado en solitario. Entonces, las maniobras se intensifican y en 2016 comienzan a multiplicarse las denuncias y las causas judiciales, todas archivadas en la actualidad, excepto una línea de investigación secundaria basada en la denuncia de extrabajadores de Podemos que fueron despedidos por diversas causas.

Un año antes de su conversación con Cospedal, Villarejo ya había admitido que la información sobre Podemos contenida en el Informe PISA, publicado cuatro meses antes, era falsa.

El comisario se refiere a una información sobre un supuesto pagó del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro a Pablo Iglesias a través de la cuenta de un banco situado en un paraíso fiscal. La Audiencia Nacional archivó hace 10 días la última investigación abierta por la supuesta financiación irregular de Podemos. Es el episodio más reciente de un largo camino que ha mantenido a la formación atada a los tribunales durante ocho años.

El falso informe PISA

El 12 de enero de 2016, el digital Ok diario publicó un informe policial sin firma ni sello que denunciaba la presunta financiación ilegal de Podemos. El documento, conocido con las siglas PISA (Pablo Iglesias S. A.), aseguraba que Irán había pagado “cerca de dos millones de euros” al líder de la formación y a su entorno a través de distintas sociedades instrumentales y la empresa audiovisual 360º Global Media. Esta corporación era la productora del programa Fort Apache, dirigido y presentado por Iglesias hasta la creación de Podemos.

Dos meses después, la UDEF —unidad encargada de investigar los delitos económicos y fiscales— remitió el informe PISA al Tribunal de Cuentas para que revisara la financiación del partido, pero este renunció a abrir un expediente al no hallar ningún dato “destacable”. En abril, el pseudosindicato Manos Limpias utilizó el mismo documento para denunciar a Podemos ante el Tribunal Supremo. El organismo, pocos días después y de acuerdo con la petición de la Fiscalía, también lo archivó al considerar que la denuncia partía “exclusivamente de noticias periodísticas”, sin aportar prueba alguna “de la realidad de los hechos”. “La mera publicación de informaciones en los medios de comunicación no puede justificar sin más la apertura de un procedimiento penal para la investigación de los hechos descritos”, argumentó en el escrito.

Para entonces, tanto el documento como su traslado a distintas instancias judiciales había generado titulares y copado portadas en numerosos medios de comunicación. A pesar del contundente escrito del Alto Tribunal, la intención de vincular a Podemos con fondos iraníes no cesó y volvieron a ser denunciados ante un juzgado de Zaragoza por la formación política Unión Cívica Española-Partido (UCESP). El tribunal remitió la querella por financiación ilegal, blanqueo de capitales y delito fiscal a la Audiencia Nacional. De nuevo, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento de la causa al no apreciar delito ni prueba alguna. Finalmente, el magistrado Alejandro Abascal archivó la causa y calificó la querella como “un conjunto desordenado de reproducciones de noticias publicadas en la prensa”. “No consta el más mínimo sustento documental o de otro tipo que acredite su existencia o un posible delito”, aseveró el escrito respecto al presunto delito de blanqueo.

Aunque nunca se ha probado quién redactó el falso informe, vinculado a la policía patriótica que operó durante el mandato de Jorge Fernández Díaz en Interior, Villarejo le atribuyó la autoría a uno de sus miembros, el inspector José Ángel Fuentes Gago, imputado en el caso Tándem. Según documentos oficiales y una grabación difundida en 2019, Fuentes Gago viajó a EE UU por orden de Fernández Díaz para brindar protección al exdirigente venezolano Rafael Isea a cambio de que este facilitara datos contra Pablo Iglesias. “Si nos ayuda a que Podemos no llegue al Gobierno, mejor para todos”, le llegó a decir el policía al exdirigente venezolano. Isea denunció más tarde que le habían utilizado y habían puesto en riesgo a su familia.

El falso montaje sobre la financiación ilegal de Venezuela

Tres meses después de ese episodio y solo tres días antes de que se convocaran elecciones generales como consecuencia del bloqueo en la formación de Gobierno, el digital Ok diario publicó una supuesta factura que acreditaba que el dirigente de Podemos había recibido un pago de 272.000 dólares (229.000 euros al cambio) del Gobierno de Venezuela en un paraíso fiscal. El supuesto ingreso se había producido el 11 de marzo de 2014, el mismo día que el partido se había inscrito para concurrir a las elecciones europeas de ese año. Iglesias habría recibido la suma de dinero en una sucursal del banco Euro Pacific Bank de las islas Granadinas.

El 12 de mayo, un particular interpuso una querella contra Pablo Iglesias en el Tribunal Supremo, que archivó la causa el 8 de julio. En su escrito, el Supremo consideró que no se ofrecía ninguna prueba que avalase “razonablemente” la “posible comisión” de un delito. Recuperando la argumentación esgrimida en el archivo de la investigación por el informe PISA, la Sala expuso: “La circunstancia de que los hechos relatados por el denunciante se sustenten en el contenido de informaciones periodísticas publicadas en el periódico digital Ok diario, sin aportar ningún dato objetivo adicional, del que el denunciante haya podido tener conocimiento, y que permita su encaje en algún tipo penal, no puede cumplir esta función”.

