El pacto de Estado de Sánchez choca con más exigencias de la oposición

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planteó este lunes un reto político de país al resto de fuerzas políticas: “¿Qué más tiene que ocurrir para dejar a un lado rencillas y sectarismos y sumar fuerzas?”, preguntó el presidente de Gobierno en la presentación del plan de Estado de 6.000 millones de euros para responder a la crisis energética agravada por la guerra en Ucrania. Y los partidos representados en el Con...

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planteó este lunes un reto político de país al resto de fuerzas políticas: “¿Qué más tiene que ocurrir para dejar a un lado rencillas y sectarismos y sumar fuerzas?”, preguntó el presidente de Gobierno en la presentación del plan de Estado de 6.000 millones de euros para responder a la crisis energética agravada por la guerra en Ucrania. Y los partidos representados en el Congreso de los Diputados, a derecha e izquierda, respondieron con disposición a hablar, pero con muchos recelos y exigencias contrapuestas.

El Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos sí se ha mostrado esta vez unido en su valoración del acuerdo, logrado tras una maratoniana sesión de trabajo interno el domingo que acabó a las 8.30 de la mañana de este lunes. En ella, los socios buscaron cuadrar reivindicaciones lo más progresistas posible, pero sin acometer ni más subidas ni bajadas de impuestos que espanten a más posibles socios de todo el arco parlamentario. El PP expresó su “máxima disposición” a colaborar, pero si se le ofrecen más detalles. PNV, ERC, EH Bildu y Más País, los aliados habituales desde la investidura, reclaman más diálogo y más mejoras sociales.

El Gobierno aprobará hoy en Consejo de Ministros el real decreto con medidas excepcionales y urgentes para paliar esta crisis exacerbada por la guerra de Vladímir Putin contra Ucrania. El presidente avanzó este lunes sus líneas maestras ante la cúpula empresarial del Ibex en un desayuno informativo en Madrid. El miércoles habrá un largo debate parlamentario, que mezclará las soluciones adoptadas la semana pasada en el Consejo de la UE con el polémico giro en política exterior sobre el conflicto del Sáhara. Y luego el Ejecutivo tendrá un mes para convalidar esas actuaciones anticrisis pactadas bilateralmente entre el PSOE y Unidas Podemos con más fuerzas políticas en el Congreso. Serán semanas determinantes para comprobar cómo se decanta el futuro de la legislatura, como han advertido varios de los socios de investidura, que llevan tiempo avisando de que hacen falta políticas “más valientes” para diferenciarse de las respuestas de otros gobiernos anteriores de centro derecha y para espantar el temor de un mayor crecimiento de las soluciones populistas de Vox.

El presidente Sánchez pidió de nuevo este lunes “unidad nacional”, como en su primer discurso tras la invasión de Ucrania, y se encontró con muchos matices en la réplica. Ahora tendrá el desafío de conjugar en un mes el plan con las exigencias de la oposición.

El sector socialista del Gobierno sí efectuó ya gestos políticos el mismo domingo. Primero, cuadró una serie de iniciativas con la delegación negociadora de Unidas Podemos. A última hora de esa noche, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, telefoneó a la portavoz y coordinadora nacional del PP, Cuca Gamarra, y luego al portavoz nacional de Ciudadanos, Edmundo Bal.

Bolaños no les ofreció de nuevo ningún papel o documento de trabajo, ni prometió las bajadas de impuestos que el PP creía que debía plasmarse tras el acuerdo suscrito hace unas semanas por el Gobierno con los presidentes autonómicos en la Conferencia de la isla de La Palma. La charla apenas duró unos minutos. Duró tan poco que el nuevo líder in pectore del PP, el gallego Alberto Núñez Feijóo, se quejó este lunes de que apenas tenían más datos o detalles que los aportados por las informaciones periodísticas.

El nuevo PP de Feijóo, en cualquier caso, tampoco desechó la posibilidad de sumarse al pacto. Gamarra, que es ahora la interlocutora oficial de los populares en estos contactos, quiso dejar este lunes la puerta abierta a una hipotética colaboración, aunque también expresó su queja sobre que las medidas avanzadas llegan ya “tarde para los españoles” y también reprochó la falta de información precisa.

