El Gobierno iniciará la próxima semana la tramitación de los indultos de los presos del ‘procés’

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha aprovechado una pregunta de la portavoz de JuntsxCat en el Congreso, Laura Borrás, para anunciar que la semana que viene empezará a tramitar las peticiones de indulto a los presos del procés. Borrás había preguntado sobre las medidas que está tomando el Gobierno “ante la deriva de la Justicia” y Campo ha apostillado al final de su respuesta que los indultos estarán entre las mismas así como el acatamiento de todas las resoluciones judiciales. Borrás, más tarde, valoró la “bomba sorpresa” aportada por el ministro pero, como el conjunto del i...

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha aprovechado una pregunta de la portavoz de JuntsxCat en el Congreso, Laura Borrás, para anunciar que la semana que viene empezará a tramitar las peticiones de indulto a los presos del procés. Borrás había preguntado sobre las medidas que está tomando el Gobierno “ante la deriva de la Justicia” y Campo ha apostillado al final de su respuesta que los indultos estarán entre las mismas así como el acatamiento de todas las resoluciones judiciales. Borrás, más tarde, valoró la “bomba sorpresa” aportada por el ministro pero, como el conjunto del independentismo, resaltó que los indultos son una solución individual que llevarán su tiempo y que hay un conflicto político sin afrontar.

Según fuentes de Justicia, se tramitará una petición de indulto del pasado enero, formulada por el abogado barcelonés Francesc Jufresa, que abarcaba a todos los políticos condenados, aunque cada expediente de indulto se realizará de manera individual. El departamento de Juan Carlos Campo, de quien depende el expediente, recuerda que la tramitación de este tipo de expedientes “suele superar los seis meses”. Según las mismas fuentes, la tramitación del expediente se inicia nueve meses después de la solicitud porque “había retrasos por la acumulación de solicitudes en el periodo en que el Gobierno estaba en funciones”.

La portavoz nacionalista catalana había planteado al ministro exactamente “¿qué medidas está tomando el Gobierno vista la deriva en la que está instalada la Justicia española?” y ahí aprovechó para relatar que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, había tenido que acudir en la mañana de este miércoles a declarar por segunda vez por haber colocado una pancarta sobre la libertad de los presos soberanistas en un balcón del palacio que representa al ejecutivo autonómico catalán y por no retirarla pese a las órdenes de la Junta Electoral Central. Borrás criticó el estado del poder judicial en España porque no lo considera independiente.

Esa acusación fue la que más lamentó el ministro, que empezó por rebatirla y que enarboló como posición del Gobierno que la Justicia además sirve en España para la cohesión territorial: “Tenemos un proyecto de país y queremos sumarles”. Borrás se agarró ahí a unos datos aportados por la asociación independentista Òmnium Cultural sobre que el número de “represaliados” por el conflicto catalán asciende ya a 2.850 “y subiendo”. Campos defendió la independencia de los jueces, interpeló a Borrás a respetar y acatar todas las resoluciones judiciales y añadió que “el diálogo es la única vía para resolver el conflicto político”.

Fue ahí cuando Juan Carlos Campo respondió literalmente: “Al Gobierno le competen unas cosas. En lo que a usted le preocupa, le diré que acatamos las resoluciones de los tribunales. Todas. En segundo lugar, estamos plenamente dispuestos al diálogo. Afrontamos con normalidad democrática los posibles cambios normativos que exige la sociedad. En cuanto a este ministerio, impulsa normativamente aquello que son los designios del Gobierno, tramita los expedientes de nacionalidad, y está tramitando los indultos. Por cierto, esos que a usted le preocupan, porque les toca, empezarán a tramitarse la semana que viene”. No ha precisado más.

La Lliga Democràtica anunció a finales de agosto que pediría el indulto de todos los políticos y activistas “condenados como consecuencia del proceso independentista” y precisaron en un comunicado en su cuenta de Twitter que esa medida de gracia a las personas condenadas por el Tribunal Supremo tras la celebración del referéndum del 1 de octubre y la declaración de independencia de 2017 “puede contribuir decisivamente” a superar el conflicto político y concentrar los esfuerzos en superar la crisis sanitaria. El partido catalanista emplazó a todas las fuerzas políticas y entidades “catalanistas y a todos aquellos que aspiran al progreso de Cataluña” a unirse a esta petición de indulto, que iba a ser la primera en presentarse reclamando la medida de gracia para la totalidad de los condenados.

