El Gobierno y el PP se amenazan mutuamente con llevar a Europa sus diferencias sobre el Poder Judicial

El Gobierno y el PP se han enzarzado este miércoles de nuevo sobre el funcionamiento y la renovación pendiente de órganos institucionales clave como el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial. El PP ha comenzado el duelo en la sesión de control del Congreso recriminando al Ejecutivo que no respete los informes de su principal órgano consultivo para imponer sus “cacicadas”, como ...

El Gobierno y el PP se han enzarzado este miércoles de nuevo sobre el funcionamiento y la renovación pendiente de órganos institucionales clave como el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial. El PP ha comenzado el duelo en la sesión de control del Congreso recriminando al Ejecutivo que no respete los informes de su principal órgano consultivo para imponer sus “cacicadas”, como la polémica reciente sobre el método de reparto de los millonarios fondos europeos, y se apropie del “correctivo” impuesto por Bruselas para “intervenir la justicia española” ante los intentos de modificar el método de elección del Poder Judicial. La vicepresidenta Carmen Calvo ha reprochado al PP sus intromisiones pasadas y su reciente bloqueo en el Poder Judicial y ha avisado de que el Ejecutivo también podría viajar por Europa para denunciar que los populares no asumen la legitimidad de Gabinete actual salido de las urnas.

La portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, abrió la sesión ―sin la presencia de presidente Pedro Sánchez por su participación en Andorra en la cumbre iberoamericana― con una pregunta sobre las razones del Gobierno para ignorar las recomendaciones de un informe del Consejo de Estado sobre la gestión de los fondos europeos para recuperar la economía tras la crisis de la pandemia. El Consejo planteó una serie de medidas que el PP denuncia que fueron ignoradas en favor de “la arbitrariedad” y “las cacicadas” a la hora de decidir cómo repartir esas partidas.

Gamarra ha aprovechado para recordar que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, a la que se dirigía, prometió hace un año una serie de reformas legales en la lucha contra la pandemia que no se han llevado a cabo. Más tarde señaló que ahora ha tenido que ser la Unión Europea “la que frene en seco” las reformas que se pretendían aplicar en el Consejo del Poder Judicial “contra la independencia de los jueces” y devolvió a la vicepresidenta la acusación de bloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces. “Nosotros no somos trileros”, ha manifestado Gamarra. La dirigente popular ha reiterado que su formación está en la misma posición sobre la renovación pendiente desde hace ya más de dos años y medio: “Seguimos en el mismo lugar”. Y ha conminado al PSOE a aceptar sus condiciones para cerrar la negociación, básicamente que Unidas Podemos no tenga ninguna participación en el nuevo Consejo: “Cuando hagan eso, ahí estaba, está y estará el PP”.

Carmen Calvo ha replicado que el Ejecutivo no ignora los informes consultivos, preceptivos o no, del Consejo de Estado y ha rememorado el mensaje de WhatsApp del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, cuando estaba a punto de cerrarse uno de los contactos mantenidos entre los dos principales partidos sobre este asunto, presumiendo de que con el nuevo presidente de aquel Consejo los populares tendrían controlado el Tribunal Supremo por la puerta de atrás. Calvo aseguró que en los gobiernos del PP de Mariano Rajoy también se prescindía en muchos casos de los informes del Consejo de Estado y acabó su réplica denostando una idea que atribuye el Ejecutivo al PP sobre que no le conceden “legitimidad democrática” pese a ser un Gobierno salido de las urnas.

Ese debate continuó más tarde en otra pregunta ―en teoría sobre el aumento del paro― entre el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y la nueva vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz. El número dos popular afirmó que “Bruselas ha intervenido la justicia española por primera vez en la historia” y que con ese “correctivo” lo que ha hecho ha sido decirle al Ejecutivo que “quite sus garras de la justicia”. El diputado popular presumió incluso de que gracias a las gestiones de su partido y de su líder, Pablo Casado, “se ha parado el plan totalitario para controlar la justicia”.

Carteles electorales de Vox

La sesión se ha encrespado más cuando el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha querido introducir en la discusión antes que nadie los polémicos carteles electorales racistas de su partido distribuidos por Madrid sobre la situación de los menores migrantes no acompañados, que la Fiscalía investiga por un posible delito de odio, y en los que se hace una comparación entre el coste mensual de los que llaman menas ―acrónimo de menores extranjeros no acompañados― con la pensión más baja de una jubilada. Su pregunta a Calvo era en teoría sobre la mala situación económica del país, pero al final introdujo que mientras no hay dinero para muchas cosas sí lo hay “para mantener a menas en toda España y a inmigrantes ilegales”. Vox está intentando por todos los medios incluir en la agenda de discusión de esta campaña el delicado asunto de la inmigración.

La vicepresidenta Calvo no pasó por alto el intento de provocación de Vox. Primero destacó “la gran democracia” que es España y acto seguido recalcó que lo que se ha hecho durante este año contra la pandemia ha sido luchar sin la ayuda de partidos como Vox y sus “falacias” pero “cumpliendo escrupulosamente con los derechos humanos, sobre todo con relación a los menores que llegan al país”. Y arremetió más contra Vox: “Lo que han hecho ustedes con esos carteles, señalando a unos niños y niñas, menores, que vienen a nuestro país en algunos casos que bien conozco en situaciones terribles, sin familia, habiendo sido objeto de delitos gravísimos en los tránsitos que hacen, se llama inhumanidad, odio”.

Iván Espinosa de los Monteros no se quiso retractar e insistió en que con los cálculos elaborados por su propio partido, con datos extraídos de la Asamblea de Madrid y de informes publicados en EL PAÍS, la Comunidad madrileña se gastó 4.751 euros por cada menor o 140 euros al día. Y arremetió contra Calvo al interrogarla sobre si es una falacia decir que existen los menores migrantes. Calvo optó por subrayar que en la sociedad madrileña y española lo que hay es “compasión y solidaridad” y apuntó que a Vox “debería darle vergüenza intentar instalar ese debate en la política del país”. Espinosa cerró ese cruce dialéctico: “Vox sí tiene compasión porque jamás traeríamos a niños no acompañados y eso es lo que debería darles vergüenza”. Esa refriega provocó que más tarde, otros miembros del Gobierno y diputados de otras formaciones, como Nadia Calviño, Yolanda Díaz o Íñigo Errejón, arremetiesen contra Vox por unas posiciones que tacharon de “insolidarias, machistas y xenófobas”.