Epidemia de violencia: claves del negocio de las armas en Estados Unidos

Con menos del 5% de la población global, Estados Unidos posee el 46% de las armas de fuego existentes en el mundo. La abundancia de pistolas, rifles y demás unidades en circulación, que retroalimenta un gran mercado y la acción de poderosos grupos de presión política, está detrás de lo que la Casa Blanca califica de “epidemia”: la de la violencia armada, en ascenso en 2020 y 2021. Se trata de una sangría cotidiana. Sucesos como la matanza racista de Búfalo y la del colegio de Uvalde son solo la punta del iceberg de un fenómeno estructural cuya existencia alimenta también la polarización políti...

Con menos del 5% de la población global, Estados Unidos posee el 46% de las armas de fuego existentes en el mundo. La abundancia de pistolas, rifles y demás unidades en circulación, que retroalimenta un gran mercado y la acción de poderosos grupos de presión política, está detrás de lo que la Casa Blanca califica de “epidemia”: la de la violencia armada, en ascenso en 2020 y 2021. Se trata de una sangría cotidiana. Sucesos como la matanza racista de Búfalo y la del colegio de Uvalde son solo la punta del iceberg de un fenómeno estructural cuya existencia alimenta también la polarización política.

— La Segunda Enmienda consagra el derecho inalienable a portar armas y es una de las 10 enmiendas a la Constitución que forman la Declaración de Derechos, ratificada en 1791. Veintisiete palabras, en su formulación en inglés, que nadie ha podido matizar o corregir más de dos siglos después: “Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas”. Una hipotética reforma constitucional es un melón que nadie quiere abrir, menos aún los republicanos. “No debemos reaccionar al mal abandonando nuestra Constitución o violando los derechos de nuestros ciudadanos respetuosos de la ley”, dijo tras la matanza de Uvalde el senador Ted Cruz, que sostiene, como sus correligionarios, que la epidemia de violencia se debe a la acción de personas desequilibradas, obviando la ubicuidad y facilidad de acceso a las armas.

— Las ventas de armas aumentaron a un ritmo récord en 2020, un año marcado por la incertidumbre de la pandemia y las grandes protestas contra la violencia policial, cuando se cobraron casi 20.000 vidas sin contar los suicidios, según el centro Pew Research. Solo en 2020 se compraron casi 23 millones de armas, calcula Small Arms Analytics, una consultora de Carolina del Sur. El fácil acceso —se venden en grandes almacenes y por internet— es para los expertos la principal explicación del incremento de la violencia, además de la legislación permisiva de algunos Estados. A las armas de curso legal, fichadas, se suman las llamadas fantasmas, ensambladas a partir de piezas sueltas sin número de serie, a veces impresas en 3D y muy difíciles de rastrear. La comprobación de antecedentes del comprador difiere según los Estados, yendo de muy laxa a estricta, y en no pocos casos el tirador logra sortear su historial, como el de Búfalo, que había sido sometido a evaluación psiquiátrica un año antes y proferido amenazas públicamente.

— El negocio del sector resulta aún más redondo tras cada masacre. El 25 de mayo, un día después del tiroteo de Uvalde, las acciones del fabricante Ruger subieron un 5,8%, mientras que las de la histórica marca Smith & Wesson se dispararon un 10%.

— La tasa promedio de muertes por armas de fuego en EE UU es 10 veces más alta que la de las otras 22 democracias más avanzadas. La tasa de suicidios por disparos es 8 veces mayor, y la de homicidios, 25. Pero entre los niños y los jóvenes, el impacto es aún más dramático. En 2020 los menores muertos a tiros superaron por primera vez a los fallecidos en accidentes de tráfico, hasta entonces principal causa de deceso en esa franja de edad. La tendencia se repitió en 2021, en ambos casos por la cantidad de jóvenes negros asesinados. Entre los menores de 19 años, los homicidios con resultado de muerte se producen a una ratio 37,5 veces superior que la de los países desarrollados. Entre los estudiantes de secundaria, la tasa sube a 82. Los datos, actualizados, pertenecen a la asociación Americans Against Gun Violence (americanos contra la violencia de las armas).

— Gun Violence Archive (archivo de la violencia de las armas) ha contabilizado desde 2014 34.500 niños muertos o heridos en tiroteos. Unos 6.500 tenían menos de 12 años. Desde 2019, más de 4.500 han sido asesinados a tiros, cifra equivalente a las muertes de estadounidenses en los 17 años de la guerra de Irak.

— La cifra de tiroteos en institutos de secundaria en 2022 alcanzaba los 22 la semana pasada.

— El poderoso lobby de las armas, encarnado en la Asociación Nacional del Rifle (NRA, en sus siglas inglesas), celebró su convención anual cuando los cuerpos de las víctimas de Uvalde aún estaban calientes. El grupo gasta oficialmente tres millones de dólares (unos 2,8 millones de euros) al año para influir en política, pero esa cantidad representa solo las contribuciones consignadas por los legisladores; más difícil de rastrear resultan otras sumas vertidas a través de PAC (comités de acción política) y aportaciones independientes. En el conjunto de sus actividades, incluidas las campañas educativas, la NRA gastó en 2020 unos 250 millones, mucho más que todos los grupos procontrol del país juntos. Según los datos compilados por la Campaña Brady de prevención de la violencia armada en 2019, dos docenas de senadores republicanos han recibido fondos de la NRA. De ellos, 16 han registrado más de un millón, con Mitt Romney a la cabeza (casi 14 millones).

— En la década de 1930, tanto el Gobierno federal de Franklin D. Roosevelt como el Tribunal Supremo restringieron la posibilidad de obtener una licencia de armas. Tras los asesinatos del presidente John F. Kennedy, Martin Luther King y el senador Robert F. Kennedy, la Administración de Lyndon B. Johnson aprobó la Ley de Control de Armas en 1968. Bajo la presidencia de Bill Clinton se avanzó hacia una mayor regulación, gracias a sendas leyes que crearon un registro nacional de antecedentes (1993) y establecieron la prohibición de las armas de asalto (1994). Esta última estuvo vigente una década y no se renovó, por influencia política de los grupos de presión. Un inminente fallo del Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, sobre una demanda de dos particulares en Nueva York —uno de los Estados con leyes más restrictivas sobre las armas—, puede acabar inclinando la ley del lado de quienes defienden la ausencia total de regulaciones.