El Gobierno se resiste a prorrogar la alarma y fía todo a la vacunación

El virus no da tregua en el País Vasco: suben sin control los contagios, empeora la situación de los hospitales y aumenta el número de municipios en alerta roja que deben permanecer cerrados desde este martes. La cuarta ola ha tomado cuerpo en esta comunidad autónoma (registra una incidencia de 411 casos por 100.000 habitantes) y el lehendakari quiere atajar esta imparable escalada con nuevas medidas más severas contra la expansión de la covid-19. Iñigo Urkullu considera que para hacer frente a este panorama ...

El virus no da tregua en el País Vasco: suben sin control los contagios, empeora la situación de los hospitales y aumenta el número de municipios en alerta roja que deben permanecer cerrados desde este martes. La cuarta ola ha tomado cuerpo en esta comunidad autónoma (registra una incidencia de 411 casos por 100.000 habitantes) y el lehendakari quiere atajar esta imparable escalada con nuevas medidas más severas contra la expansión de la covid-19. Iñigo Urkullu considera que para hacer frente a este panorama es necesario mantener el actual estado de alarma. No comparte la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de suspender la norma desde el 9 de mayo, como anunció recientemente.

Urkullu es partidario de prolongar el estado de alarma y así se lo pidió este lunes al jefe del Gobierno. Lo contrario supondría dejar a las administraciones autonómicas sin “capacidad operativa” ni “garantías jurídicas” para adoptar medidas sanitarias que hagan frente a la propagación del coronavirus. Además, el mandatario vasco advierte de que derogar la norma que ha amparado el toque de queda, entre otras medidas, provocaría “momentos muy delicados” en la lucha contra la pandemia porque entre la ciudadanía podría haber “un exceso de relajación” en el cumplimiento de las restricciones.

Sin embargo, el Gobierno mantiene su intención de levantar el estado de alarma el 9 de mayo pese a la petición del lehendakari. El Ejecutivo insiste en que la decisión no está tomada, porque todo depende de la evolución de los datos de la pandemia en las próximas semanas, pero su intención es no prorrogar el estado de alarma y dejar que las comunidades puedan tomar decisiones como cerrar los bares o los comercios a las horas que quieran, pero ya no forzar un toque de queda o impedir de forma radical el movimiento entre autonomías.

El Gobierno está convencido de que los datos van a ir a mejor en las próximas semanas. Sobre todo, por el efecto de la vacunación que se está multiplicando. Y en La Moncloa creen que es importante lanzar el mensaje a toda la sociedad de que el estado de alarma cae porque esto también animará a la recuperación económica. Eso no quiere decir que decaigan todas las medidas, porque las comunidades podrían mantener la gran mayoría de ellas, pero sí algunas como el toque de queda.

Difícil riesgo de derrota

Si la presión es muy fuerte y los datos empeoran, el Ejecutivo podría cambiar de idea, pero el problema político con el que se encontrarían es que el PP no acaba de dejar clara su posición y no garantiza ni mucho menos un voto a favor en el Congreso. En realidad es difícil que el Ejecutivo tuviera un riesgo real de derrota, como sí ocurrió en mayo del año pasado, cuando el PP votó dos veces en contra. Lo más probable es que esta vez como máximo se abstuviera, como hizo en la votación de la actual prórroga de seis meses.

El debate llegaría en cualquier caso en plena campaña electoral madrileña, un momento poco propicio para acuerdos. La idea del Ejecutivo de no prorrogar la alarma no se debe tanto a que tenga problemas políticos para aprobarlo en el Congreso, como a que realmente en La Moncloa están convencidos de que no será necesario y es mejor no estirar más una medida excepcional cuando, al menos según sus cálculos, la pandemia estará el 9 de mayo en vías de control con más de cinco millones de vacunados en ese momento y en plena aceleración para llegar a los 33 millones a finales de agosto.

El Ejecutivo mantiene la prudencia, y pide a las comunidades que extremen las precauciones y mantengan algunas limitaciones, pero quiere empezar poco a poco a pasar a una nueva fase en la que no se volvería a la plena normalidad pero si se abriría la mano poco a poco. De hecho ya las autonomías más sensibles al turismo y más fáciles de controlar, Canarias y Baleares, ya están abriendo sus puertas a la llegada de turistas del resto del país.

