Nacho Álvarez: “Estos Presupuestos deben servir para desplegar el acuerdo de coalición”

El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez (Madrid, 44 años), cree que los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) deben ser un punto de inflexión que permita “desplegar el acuerdo de coalición”. De formas pausadas y reacio a los titulares estridentes, el responsable de Economía de Podemos participa en una negociación con el socio de Gobierno sin “líneas rojas”, aunque advierte de que los acuerdos “han de cumplirse”. La ...

El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez (Madrid, 44 años), cree que los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) deben ser un punto de inflexión que permita “desplegar el acuerdo de coalición”. De formas pausadas y reacio a los titulares estridentes, el responsable de Economía de Podemos participa en una negociación con el socio de Gobierno sin “líneas rojas”, aunque advierte de que los acuerdos “han de cumplirse”. La subida desorbitada de la electricidad se ha colado en el debate de las cuentas para 2022.

Pregunta. PSOE y Podemos reconocen que el precio de luz es un problema prioritario, pero no se ponen de acuerdo con las medidas a aplicar. ¿Estarían dispuestos a apoyar las propuestas que barajan los socialistas como la prórroga de la reducción de impuestos o que haya subastas alternativas?

Respuesta. El presidente [Pedro Sánchez] ha fijado un compromiso que es firme, a finales del 2021 se pagará lo mismo que se pagaba en 2018, y para eso hacen falta tres cosas. En primer lugar, acelerar algunas de las medidas que ya ha adoptado el Gobierno. Me refiero a los anteproyectos de ley que reducen la retribución de las empresas del sector y crean el fondo de sostenibilidad del sistema eléctrico, que van a sacar unos 8.000 millones de euros de la factura de los consumidores. Esto podría adoptarse con una fórmula de real decreto ley para que el trámite parlamentario no retrase lo que es una urgencia. En segundo lugar, efectivamente, es necesario prolongar la bajada del IVA en la factura eléctrica que se adoptó hace unos meses y mantenerla más allá de fin de año. Pero en tercer lugar y más importante, es el momento de aprobar una reforma del mercado eléctrico. Estas medidas por sí solas no bastan. No podemos remunerar a todas las tecnologías al mismo precio cuando estas tienen costes de generación tan dispares y, además, particularmente en el caso de la hidroeléctrica y la nuclear, los precios se alejan tanto de los costes de generación. Este es el problema de fondo que hay que resolver.

P. ¿Ve factible el recorte permanente de impuestos que ha propuesto el PP?

R. Insisto, este Gobierno ya ha hecho un esfuerzo reduciendo el IVA en la factura eléctrica y eliminando el impuesto de generación. En este momento España es de los cinco países de Europa que menos IVA tienen en la factura eléctrica y, por lo tanto, lo importante en este caso en el ámbito del debate eléctrico no es tanto hablar de la fiscalidad, sino hablar de que la sobrerretribución de las empresas debe verse reducida.

P. Sánchez ha descartado la creación de la empresa pública de energía que ustedes han registrado en el Congreso, aunque Ribera no ha sido tan tajante. ¿Van a seguir insistiendo?

R. La propuesta de empresa pública que planteamos ha de entenderse en el marco de la reforma del sistema eléctrico que hemos hecho. Es una parte de esa propuesta. Y a nosotros nos parece esencial. Recuperar las concesiones hidroeléctricas a medida que éstas vayan venciendo y ponerlas al servicio del interés general evitaría precisamente que las estrategias de embalsado y turbinado de las empresas alteren de forma artificial los precios de la electricidad y especulen en el mercado mayorista.

P. ¿Hasta qué punto el precio de la luz forma parte de la negociación de los PGE?

R. Creo que todo el mundo entenderá que cuestiones esenciales como el precio de la factura eléctrica, la ley de vivienda, el ingreso mínimo vital o el salario mínimo interprofesional formen parte de la negociación de presupuestos. Nosotros no acudimos a la negociación con líneas rojas, pero hay cuestiones cruciales.

