Una española lleva hasta Europa una demanda por “cesárea forzosa”

L.C. fue al hospital de Virgen del Rocío de Sevilla a parir con toda normalidad. Tras ser sometida a varias pruebas injustificadas, la experiencia acabó con la práctica de una cesárea no consentida, ya que no firmó ningún documento de consentimiento informado. Esta situación le llevó a demandar el hecho ante el Servicio Público de Salud andaluz, llegando hasta el Tribunal Constitucional. En ambos juzgados se desestimó su petición. Ante esta situación, este 26 enero h...

L.C. fue al hospital de Virgen del Rocío de Sevilla a parir con toda normalidad. Tras ser sometida a varias pruebas injustificadas, la experiencia acabó con la práctica de una cesárea no consentida, ya que no firmó ningún documento de consentimiento informado. Esta situación le llevó a demandar el hecho ante el Servicio Público de Salud andaluz, llegando hasta el Tribunal Constitucional. En ambos juzgados se desestimó su petición. Ante esta situación, este 26 enero ha presentado una demanda contra el Estado Español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Demanda que, según relata la abogada y experta en legislación sanitaria Francisca Fernández Guillén en un texto, “ha sido posible gracias a la inestimable ayuda de Women’s Link, sin cuyo soporte técnico y moral no habría sido posible. Ha contado también con la colaboración de la web El Parto es Nuestro".

"Esta es la primera demanda por cesárea forzosa en España que llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si finalmente se admite. Ya ha habido demandas similares de otros países, como Inglaterra o Polonia", explica por teléfono Francisca Fernández Guillén. "Sería una manera de dar voz a este tipo de problemas. La vulneración de los derechos de las embarazadas. Profesionales que asumen que la mujer en gestación no tiene derecho a decidir, poniendo muchas veces por delante la opinión del doctor o el supuesto beneficio para el bebé", continúa. "Si no lo admite, llegaremos a Naciones Unidas. Si bien es cierto que el Tribunal Europeo admite muy pocas", reitera la abogada.

"En el caso de L.C. se han pasado por alto todos los controles. Y hay que conseguir que mujeres como ella no se sientan indefensas. Es inadmisible que las futuras madres no puedan decidir. Imaginemos un ejemplo. Si un padre es el único donante de médula para su hijo enfermo, ¿meteríamos, sin contar con su voluntad, a ese hombre, por amor, en el quirófano para sacársela y que salve a su hijo? Pues no. Pues tampoco podemos hacer lo mismo con las embarazadas", explica Fernández.

"Si finalmente, el Tribunal la admite, se juzga y ganamos, quedará claro, qué es lo que queremos conseguir, demostrar que en este caso España ha vulnerado el derecho al consentimiento informado a una gestante. La mujer no es un contenedor, y una sentencia positiva para nosotros puede ayudar a muchas otras madres a atajar este tipo de problemas", argumenta. "En España hay más casos como el de L. C., algunos están a las puertas del Tribunal Constitucional, otros han sido rechazados".

El relato del parto

La paciente sufría una hernia de hiato -que se da cuando la parte superior del estómago pasa a estar en el abdomen para alojarse en el tórax permitiendo el paso de los ácidos del estómago al esófago-, y “a pesar de que podía ser tratada con medicamentos antiácidos, su demanda fue ignorada y se le obligó a dilatar tumbada sobre la espalda, lo que le llevó a empeorar -el reflujo le abrasaba la garganta-”, según se explica en un comunicado de prensa. La epidural le fue ejecutada por tres personas, “dos en prácticas y una doctora”, quien fue la que finalmente la realizó, aunque a L.C, le tuvieron que pinchar tres veces, “con el sufrimiento añadido”. “Una vez llegó a los ocho centímetros de dilatación”, prosigue el texto, “y con un registro tococardiográfico normal, una matrona le informa de que es la siguiente en entrar al paritorio”, tras oír una conversación en la que aseguran la saturación de los paritorios del hospital, le sugieren hacer una cesárea, a la que ni ella ni su marido firman el consentimiento. Aunque la intervención se realiza”.

"Tal vez el que L. C. oyera la conversación de la saturación ha sido el punto flaco de este caso. Y el que la forma que encontraron los sanitarios para aliviar la saturación fuera hacer cesáreas. Mucha gente cree que este procedimiento es largo, pero no, son unos 20 minutos, en comparación con un parto natural, que puede llegar a las cuatro horas o más", añade la abogada.