El PP, eso sí, quiso anticipar una voluntad de acuerdo inédita en la etapa anterior de Pablo Casado. “Tenemos máxima disposición a dialogar, máxima disposición a apoyar medidas que creemos que son necesarias, bajadas de impuestos o racionalización del gasto público, y en ese sentido es importante tener conocimiento del borrador del real decreto para podernos posicionar sobre el mismo”, manifestó Gamarra en una rueda de prensa en la sede nacional de la calle Génova 13 de Madrid, donde presentó el calendario de trabajo del congreso del PP del próximo fin de semana en el que se formalizará el cambio de líder.

La coordinadora general subrayó en ese punto, además, el mensaje de responsabilidad de su partido en un momento tan crucial: “Somos perfectamente conscientes de que España necesita que estemos a la altura de las circunstancias. Nos hemos mostrado siempre dispuestos a arrimar el hombro para dialogar y apoyar medidas que sean concretas, inmediatas y suficientes”. Fuentes de su entorno aseguran además que no condicionan el sí del PP a ninguna cuestión concreta, ni siquiera a la bajada de impuestos que los populares están reclamando.

Casi al mismo tiempo, desde Galicia, Feijóo matizó la predisposición del PP a apoyar el plan: no ve las bajadas de impuestos prometidas, cuestionó el éxito europeo del presidente al no lograr ya limitar que el precio del gas marque el de todo el mercado energético y le endosó toda la culpa del “brutal” nivel actual de la inflación y el coste de la cesta de la compra. Y añadió que, pese a todo, estudiarán y analizarán bien la propuesta cuando se conozca en su totalidad.

A los reparos del PP, similares a los que resumió Edmundo Bal por parte de Cs, se agregaron por el ala izquierda los socios habituales del Ejecutivo, aunque no en esta ocasión públicamente los de las principales miembros del Gobierno de Unidas Podemos. Tanto Yolanda Díaz, que encabezó el domingo hasta la madrugada la negociación interna, como los dirigentes Ione Belarra o Nacho Álvarez, sí aprovecharon para destacar que las mejoras sociales consensuadas relativas a la subida un 15% del Ingreso Mínimo Vital, la prolongación de los ERTE, el endurecimiento de los despidos, el tope del 2% para incrementar los alquileres o la ampliación del bono social se habían logrado gracias a su presencia y presión en el Gobierno.

Yolanda Díaz y Pedro Sánchez desencallaron con una llamada, en la tarde del domingo, los escollos en los que tropezaban sus negociadores: limitar por primera vez el precio de los alquileres y cómo y a qué empresas se aplican los ERTE y las trabas para los despidos.

Unidas Podemos, como ERC, EH Bildu o Más País, habrían querido más y pretenden continuar la negociación con sus ideas para reducir los beneficios millonarios de las eléctricas o con iniciativas “menos coyunturales y más estructurales” de reforma del mercado eléctrico.

Reformas estructurales

Todas esas formaciones, y particularmente el PNV, evidenciaron su malestar con lo poco y tarde que el Ejecutivo ha hablado con ellos hasta ahora. El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, fue uno de los primeros en mostrar esa queja: “Contactar. Estrictamente eso: contactar. Hemos tenido una conversación telefónica de cinco minutos hoy lunes a la mañana. Ahora estoy informándome a través de los medios sobre lo que ha explicado el presidente en su conferencia”.

El mensaje fue muy similar por parte de ERC, Bildu o Más País, que reconocieron que el plan de Sánchez recoge algunas de sus propuestas, pero entienden que “hay muchas medidas que son coyunturales cuando esta crisis va a durar mucho más allá que hasta junio y, por lo tanto, deberían de ser más estructurales, como por ejemplo de todo el sector eléctrico”. En ERC echan en falta el impuesto extraordinario a las grandes empresas eléctricas (que tuvieron unos beneficios millonarios el año pasado) y el control y la gestión pública de las hidroeléctricas. Bildu consideró “positivo” que el Ejecutivo no haya optado por una rebaja generalizada de impuestos, como pedía la derecha, “porque eso tendría consecuencias directas en las políticas públicas a través de recortes”.

Todas esas formaciones esperarán a próximos días y contactos para decantar su voto cuando el decreto llegue al Congreso.