P. En octubre del año pasado se llegó a un acuerdo para llevar en cuatro meses al Congreso una ley de vivienda que regulase el precio de los alquileres y esto no ha sucedido. ¿Van a exigir que se cumpla lo pactado?

R. Insisto, a mí no me gusta hablar de líneas rojas en una negociación, sino de avanzar en garantizar el cumplimiento de los acuerdos previos y, muy en particular, del acuerdo de coalición, que es el que rige la hoja de ruta de este Gobierno.

P. ¿Pero qué credibilidad puede tener un nuevo acuerdo si el del año anterior no se ha cumplido?

R. Lógicamente, los acuerdos han de cumplirse. Lo venimos exigiendo día a día y no vamos a dejar de hacerlo.

P. ¿Cuáles son las prioridades de Unidas Podemos en estos PGE?

R. Estos Presupuestos tienen que ser un punto de inflexión y deben servir para iniciar una nueva etapa que no sólo consolide la reconstrucción de nuestra economía tras la pandemia y apuntale la creación de empleo, sino también, y sobre todo, que permita en la segunda mitad de la legislatura desplegar verdaderamente el acuerdo de coalición. Ese es el objetivo central de estos PGE. Ahora vamos a poder hacer frente a problemas de fondo que estaban en nuestra economía antes de la pandemia: la desigualdad, la temporalidad en el empleo, la suficiencia de las pensiones o la propia transición ecológica. Estos Presupuestos tienen que servir para que el escudo social que se ha construido durante la crisis se transforme y dé paso a una nueva etapa de derechos sociales permanentes. Los ERTE, el bono social que evite cortes de suministro o una política que frene los desahucios han llegado para quedarse.

P. ¿En qué partidas pone el foco UP?

R. Las pensiones mínimas son una cuestión clave. El poder avanzar en una prestación universal de crianza es esencial. La mejora del IPREM, un indicador que sirve para como referencia para las políticas sociales, también. O los programas del Ministerio de Igualdad para seguir trabajando por la igualdad y por la corresponsabilidad de cuidados. Hay muchos temas en la negociación. Dejemos que siga su curso.

P. ¿Se van a abordar medidas fiscales en los Presupuestos?

R. No podemos hablar sistemáticamente de un Gobierno que pretende reducir las desigualdades sociales y reforzar el Estado del bienestar si al mismo tiempo eso no se corresponde con un reforzamiento de la fiscalidad en este país. Las palabras son palabras y se las lleva el viento si no vienen acompañadas de hechos. Hay una comisión de expertos que está trabajando y que producirá resultados en los próximos meses. Pero esto no debe ser una excusa para no seguir dando pasos, igual que dimos el año pasado, en el cumplimiento del acuerdo de coalición, que marca una hoja de ruta en materia fiscal muy clara. Y yo diría que además hay que empezar por donde están más sólidos los consensos, como el impulsado por el propio Gobierno de Estados Unidos y refrendado en el marco de la OCDE por más de 130 países para fijar un tipo mínimo efectivo del 15% en el impuesto de sociedades, para evitar que las grandes empresas utilicen los distintos instrumentos de elusión fiscal con el fin de pagar menos impuestos. Nada nos impide que este consenso internacional que estaba en el acuerdo de coalición se lleve ya al cuerpo de estos PGE y forme parte de nuestra legislación a partir de enero. Además, todas las propuestas contempladas en el pacto forman parte de la negociación.

P. ¿Se contemplan mejoras del Ingreso Mínimo Vital en los PGE?

R. La negociación presupuestaria está vinculada a la propia negociación abierta en estos momentos en el trámite parlamentario y que se está haciendo con el objetivo, desde nuestro punto de vista, de facilitar la inclusión de hogares que no han podido entrar en esta prestación. Son muchos los que, aun teniendo niveles de renta y patrimonio por debajo de los umbrales que marca la ley, no han podido acceder a esa prestación por motivos de diseño de la unidad familiar. Es crucial poder utilizar los ingresos del año en curso para facilitar un acceso a la prestación lo más ágil posible.