En La Moncloa creen que Euskadi tiene un problema puntual por la actitud de su Tribunal Superior de Justicia, que ya ha tumbado en ocasiones anteriores la decisión de cerrar bares. Pero es algo muy puntual que se podría resolver, creen en el Ejecutivo, y no tiene por qué ser necesario prorrogar el estado de alarma solo para tomar la decisión de a qué hora se cierran los bares.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dejó la decisión abierta y señaló que aunque la idea del Gobierno es no prorrogar el estado de alarma, si decidiera finalmente hacerlo sería porque así lo recomiendan los expertos y no porque las comunidades autónomas “presionen o no”, en referencia al mensaje lanzado por Urkullu. En cualquier caso la posición del PNV es para el Gobierno mucho más importante que la del PP, porque los nacionalistas vascos son un socio prioritario y el PSOE suele hacerles caso en sus peticiones. Quedan unas semanas para tomar la decisión, pero en el Ejecutivo de momento siguen en la idea de que harán todo lo posible para que no sea necesario prorrogar.

Urkullu insiste, y en este asunto está alineado con otros presidentes autonómicos —los de Andalucía, Galicia y Cantabria, entre ellos— que son contrarios a poner fin al estado de alarma en mayo y exigen la convocatoria antes de esa fecha de una conferencia con los mandatarios regionales. El lehendakari avisa de que no es el momento más adecuado para no renovar el decreto de alarma. Sin este paraguas legal, opina Urkullu, las administraciones no tendrán seguridad jurídica para acordar nuevas limitaciones de derechos fundamentales, como el horario del toque de queda, las prohibiciones de reunión de grupos de personas o las restricciones en la movilidad de los ciudadanos.

Euskadi, registros más alarmantes

Euskadi es, de largo, la comunidad autónoma que presenta los registros más alarmantes. La tasa de positivos ronda los últimos días el 8% de las pruebas diagnósticas y la incidencia acumulada supera los 400 casos (la media española está en 149 a 14 días). Este domingo se sumaron casi 600 nuevos casos y en las UCI hay 125 enfermos críticos (el peor dato desde comienzos de marzo). Bilbao y Vitoria, por ejemplo, tienen restringidas las salidas y entradas a estas capitales, como ocurre con un total de 50 municipios. Urkullu ha convocado este martes al comité asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi para, previsiblemente, endurecer las medidas anticovid-19. Es partidario de “ser más estrictos” en la adopción de nuevas limitaciones.

El mantenimiento del estado de alarma en todo el país, considera el mandatario vasco, daría cobertura constitucional a las medidas mientras sigue adelante la campaña de vacunación: “Van a pasar muchos meses hasta que llegue la inmunidad de rebaño”, declaró en la entrevista radiofónica. Urkullu no quiere verse envuelto de nuevo en una situación semejante a la ocurrida en febrero pasado, cuando el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSPJV) aceptó una reclamación presentada por los hosteleros en contra del decreto del lehendakari que impedía abrir a los bares y restaurantes de municipios con una incidencia acumulada superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes. El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, afirmó entonces que aquella resolución judicial “debilita las herramientas del Gobierno vasco para preservar la salud en una situación tan delicada y vulnerable como la actual”, dijo el portavoz del Gobierno vasco.

El Ejecutivo autónomo, además del citado, ha recibido durante la pandemia otros dos varapalos contra otras tantas decisiones gubernativas. Primero en agosto de 2020, cuando el alto tribunal vasco suspendió la norma que obligaba a cerrar a la 1.30 los locales de ocio nocturno. Dos meses después no autorizó la prohibición de juntarse más seis personas en los encuentros sociales. Y fue precisamente esta decisión de los jueces lo que llevó a Urkullu a pedir a Sánchez que decretara el actual estado de alarma el día 25 de octubre del año pasado.

Los hosteleros vascos vuelven a la carga y han presentado ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco un recurso contra el decreto del lehendakari que reduce los horarios dentro de los establecimientos en las localidades que sobrepasan los 400 casos de incidencia acumulada. Las asociaciones no han pedido esta vez al tribunal que adopte medidas cautelares para que proceda a la suspensión inmediata de la citada norma.

El plan de choque que maneja el equipo de Urkullu contempla incluso aumentar las restricciones durante el próximo verano, según ha dejado entrever. El fin del estado de alarma podría trastocar estos planes. Si Sánchez no lo renueva, comenta el lehendakari, “en la sociedad puede haber una relajación y un exceso de confianza” y además las instituciones se verán “en una situación de incapacidad operativa” para adoptar medidas sanitarias que eviten contagios y “con insuficiencia de garantías jurídicas”.