Al ministerio de Justicia han llegado dos peticiones para dos condenadas que permanecen en prisión. A finales de agosto los expresidentes del Parlament Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert registraron una petición de indulto para Carme Forcadell, su sucesora en el cargo y condenada a 11 años y medio de cárcel por sedición. Los tres expresidentes defendieron la actuación que tuvo Forcadell en las aciagas jornadas en que se aprobaron las leyes de desconexión y aseguraron que siempre actuó con respeto a la legalidad y al Estatuto de autonomía. Por su parte, UGT de Cataluña formalizó a mediados de junio una petición de indulto para Dolors Bassa, consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias en 2017 y que cumple condena de 12 años de prisión. La reclamación de gracia para Bassa, que fue dirigente de UGT en Cataluña, estaba suscrita también por los alcaldes de las cuatro capitales de provincia de Cataluña y por diversos líderes sindicales.

El ministro no aportó más detalles, como reconoció más tarde la diputada nacionalista en las puertas del Congreso. Lo que también añadió Borrás es que los indultos son una solución individual que llevarán sus trámites y su tiempo ante un problema que considera de Estado y que requiere otro tipo de actuaciones, como, por ejemplo, al final de un proceso negociador más amplio, una ley de amnistía. Los trámites de solicitud de indultos son particulares y pueden registrarse por los afectados o por parientes o personas en su nombre y deben someterse al criterio del tribunal sentenciador, en este caso la sala segunda del Tribunal Supremo. No obstante, el dictamen que emita el tribunal, ya sea favorable o desfavorable a la medida de gracia, no es vinculante para el Gobierno. La concesión de los indultos compete luego al Rey a propuesta del ministro de Justicia tras deliberarse en el Consejo de Ministros y deben publicarse en el Boletín Oficial del Estado.

Laura Borràs calificó el anuncio del ministro de “bomba sorprendente” pero echó en falta que Campo no añadiese algo más sobre soluciones más globales y estatales a un conflicto todavía más candente desde hace tres años cuando se convocó un referéndum ilegal en Cataluña. La portavoz de JuntsxCat desligó ese anuncio del Gobierno a la negociación todavía incipiente para sacar adelante los próximos presupuestos generales del Estado.

Los partidos y entidades independentistas han conocido la decisión del Govern mientras el presidente de la Generalitat, Quim Torra, declaraba ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la segunda causa de presunta desobediencia, informa Camilo S. Baquero. El anuncio ha sido recibido con frialdad por parte del secesionismo, pues consideran que si bien se trata de soluciones “individuales” unos indultos no sirven para avanzar en el cierre del conflicto político en Cataluña.

La tercera sesión de control al Gobierno en el Congreso ha estado marcada por la ausencia del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de viaje a Bruselas. El socialista tenía que acudir a la capital para participar en un Consejo Europeo que se aplazó este martes por el positivo en covid de un colaborador de su presidente, Charles Michel. Finalmente, el jefe del Gobierno ha decidido desplazarse para mantener una reunión con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg y con el alto representante de la política exterior de la UE, Josep Borrell.

Esta decisión ha sido criticada por la bancada popular que presentó este martes una queja a la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes al considerar esa decisión de Sánchez una “espantada” y un “acto de cobardía”. Y la mayoría de los diputados del PP que han preguntado este miércoles en la sesión de control a miembros del Ejecutivo por cualquier materia, desde la justicia a los ERTE, el paro o los transportes, han aludido a que el presidente no estaba. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, no ha eludido la polémica y en su primera respuesta ha explicado que Sánchez estaba en Bruselas para asegurarse de la llegada a España de los fondos europeos para la reconstrucción tras la pandemia de la covid-19 “tras la deslealtad” observada en estos meses por el PP.