Uno de cada cuatro partos en España es por cesárea

En España, la tasa de partos por cesárea se ha incrementado casi un 10% en los diez últimos años, según datos de 2015. Exactamente representan un 25,25% del total de partos, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad. La Organización Mundial de la Salud recomienda situar la tasa de parto por cesárea en un 10-15% para reducir los datos mundiales de fallecimientos de las madres y de los bebés en el parto. España, desobedeciendo a la OMS, solo puede presumir de tener una comunidad autónoma que cumple las indicaciones de la organización: el País Vasco, que cuenta con una tasa de un 12,64%, según los datos de 2011 publicados por el mismo organismo.

Según relata el comunicado, la paciente presentó “intolerancia a la actividad; debilidad generalizada; reposo en cama o inmovilidad; expresó sentimientos sobre la pérdida y refirió estar muy dolorida y no querer moverse”. Una vez dada de alta, “apenas pudo caminar, se caía con frecuencia, era totalmente dependiente de la ayuda de terceras personas; tenía dolor agudo en el abdomen y padecía insomnio y ansiedad”.

Tan solo, “se le prescribió medicación ansiolítica y permaneció en una situación de baja laboral prolongada”, asegura el texto. La paciente se sintió torturada.

El proceso legal

L.C. presenta en primer lugar una reclamación de responsabilidad patrimonial “ante el servicio público de salud andaluz, del que depende el Hospital Virgen del Rocío, a la que la Administración no responde, por lo que se ve obligada a presentar una demanda que recae en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 8 de Sevilla”. La denuncia se acompañó de una prueba pericial de obstetricia que concluyó que "en el presente proceso de parto la actuación del personal sanitario no se ha ajustado a la lex artis, ignorándose las recomendaciones y protocolos para atención al parto de las instituciones públicas sanitarias y organizaciones y sociedades científicas más reputadas, incluyendo la Guía de Buenas Prácticas para la atención al parto del propio Servicio Andaluz de Salud, la administración de epidural fue dificultosa y en ella participaron al menos tres personas”. Por último, “se procedió a realizar la cesárea interrumpiendo un proceso de parto que transcurría dentro de la normalidad”. “El Servicio Andaluz de Salud, por su parte, alegó que la cesárea se había realizado por un estancamiento de la dilatación, pero no aportó ninguna prueba pericial que apoyase la validez de esa afirmación”.

"No presentaron durante el juicio ninguna prueba pericial. Obviamente, no había consentimiento informado. Es muy raro", añade la experta.

Tras la negativa, no fue hasta marzo de 2016, tras un periplo judicial agotador, que el caso llegó al Tribunal Constitucional, en el que se presentó recurso de amparo, que fue inadmitido a trámite por considerar que los hechos carecían de “especial trascendencia constitucional”, agotando así todos los recursos internos disponibles.

El pasado 26 enero, se interpuso una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Estado Español por violación del derecho a no sufrir tortura ni “tratos inhumanos o degradantes, violación de la dignidad y la intimidad de L.C. y su derecho a un juicio equitativo y a no sufrir discriminación”. Según la abogada, “la discriminación ocurre porque solo las mujeres pueden quedarse embarazadas y necesitan tratamientos en salud maternoinfantil y cuando se les niega, se restringe u obstaculiza de manera injustificada el acceso a una atención de calidad y respetuosa con sus derechos, colocándose en una posición de desventaja y de desigualdad en el acceso a servicios de salud”.

"Tendremos que esperar la resolución del Tribunal Europeo. No sé cuánto tiempo puede tardar. Pero además de las consecuencias físicas y psicológicas que padece L. C. tras el episodio, que nosotros llamamos tortura, ha sido condenada a pagar los costes de pleitear. Y esta situación es intolerable", termina la abogada.

 "La verdad es que no espero nada. Después de todo lo que he pasado, tengo poca esperanza. Si cumplir la ley, ellos la han cumplido, pero yo era novata y no me podía defender. Me dieron un montón de papeles, de chorradas, pero ninguno sobre la cesárea", explica L.C. por teléfono. "Si el tribunal lo admite, si ganamos, solo quiero que no vuelva a ocurrir. Me está costando mucho dinero y esfuerzo, pero el objetivo es bueno: que no le vuelva a ocurrir a ninguna mujer", termina. Ahora. L.C., solo puede esperar. Un poco más.