Gobierno para qué
Ocupados por el ruido de las negociaciones sobre el cómo y el cuándo deberíamos formar Gobierno, hemos dejado de hablar de para qué queremos tenerlo
El pasado mes de junio, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) publicaba un exhaustivo análisis sobre los programas de rentas mínimas en España, con motivo de su evaluación de la Iniciativa Legislativa Popular promovida por los sindicatos para establecer una prestación de ingresos mínimos. Entre otras muchas cosas, la Airef calculaba en qué medida esta iniciativa reduciría la desigualdad y la pobreza, y cuál sería su coste fiscal para las arcas del Estado.
El informe concluía que la propuesta de los sindicatos lograría reducir la pobreza en un 12% (1,2 millones de ...
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El pasado mes de junio, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) publicaba un exhaustivo análisis sobre los programas de rentas mínimas en España, con motivo de su evaluación de la Iniciativa Legislativa Popular promovida por los sindicatos para establecer una prestación de ingresos mínimos. Entre otras muchas cosas, la Airef calculaba en qué medida esta iniciativa reduciría la desigualdad y la pobreza, y cuál sería su coste fiscal para las arcas del Estado.
El informe concluía que la propuesta de los sindicatos lograría reducir la pobreza en un 12% (1,2 millones de personas pasarían a tener ingresos por encima del 60% del ingreso mediano), y en un 28% la pobreza severa. El índice de Gini, que mide el grado de desigualdad de ingresos (España tiene el tercer valor más alto en el conjunto de países de la eurozona, solo por detrás de Lituania y Letonia) caería en un 4,2%. Respecto a su coste, la Airef calculaba que la propuesta de los sindicatos oscilaría entre los 7.000 y 9.600 millones de euros, y sugería que algunos de sus objetivos podrían ser alcanzados por menos dinero. En concreto, un programa de prestaciones orientado a los hogares más vulnerables con un coste neto de 3.500 millones de euros sería capaz, siempre según la Airef, de reducir la desigualdad en la misma medida que la propuesta original, y de ser incluso más efectiva contra la pobreza severa.
Para poner estas cifras en perspectiva, las exenciones y tipos reducidos del IVA nos cuestan 22.500 millones de euros cada año. Si tanto nos preocupan la pobreza y la igualdad de oportunidades, dado el fortísimo impacto de estas propuestas, deberíamos de ser capaces de encontrar la forma de costearlas.
Pero reorientar las políticas de gasto es una tarea muy compleja. Incluso cuando son fiscalmente razonables y gozan de apoyo social, estas reformas siempre se enfrentan a múltiples obstáculos, por lo que su éxito depende en buena medida de cuánto capital político esté el Gobierno dispuesto a invertir en ellas.
Ocupados por el ruido de las negociaciones sobre el cómo y el cuándo deberíamos formar Gobierno, hemos dejado de hablar de para qué queremos tenerlo. ¿Es mucho pedir que los partidos hablen de estas cosas cuando negocien sobre la investidura del nuevo presidente?