P. ¿Hay consenso en el Gobierno para aprobar la ley de diversidad familiar y apoyo a las familias?

R. Esta ley va a estar lista a finales de año y esperamos poder llevarla al Congreso a principios del que viene. Tiene dos dimensiones muy relevantes. En primer lugar, va a reconocer la propia realidad social española. Las familias en España han cambiado y todas merecen un reconocimiento jurídico en el marco de la diversidad que en este momento existe. Pero además, yo diría que es clave poder avanzar en una prestación universal de crianza que mejore la igualdad de oportunidades para las niñas y para los niños en este país. Buena parte de los países de nuestro entorno tienen prestaciones de este tipo. La propuesta es que se perciba durante el tiempo en el que los menores sean menores, aunque la entrada en vigor tiene que ser progresiva y se iniciaría por el tramo de 0 a 3 años.

P. Usted fue quien trasladó personalmente a Interior la posición —crítica— de Derechos Sociales cuando comenzaron las repatriaciones en Ceuta. ¿Cree que Marlaska debe seguir al frente del Ministerio después de que el juzgado haya paralizado las devoluciones?

R. Yo no me voy a pronunciar sobre una decisión que es del presidente, pero lo que sí quiero dejar claro es que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha defendido siempre que cualquier proceso de reagrupación familiar debe contar con un procedimiento que asegure los derechos de la infancia y que sea capaz de velar por el interés superior del menor. Y en esto, la Ley de Protección Jurídica del Menor es muy clara. En los casos en los que los menores desean regresar con sus familias, esta reagrupación familiar debe garantizarse conforme a lo que dice la ley, pero no podemos olvidar que hay muchos casos en donde pueden verse conculcados derechos fundamentales de los menores, y en esos las administraciones públicas españolas tenemos la obligación de velar por el interés superior de esos niños y niñas.

P. La devolución se va a demorar unos meses. En un principio se les dio una solución de emergencia y las condiciones de acogida en las que están no son las idóneas. ¿Está trabajando el ministerio con las autoridades ceutíes para buscar soluciones?

R. Este Gobierno no ha dejado de trabajar en esa dirección desde el principio de la crisis. No sólo se ha reforzado financieramente a la Ciudad Autónoma de Ceuta para hacer frente a esta situación y se han transferido fondos específicos con carácter finalista para la atención a menores, sino que, desde la primera semana, este ministerio convocó al Consejo Territorial para proceder a un reparto de los menores que ya estaban siendo atendidos por Ceuta. Y hubo un compromiso solidario, muy sólido por parte del conjunto de las comunidades autónomas para acogerlos. Desde la Dirección General de Infancia se ha trabajado con ellas para que este traslado sea lo más rápido posible.

P. Pero los que están en Ceuta siguen hacinados.

R. La Administración General del Estado ha trabajado para garantizar los medios financieros, humanos y materiales necesarios para que estos menores se integren con toda la facilidad posible en el sistema de servicios sociales de la Ciudad Autónoma.

P. Cuando hay una crisis de este tipo, golpea específicamente al territorio de llegada. Vista la saturación de los servicios, ¿es sostenible el modelo actual de gestión de la acogida de menores, que es competencia de cada comunidad?

R. Creo que es necesario, y en ese sentido hemos trabajado en el Consejo Territorial con las comunidades autónomas, avanzar hacia un modelo de mayor solidaridad del resto de comunidades. No puede ser que el problema sea solo de aquellas que son frontera sur y que reciben la llegada de menores, sino que esta es una realidad a la que debemos enfrentarnos conjuntamente. Y por eso hemos propuesto un mecanismo de reparto, con una serie de criterios que lo garanticen en el conjunto de las comunidades.