El mismo mes de mayo, Vox también recurrió a los tribunales e interpuso una denuncia contra Iglesias ante un juzgado de Madrid por esta publicación. El tribunal desestimó remitirlo al Supremo y alegó que el partido se limitaba a “narrar unos hechos” sin aportar pruebas del supuesto delito.

La entidad bancaria negó en un comunicado la veracidad de los documentos publicados en el diario. El ciudadano venezolano que aportó las supuestas pruebas no acreditadas de la transferencia, Carlos Alberto Arias, declaró más tarde que llevaba trabajando como “informador” de la policía española desde febrero de 2016. Un mes antes de la publicación de la noticia, Arias había recibido un permiso temporal de residencia en España firmado por el número dos de Interior, que le había concedido la autorización de un año por “circunstancias excepcionales” debido a “razones de colaboración con las autoridades policiales”.

Villarejo también admitió la falsedad de este documento a varios periodistas durante una conversación en mayo de ese año: “El papel es chungo, ¿eh?”.

Caso ‘Dina’

Dina Bousselham, exasesora de Podemos en el Parlamento Europeo cuando obtuvieron cinco diputados en su primer resultado electoral, denunció el robo de su teléfono móvil el 1 de noviembre de 2015. Un mes después, la formación saltó al Congreso de los Diputados como tercera fuerza con 69 diputados.

Con el futuro Gobierno por decidir, la tarjeta de memoria del móvil de Bousselham llegó en un sobre sin remitente a la revista Interviú en enero de 2016. El presidente del Grupo Zeta, al que pertenecía dicho medio que ya cerró, le entregó la tarjeta a Pablo Iglesias, al ser el líder del partido, quien tardó meses en devolvérsela a su asesora. Pero una copia de esa tarjeta también fue a parar a las manos de Villarejo. El excomisario se la pidió a uno de los periodistas de Interviú porque, según aseguró, sus jefes del Ministerio del Interior estaban interesados en obtener información de la tarjeta.

En esos días, el expolicía anotó en su agenda varios encuentros con periodistas de distintos medios. Algunos de ellos publicaron, muy poco tiempo después, las partes más perjudiciales para Iglesias del contenido guardado en el móvil de Bousselham.

Como consecuencia, en junio de ese mismo año, el juez García-Castellón de la Audiencia Nacional, abrió una pieza separada en el caso Tándem —que juzga las corruptelas de Villarejo—. Los dos periodistas de Interviú que dieron la tarjeta de la exasesora fueron imputados por un delito de revelación de secretos contra el entonces líder de Podemos.

Tras varios años de instrucción, el juez dio un giro radical a la causa y retiró a Iglesias la condición de víctima para después solicitar su imputación al Tribunal Supremo —pues estaba aforado como diputado de las Cortes—. Pasó de ser perjudicado en la causa con la filtración del contenido de la tarjeta, a que el magistrado lo acusara de haber facilitado dichos documentos guardados a los distintos medios de comunicación. Todo ello, a pesar de que las publicaciones dañaban la imagen pública de Iglesias.

García-Castellón lo acusó de un delito de revelación de secretos, para el cual se necesitaba que la afectada, Bousselham, denunciara a Iglesias, algo que negó en numerosos escritos, pero que no puedo hacer antes de esa fecha ante el juez porque este no la citó a declarar.

El magistrado también le imputó los delitos de denuncia falsa, simulación de delito y daños informáticos, ya que la tarjeta que facilitó el entonces vicepresidente llegó dañada. Según la teoría del magistrado, nunca acreditada por las pruebas, la formación política había tramado un plan para atribuir la desaparición del teléfono y la publicación de su contenido a la policía patriótica, y obtener así rédito electoral al hacerse pasar por víctimas de la trama. En el escrito, afirmó que el partido quiso vender el suceso “como un encargo realizado por el Gobierno del PP al comisario jubilado Villarejo para publicar en el digital Ok diario [uno de los medios en los que se difundió el contenido de la tarjeta robada], en el contexto de una campaña para perjudicar a Iglesias y, por ende, a Podemos”.

Sin embargo, el Tribunal Supremo, de acuerdo con lo solicitado por la Fiscalía, rechazó imputar al exvicepresidente y devolvió la causa a la Audiencia Nacional. El auto desmontó, una a una, las acusaciones por cada uno de los delitos que García-Castellón atribuyó al que fuera vicepresidente. Además, lo emplazó a citar a declarar a la exasesora del partido.

El testimonio de ‘El Pollo’ Carvajal reabre la investigación por financiación irregular

Cinco años después de que el juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal archivara la causa contra Podemos por financiación ilegal, el magistrado Manuel García-Castellón, del mismo tribunal, la reabrió en octubre de 2021 para llamar a declarar a Hugo Armando Carvajal, exjefe de la contrainteligencia venezolana hasta 2014.

El conocido como Pollo Carvajal —encarcelado en España desde septiembre del año pasado a la espera de ser extraditado a EE UU— acusó a la formación de izquierdas de haber recibido dinero del Gobierno venezolano, y declaró ante el juez que aportaría los documentos que lo probaban. Sin embargo, la Sala de lo Penal del mismo tribunal aceptó el recurso de la Fiscalía sobre esas averiguaciones, que consideraba prospectivas, e hizo suya la argumentación. García-Castellón ha archivado la última causa abierta contra el partido la semana pasada.