Cajeros en el hospital

Acometer cualquier recorte social es doloroso para los contribuyentes, especialmente para los más desfavorecidos. Hacerlo sin las debidas explicaciones y sin un análisis previo que demuestre su eficacia puede ser, además, un despropósito injusto. El Ministerio de Sanidad ha anunciado que entrarán en el sistema de copago los fármacos que ahora dispensan de manera gratuita los hospitales a pacientes no ingresados. En términos relativos es una partida presupuestaria menor. Son unas 150 medicinas frente a las cerca de 6.000 que subvenciona el Estado y para las que ya se exige un mayor copago (que ...

Acometer cualquier recorte social es doloroso para los contribuyentes, especialmente para los más desfavorecidos. Hacerlo sin las debidas explicaciones y sin un análisis previo que demuestre su eficacia puede ser, además, un despropósito injusto. El Ministerio de Sanidad ha anunciado que entrarán en el sistema de copago los fármacos que ahora dispensan de manera gratuita los hospitales a pacientes no ingresados. En términos relativos es una partida presupuestaria menor. Son unas 150 medicinas frente a las cerca de 6.000 que subvenciona el Estado y para las que ya se exige un mayor copago (que no exime a los pensionistas) desde mediados del pasado año. Es, sin embargo, una vuelta de tuerca en la exigencia de sacrificios a enfermos crónicos o a aquellos que sufren enfermedades muy graves a cambio de unos beneficios económicos por demostrar.

Un buen número de expertos han alertado sobre la dificultad y carestía de establecer en los hospitales públicos un servicio de pago inédito en estos centros que obligará a cobrar los fármacos e implantar una contabilidad comercial, lo que requiere personal y sistemas de seguridad ahora inexistentes. Nada de ello se ha cuantificado. Entre esos expertos hay responsables sanitarios de comunidades autónomas —incluidos del PP— en los que recae la gestión hospitalaria. Sus razonamientos no se han escuchado en el ministerio que dirige Ana Mato, que no solo no ha explicado la medida ni ha presentado una memoria económica, sino que ni siquiera ha debatido el asunto en el Consejo Territorial de Salud en el que están representadas las autonomías.

La política farmacéutica es competencia del Estado y en tal sentido le asiste la razón al Gobierno al denunciar ante el Tribunal Constitucional el euro por receta de Madrid y Cataluña y la subasta de medicamentos de Andalucía. Pero esta nueva iniciativa debilita los argumentos del Ejecutivo. No puede alegar que solo pretende fomentar un uso más racional de los fármacos a pacientes que no eligen su medicación. Tampoco puede argüir que su objetivo es reducir el gasto, por cuanto podría establecer fórmulas menos gravosas para el enfermo y más eficientes como el sistema de subasta andaluz en vez de denunciarlos. Sus inconsistentes actuaciones están haciendo que corra riesgo, sin embargo, la equidad y la salud de miles de personas.