Ciudadanía asimétrica

Está visto que ser ciudadano español tiene prerrogativas y derechos diferentes, según el territorio en el que vives. Lo preferible es ser vasco o navarro. Después te va mucho mejor si eres cántabro, riojano o extremeño. Has caído en desgracia —sin embargo— si vives en el arco mediterráneo.

Si estás entre los primeros, el Estado te proporciona más recursos para que tu comunidad autónoma te ofrezca servicios públicos esenciales: sanidad, educación y prestaciones sociales, y más oportunidades de desarrollo: infraestructuras, política industrial y tecnológica, promoción económica, etcétera....

Está visto que ser ciudadano español tiene prerrogativas y derechos diferentes, según el territorio en el que vives. Lo preferible es ser vasco o navarro. Después te va mucho mejor si eres cántabro, riojano o extremeño. Has caído en desgracia —sin embargo— si vives en el arco mediterráneo.

Si estás entre los primeros, el Estado te proporciona más recursos para que tu comunidad autónoma te ofrezca servicios públicos esenciales: sanidad, educación y prestaciones sociales, y más oportunidades de desarrollo: infraestructuras, política industrial y tecnológica, promoción económica, etcétera. Si perteneces a los segundos, parece que te habrás de buscar la vida pagándote la provisión de servicios complementarios privados y si no puedes —porque tu renta per capita está por debajo de la media— resígnate a ser españolito de segunda.

Tenemos bastantes presidentes autonómicos escandalizados con esto del déficit asimétrico. Están muy alterados con lo marginal y tan panchos con lo principal. No les escandaliza lo más mínimo la injustificable asimetría de los ingresos por habitante entre comunidades autónomas.

Hasta donde yo sé, el déficit es la diferencia entre ingresos y gastos. Puede alardear de eficiencia y sacrificios comparativos la Administración que, teniendo los mismos ingresos, gasta menos que otra. Pero es difícil digerir que presidentes de comunidades autónomas (País Vasco, Navarra, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Asturias,…), que disponen de unos ingresos por habitante superiores en más de 600 euros a los de la Comunidad Valenciana y que además incurren en déficits de más de 200 euros por habitante, acusen de manirrotos a los del furgón de cola, que aun gastando menos que ellas se ven incurriendo en déficits que, de tener esos 600 euros de más en ingresos por habitante serían inexistentes.

¿Por qué las regiones bien financiadas deben tener el mismo desequilibrio que las mal financiadas?

La Generalitat Valenciana gasta un 9,8% menos en servicios sanitarios, educativos y prestaciones sociales que la media de las comunidades autónomas y un 38% menos en el resto de políticas de gasto: infraestructuras, impulso económico, cultura, vivienda, etcétera. Fue la segunda comunidad que menos gastó por habitante de todas en 2012, y —sin embargo— tiene un déficit estratosférico ¿Por qué será? ¿Quizás porque tiene una financiación por habitante muy inferior a la media? ¿Quizás porque esa infrafinanciación estructural, arrastrada desde hace más de dos décadas, le ha llevado a acumular un endeudamiento desde hace 20 años para intentar proveer paulatinamente a sus ciudadanos de servicios educativos y sanitarios similares —aunque todavía inferiores— a los de otros españoles?

Si durante la última década los extremeños hubieran recibido la media de la financiación por habitante del sistema de financiación autonómica, hubieran recibido 3.500 millones de euros menos, un 21% de su PIB. Mientras esta y otras regiones (Cantabria un 24,8%, Aragón un 9,4%, Castilla y León un 12,3%, Galicia un 9,9%) han recibido este “extra” para financiar sus competencias autonómicas, otras como la valenciana han recibido en ese mismo periodo 11.000 millones de euros menos, un 11% de su PIB, que si su financiación hubiera sido igual a la media. ¿Carecen todos estos datos de relevancia cuando se trata de diseñar una política de ajuste del déficit?

Parece más justificado plantear la contraria ¿Por qué razón las regiones bien financiadas deben de tener el mismo déficit que las mal financiadas? Si alguna de estas siete regiones tan molestas con el déficit asimétrico (País Vasco, Navarra, Cantabria, Extremadura, Asturias, Castilla y León y Galicia) piensa que nuestra situación es de privilegio, que no tengan dudas. Los valencianos les cambiamos —a ciegas— nuestra financiación por habitante por la suya, les autorizamos nuestro déficit por habitante sin rechistar y —acostumbrados como estamos a gastar menos que ellos— nos comprometemos a tener menos déficit que el suyo este mismo año.

Estos que se ahuecan la voz con lo de “los españoles deben tener derecho al mismo déficit en cualquier territorio”, tienen un curioso concepto de españolidad. Resulta alarmante que no consideren la igualdad de los derechos de ciudadanía, en términos de “los españoles deben tener derecho al acceso al mismo nivel de servicios públicos esenciales en cualquier territorio” y —en consecuencia— los mismos recursos por habitante para prestar los servicios públicos esenciales. ¿Responden los ingresos autonómicos a este principio? Rotundamente no y esta asimetría sí que es urgente, muy urgente, corregirla. La actual financiación autonómica tiene resultados injustos, erráticos y representa un peligro cierto para la cohesión de España. Por ejemplo, de no existir la “anomalía de la financiación foral”, Cataluña no estaría en la dinámica que está.

Asombrosamente, casi nadie cuestiona el desempeño de la Administración central, que sigue reteniendo muchos recursos en competencias ya completamente transferidas y que ha protagonizado una gestión muy deficiente (la peor de la UE) de los ingresos tributarios durante la crisis. Alguien tendrá que explicar algún día por qué las comunidades autónomas son las paganas de esa gestión de la Administración central de los ingresos tributarios, que ha sido —y sigue siendo— responsable de una gran parte de su déficit. Porque, repito, el déficit es la diferencia entre ingresos y gastos.

José Antonio Pérez García es economista y fue director general de Presupuestos de la Generalitat Valenciana de 1987 a 1995.