La Federación Española de Municipios reclama 7.725 millones no reembolsables al Gobierno para afrontar los efectos del coronavirus

Los Ayuntamientos aumentan la presión por disponer de un fondo no reembolsable como las comunidades autónomas para superar la crisis económica provocada por el coronavirus. La bolsa del Gobierno para los territorios es de 16.000 millones de euros. Las reclamaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) son más modestas pero aun así relevantes: como mínimo 7.725 millones. El órgano que preside al alcalde de Vigo, Abel Caba...

Los Ayuntamientos aumentan la presión por disponer de un fondo no reembolsable como las comunidades autónomas para superar la crisis económica provocada por el coronavirus. La bolsa del Gobierno para los territorios es de 16.000 millones de euros. Las reclamaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) son más modestas pero aun así relevantes: como mínimo 7.725 millones. El órgano que preside al alcalde de Vigo, Abel Caballero (PSOE), solicita un fondo para la recuperación económica y social dotado de 5.000 millones en 2020 y una cantidad no inferior a mil millones en 2021. Estaría financiado con recursos del Estado y con cargo a los Presupuestos Generales. Los ayuntamientos quieren que el Ministerio de Hacienda les permita disponer de casi 18.000 millones ahorrados de años anteriores.

La FEMP pide así mismo un fondo específico para atender el ingreso mínimo vital y la apertura de un segundo bloque de financiación para las entidades locales con el 14,16% de los fondos procedentes de la UE. Ese es el porcentaje del gasto local respecto del gasto público total en España. Es decir, que sea equivalente a los ingresos del Estado de municipios, diputaciones, consejos y cabildos insulares. “El tratamiento local deberá ser idéntico al que le corresponda al Estado frente a las instituciones comunitarias (transferencia a fondo perdido o préstamo en idénticas condiciones a las que tenga el Estado)”, contempla el organismo en un informe titulado “Pilares locales para la reactivación económica y social de la Administración Local”, de 47 páginas, al que ha tenido acceso EL PAÍS. La Junta de Gobierno de la FEMP lo ha aprobado este viernes por unanimidad. Las federaciones territoriales de municipios y provincias también reclaman a las comunidades autónomas la constitución de fondos destinados a los planes locales de choque contra el coronavirus.

Para “salvaguardar" al servicio público del transporte urbano, uno de los servicios de prestación obligatoria en las localidades de más de 50.000 habitantes, se solicita al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la constitución de dos fondos: uno extraordinario para el transporte en autobús, que incluiría también a los tranvías, con una dotación de mil millones. El metro contaría con otra bolsa de 725 millones. “Estos fondos serán objeto de ajuste dinámico en función de los usos efectivos y de los efectos de la pandemia, que puede traspasar el horizonte de 2020”, establece el borrador con las medidas detalladas que se presentarán al Gobierno. “Los efectos económicos que la covid-19 ha generado en la utilización de transporte urbano colectivo son devastadores, con unas tasas de caída de usos en el mes de abril del 91%-92%, lo que posiciona al servicio en una situación clara de insostenibilidad económica”, advierte la FEMP.

Los ayuntamientos exigen que el Ministerio de Hacienda les dé permiso para disponer de los ahorros de los años anteriores. El cálculo final es de 17.841 millones. El superávit fue de 3.839 millones en 2019, lo que representa al 0,31% del PIB. “El sector local está llamado a contribuir a la recuperación de nuestro país no sólo con sus propios recursos sino con toda su capacidad operativa y ejecutiva, a cuyo efecto resulta imprescindible dotarla de nuevos mecanismos mediante la atribución de recursos adicionales”, estima la FEMP. Los alcaldes piden “facilitar el uso íntegro de los remanentes de tesorería” para gastos generados por cada entidad local, así como la flexibilización de los parámetros de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y sostenibilidad financiera. El organismo que preside Caballero demanda el mismo trato que Bruselas dé al Gobierno: “la flexibilización, o incluso la suspensión, de las exigencias derivadas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que los órganos procedentes de la Unión Europea han anunciado que van a adoptar para facilitar la recuperación derivada de la pandemia”.

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