“Si la oposición no apoya el decreto de justicia desprecia a sus propias autonomías”

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo (Osuna, Sevilla, 58 años), afronta este miércoles uno de sus grandes desafíos: lograr que el Congreso respalde el real decreto contra el colapso judicial que ha negociado con los consejeros autonómicos del ramo, entre ellos, los de las comunidades gobernadas por el PP. Confía en que salga adelante. “No hay plan b”, dice.

Pregunta. ¿Qué ocurre si el Congreso no lo convalida?

Respuesta. No lo contemplo. Es un decreto de todos ...

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo (Osuna, Sevilla, 58 años), afronta este miércoles uno de sus grandes desafíos: lograr que el Congreso respalde el real decreto contra el colapso judicial que ha negociado con los consejeros autonómicos del ramo, entre ellos, los de las comunidades gobernadas por el PP. Confía en que salga adelante. “No hay plan b”, dice.

Pregunta. ¿Qué ocurre si el Congreso no lo convalida?

Respuesta. No lo contemplo. Es un decreto de todos y creo que tendrá el apoyo de los grupos parlamentarios. Lo contrario me parecería un desprecio al esfuerzo colectivo de todas las comunidades autónomas, el ministerio, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y los colegios profesionales. Si algo caracteriza la actuación en justicia desde que apareció el virus es que todo se ha decidido colegiadamente.

P. Pero ¿no hay plan b?

R. No. Porque, además, el real decreto ley no es una pieza aislada, sino parte de un engranaje para combatir los efectos de la covid-19 en la Administración de Justicia. Estamos haciendo un esfuerzo colectivo en esto que ahora se denomina cogobernanza. Cuando uno habla con las 12 comunidades con competencias en Justicia, de diferente signo político, y todos hacemos un decreto, no contemplo que pueda haber ese desprecio de algún grupo hacia lo que hacen sus comunidades. Todos sabemos qué ha propuesto cada uno. Todas las decisiones fueron consensuadas.

P. ¿Y qué ha pasado para que ahora la oposición no lo apoye? ¿Los consejeros del PP, de Ciudadanos o la consejera catalana fueron activos y se mostraron de acuerdo en esas reuniones?

R. Sin duda. ¿Qué ha pasado? Tendrán que explicarlo ellos. Madrid, Cataluña, Andalucía, País Vasco... Todos tuvieron intervenciones que han enriquecido un trabajo colectivo. Que tus representantes políticos determinen unas actuaciones sobre sus ámbitos competenciales y ahora sean desautorizados es un desprecio de la oposición a las propias autonomías donde gobierna. Tienen tiempo de rectificar.

P. Hay también críticas de jueces, fiscales o abogados que opinan que no se les ha escuchado.

R. Todos han aportado. Con todos tenemos reuniones cada semana. Pero es difícil que llueva a gusto de todos.

P. ¿Se valora incluir un paquete de inversión económica? Es una de las carencias que señalan.

R. Se está estudiando. Pero este decreto no necesita memoria económica porque se trata de engrasar las máquinas con lo que tenemos durante tres meses. Luego habrá que estudiar qué medidas que se han adoptado ahora de forma urgente son buenas para mantenerlas en el tiempo.

P. El líder del PP basó su rechazo al decreto en que choca con la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿Hay algún punto de fricción?

R. Absolutamente ninguno. Lamento que el responsable del PP pueda tildar de inconstitucional el decreto porque siembra desconfianza en las instituciones. Es crítica gratuita. La doctrina del Constitucional es clara: que algo venga en la ley orgánica no quiere decir que tenga rango orgánico. Hay decenas de ejemplos, incluso impulsados por el PP.

P. La ley orgánica dice que agosto es inhábil y algunos juristas consideran que no debe modificarse con un real decreto ley.

R. La ley dice que agosto es inhábil salvo para cuestiones urgentes. Hemos tenido los tribunales parados y ahora están empezando a funcionar a un ritmo muy lento. ¿Podrían entender los ciudadanos que en agosto volvamos a parar? Hemos decidido que agosto sea hábil del 11 al 31. La propuesta que nos vino de un consejero era que fuera hábil todo el mes, pero al final acordamos circunscribirlo a eso.

