Subsidios insostenibles
La Comisión Europea y otras instituciones internacionales piden desde hace años reducir las bonificaciones fiscales del diésel en España
No, el PNV no ha logrado eliminar del proyecto de Presupuestos el “impuesto al diésel”. Porque no existía en ese proyecto ninguna nueva tasa. Lo que se proponía en las cuentas del Gobierno ahora enmendadas era reducir la bonificación fiscal que históricamente ha tenido el diésel y que lo incentiva frente a la gasolina: el tipo estatal del gasóleo iba a pasar de 30,7 céntimos de euro por litro a 34,7 (lejos, aun así, de ...
No, el PNV no ha logrado eliminar del proyecto de Presupuestos el “impuesto al diésel”. Porque no existía en ese proyecto ninguna nueva tasa. Lo que se proponía en las cuentas del Gobierno ahora enmendadas era reducir la bonificación fiscal que históricamente ha tenido el diésel y que lo incentiva frente a la gasolina: el tipo estatal del gasóleo iba a pasar de 30,7 céntimos de euro por litro a 34,7 (lejos, aun así, de los 40,07 céntimos de la gasolina). Una reducción de la bonificación que no iba a aplicarse a los conductores profesionales. Y la recaudación prevista por el Gobierno era de 500 millones entre 2021 y 2022, una nimiedad si se compara con el gigantesco agujero de las cuentas públicas que se agranda cada día más.
La reducción de la bonificación buscaba, según defendía el Gobierno, caminar hacia la equiparación gradual del diésel y la gasolina. Es lo que llevan pidiendo desde hace décadas las organizaciones ecologistas, al considerar que no tiene sentido premiar un combustible que no es, ni mucho menos, más limpio que la gasolina, y que genera graves problemas de salud. Pero no solo las ecologistas sino otras muchas organizaciones —e instituciones, empezando por la Comisión Europea— lo pedían:
Febrero de 2014: los expertos del llamado informe Lagares sobre reforma de la fiscalidad, encargado por el Gobierno del PP, abogan por acabar con “el injustificado tratamiento preferencial del diésel respecto a las gasolinas”. Marzo de 2015: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pide a España en un informe monográfico sobre su desempeño medioambiental que aumente las tasas sobre el diésel al menos al “nivel correspondiente a la gasolina”. Febrero de 2017: la Comisión Europea afea otra vez a España que el “diferencial diésel-gasolina” no está “justificado desde una perspectiva medioambiental”, y subraya que ha provocado que la “dieselización del parque automovilístico” sea superior a la media europea. Marzo de 2018: tras un nuevo rapapolvo de Bruselas el Ministerio de Hacienda, entonces comandado por Cristóbal Montoro, anuncia que incrementará la tributación del diésel.
“Pretender proteger mediante un tratamiento fiscal favorable a sectores que han de transformarse radicalmente los próximos años es inútil y contraproducente”, escribía hace unos días el especialista en tributación verde Xavier Labandeira. Lo hacía después de que Ciudadanos anunciara que su apoyo a las cuentas dependía de la retirada de la medida tributaria sobre el diésel. Finalmente, el PNV es el que se ha cobrado la pieza. El FMI ha pedido durante años que se deje de subsidiar a los combustibles fósiles; la semana pasada, sin embargo, pidió a España que aparque la subida fiscal al diésel. A este organismo internacional parece que sí se le hará caso hoy.