El silencioso avance de la predistribución

Partamos de dos hechos poco controvertidos: las desigualdades generadas por el mercado (entre asalariados y dueños de capital, entre empleados y desempleados, y entre tipos de asalariados) han crecido en las sociedades de nuestro entorno en las últimas décadas. Simultáneamente, la capacidad de los Gobiernos de redistribuir la renta a través de las herramientas tradicionales (impuestos y transferencias) no ha sido capaz de aumentar en la misma medida. Las razones de la incapacidad de los Gobiernos para revertir este aumento de las desigualdades son varias: para algunos, las culpables son las ca...

Partamos de dos hechos poco controvertidos: las desigualdades generadas por el mercado (entre asalariados y dueños de capital, entre empleados y desempleados, y entre tipos de asalariados) han crecido en las sociedades de nuestro entorno en las últimas décadas. Simultáneamente, la capacidad de los Gobiernos de redistribuir la renta a través de las herramientas tradicionales (impuestos y transferencias) no ha sido capaz de aumentar en la misma medida. Las razones de la incapacidad de los Gobiernos para revertir este aumento de las desigualdades son varias: para algunos, las culpables son las cada vez más estrechas camisas de fuerza institucionales y globales que restringen el margen de maniobra de los Gobiernos. Para otros, el poder electoral de las clases medias hace que sea difícil redirigir los programas de gasto hacia los más necesitados. Otra posibilidad es que la desconfianza hacia las instituciones hace a la gente menos proclive a delegar en el Estado la capacidad de transferir recursos entre individuos a través de las políticas públicas.

En parte como respuesta a esta realidad, muchos empezaron a hablar hace años de la necesidad de ir más allá de los mecanismos redistributivos tradicionales y apostar por políticas de predistribución para combatir la desigualdad. De acuerdo con este nuevo paradigma, deberíamos aspirar no a corregir las diferencias de renta producidas por el mercado, sino a modificar el funcionamiento de los mercados con el fin de que estos generen menos desigualdades en primer lugar.

Es demasiado pronto para evaluar en qué medida este nuevo paradigma ha alterado las demandas de los ciudadanos y las políticas sociales de los Gobiernos, pero tenemos algunos indicios de que las cosas se están moviendo en la dirección predistributiva: en EE UU, 40 jurisdicciones aumentaron los salarios mínimos como fruto de la presión de los votantes solo en el último año. Los laboristas británicos acaban de lanzar un plan para que los trabajadores participen en el capital de las grandes empresas, y la reunión anual de banqueros centrales en Jackson Hole ha debatido sobre cómo reducir el poder de mercado de las grandes corporaciones para que así crezcan los salarios.

La caja de herramientas de la política económica está cambiando. Haremos bien en adaptarnos a esta nueva realidad, y poner los medios —de experimentación y evaluación— para sacar el mayor provecho de ello.