P. ¿El consejero que propuso habilitar todo el mes era Enrique López (consejero de Madrid y secretario de Justicia del PP)?

R. Sí. Al que no me cansaré de agradecer el enorme esfuerzo y vinculación que ha tenido con la elaboración del real decreto ley.

P. ¿Con los portavoces parlamentarios de justicia se ha ido hablando? Ellos dicen que no.

R. Se ha hablado con todos. Han tenido conciencia de que íbamos a elaborarlo. Y cuando acordamos el decreto con las comunidades, la Fiscalía y el Consejo, yo mismo les llamé para explicárselo a algunos de ellos.

P. ¿Pero se les consultó? ¿O fueron conversaciones para contarles lo que ya se había acordado?

R. Han sido para informarles antes, durante y después. Pero la elaboración se ha hecho con todos los partidos que forman parte de los distintos Gobiernos con competencias en justicia.

P. ¿Por qué no difunde el ministerio los datos de los Registros Civiles sobre fallecimientos?

R. El Gobierno ha sido transparente. Pero tenemos dos sistemas para contabilizar los fallecimientos: el de Sanidad, avalado por la OMS, y los registros civiles. Son absolutamente fiables los dos, pero dan datos diferentes. No pueden ser iguales. Ha habido un desfase entre la inscripción de licencias de enterramiento y la inscripción de los fallecimientos. Ya se está ajustando y ahora el INE y el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MOMO) tendrán que estudiar los datos. Buscar zonas oscuras me parece ruin. No entiendo que se intente hacer política con el dolor.

P. ¿Hay que buscar una alternativa al estado de alarma?

R. No la hay. El decreto de alarma no es una reducción del Estado de derecho, es simplemente la modulación de un derecho en atención de una causa de fuerza mayor. Y es la mejor opción.

P. Como jurista, ¿no le preocupa que se puedan estar limitando derechos fundamentales en órdenes ministeriales o por parte de las comunidades?

R. En un estado de alarma totalmente cambiante es lógico que se produzca un desarrollo normativo. No estoy diciendo que todo sea maravilloso. Sería iluso. Seguro que se han cometido errores. Pero, desde luego, nunca se ha dejado de tener claro el respeto absoluto al Estado de derecho.

P. ¿Ve posible ahora la renovación del CGPJ y el Constitucional?

R. Pese a la situación de excepcionalidad, en la medida que haya responsabilidad en los grupos parlamentarios debe ponerse fin a esta interinidad.

P. ¿Ha mantenido conversaciones ya con el PP?

R. Claro que sí. Como lo he hablado con el presidente del Supremo y representantes de otros partidos. Tenemos la obligación de remover los obstáculos. Y el PP, como principal partido de la oposición, tiene que ponerse como meta la renovación.

P. ¿Cómo valora el choque entre Pablo Iglesias y el CGPJ?

R. Yo tengo la mejor opinión del Poder Judicial: cumple escrupulosamente su papel constitucional. El vicepresidente segundo hizo esas declaraciones en uso de su libertad de expresión. No consiste en compartirlas o no.

P. ¿El indulto a los líderes del procés puede ser una opción a tratar en la mesa de diálogo?

R. El Gobierno no piensa en clave de solución de indultos. Actuará y solicitará una serie de informes porque el indulto es una medida legal y tiene unos parámetros. Cuando lleguen al Consejo de Ministros, se valorará la situación. No se tiene ninguna idea preconcebida de ningún indulto.

P. ¿El Gobierno se plantea acabar con la prisión permanente?

R. Se está esperando el pronunciamiento del Constitucional. Ahora no está en la agenda.

P. Pero la prisión permanente es también una opción política.

R. Este Gobierno no la comparte y la recurrió. Y está esperando porque es respetuoso con las decisiones del Constitucional.

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