Control masivo

El Gobierno se ha propuesto fichar a casi toda la población española por el simple hecho de ser titular de una cuenta bancaria o de un activo financiero, con el objetivo de luchar contra el blanqueo y la financiación del terrorismo. Esto no se hará por relación directa del interesado con la Administración, sino obligando a las entidades financieras a que declaren por él. Es posible que las actividades a investigar sean tan generalizadas que exijan un dispositivo que funcionará a modo de potente motor de búsqueda de titulares de cuentas y activos, es decir, de casi toda la población; y también ...

El Gobierno se ha propuesto fichar a casi toda la población española por el simple hecho de ser titular de una cuenta bancaria o de un activo financiero, con el objetivo de luchar contra el blanqueo y la financiación del terrorismo. Esto no se hará por relación directa del interesado con la Administración, sino obligando a las entidades financieras a que declaren por él. Es posible que las actividades a investigar sean tan generalizadas que exijan un dispositivo que funcionará a modo de potente motor de búsqueda de titulares de cuentas y activos, es decir, de casi toda la población; y también es verdad que ya existen otros macroarchivos, como los de la Seguridad del Estado y los que almacenan las declaraciones tributarias.

Ahora bien, arrogarse el poder de desnudar los movimientos financieros de 34 millones de españoles es un asunto muy sensible para las libertades, que exige explicaciones detalladas del Gobierno. En vez de eso, ha tenido que ser este periódico el que levante el velo de oscurantismo con el que la norma fue elaborada.

Porque el Ejecutivo se reserva todo el poder sobre ese “fichero de titularidades financieras”: dependerá de la célula del Ministerio de Economía encargada de la lucha antiblanqueo; su uso será controlado por quien designe el fiscal general del Estado; y sobre todo, se permitirá el acceso al mismo a otros muchos servicios gubernamentales. Donde la ley en vigor limita ese acceso a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad, el reglamento abre las consultas también al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a la Agencia Tributaria. Allí donde la ley fija la necesidad de autorización judicial o fiscal previa a la intervención policial, el reglamento está redactado de manera tan confusa que no queda claro si será necesario ese requisito legal. ¿Cómo es posible que un simple reglamento corrija una ley, en materia tan delicada como es un fichero al que irán a parar los datos de identificación financiera de casi toda la población?

Y si esas medidas parecen excesivas, por el contrario, se excluye del control a los titulares de cuentas y depósitos en las sucursales o filiales de entidades de crédito españolas en el extranjero. Pese a que desde los tiempos del exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán hasta los más recientes del extesorero del PP Luis Bárcenas se conoce o intuye que no pocos montajes para el blanqueo de capitales se realizan fuera de España.

Ni las causas más apoyadas socialmente, como la lucha contra el sangriento terrorismo de ETA, justificaron limitaciones importantes a las libertades. Si solo se trata de acallar quejas y de aparentar diligencia ante los órganos internacionales antiblanqueo, el decreto promulgado vale para cumplir; pero si realmente se pretende aplicar todo lo que contiene, el Gobierno va a tomarse unas atribuciones de amplitud más que dudosa. Por supuesto que el blanqueo debe ser combatido intensamente, pero de modo que la población pueda fiarse de los controladores.