Las dos preguntas a Botín del abogado Mazón que el juez rechazó
La acusación, tal como se esperaba, dio la nota, hasta el punto de que un instructor tan favorable como Marchena declaró improcedentes dos preguntas al abogado José Luis Mazón. Una de ellas se refería a si el Consejo de Estado de Chile había demandado al Banco de Santander en Miami por ocultación de cuentas de la viuda de Pinochet. Como la pregunta a todas luces no tenía nada que ver con el patronazgo del Santander de los cursos de Nueva York, fue rechazada por el instructor. Marchena tampoco dejó pasar la de si era cierto que el Santander había vuelto a patrocinar conferenciaos de Garzón en ...
La acusación, tal como se esperaba, dio la nota, hasta el punto de que un instructor tan favorable como Marchena declaró improcedentes dos preguntas al abogado José Luis Mazón. Una de ellas se refería a si el Consejo de Estado de Chile había demandado al Banco de Santander en Miami por ocultación de cuentas de la viuda de Pinochet. Como la pregunta a todas luces no tenía nada que ver con el patronazgo del Santander de los cursos de Nueva York, fue rechazada por el instructor. Marchena tampoco dejó pasar la de si era cierto que el Santander había vuelto a patrocinar conferenciaos de Garzón en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en julio de 2010.
Previamente a la comparecencia, en el ambiente había cierta preocupación por el comportamiento que pudieran tener los letrados querellantes con el presidente del Santander, Emilio Botín. Hace algunas semanas, el instructor Manuel Marchena brindó sorpresivamente a los acusadores, sin que ni siquiera tuvieran que pedirlo, la oportunidad de interrogar a Botín a placer, en calidad de testigo, circunstancia en la que no puede negarse a responder a las preguntas.
El querellante Antonio Panea pertenece al grupo de abogados que capitaneaba el fallecido Rafael Pérez Escolar, consejero del Banesto de Mario Conde, y que después de que el Santander se hiciera con el reflotado Banesto, intervenían persistentemente en las juntas de accionistas para plantear mociones de censura contra Botín o la nulidad de las juntas.
Tras el fallecimiento de Pérez Escolar en 2007, Panea tomó el relevo y siguió la senda de la treintena de querellas interpuestas contra Botín por Pérez Escolar, ninguna de las cuales acabó en condena. Una de aquellas de Pérez Escolar le tocó a Garzón, quien la archivó previo informe favorable del fiscal y con el posterior respaldo de la Sala de lo Penal de la Audiencia. Tras decretar ese archivo, Panea presentó una primera querella contra Garzón, que tras pasar por una rigurosa investigación del juez Luciano Varela, fue archivada por el Supremo. Con la querella actual sobre el patrocinio de los cursos del Santander, que es continuación de la anterior, Panea ya ha conseguido llevar a Botín a declarar ante el Supremo.
En alguna ocasión, Panea ha sido condenado a pagar las costas de los procesos contra Botín por haber actuado contra él de forma "temeraria". Por ejemplo, el intento de anular la junta del Santander de 2004 fue visto por el juez como "mera excusa" de Panea para "ventilar las diferencias personales" que mantiene con el presidente de la entidad, Emilio Botín. Más recientemente, el Tribunal Supremo respaldó a una magistrada de Cantabria que expulsó a Panea de un juicio por interrumpir al letrado de la parte contraria y encararse con ella.
José Luis Mazón, abogado de Mario Conde, a quien representó ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, figura como segundo querellante. El estilo de sus escritos ha sido cuestionado por la defensa de Garzón, al que acusa de haberse "dejado untar" o de aceptar "sobornos". La Sala Penal del Supremo se lo ha tolerado sin problemas.
No así el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que en 2008 le corrigió disciplinariamente con una sanción de apercibimiento por las expresiones contenidas en un recurso de súplica que interpuso cuando no le admitieron a trámite una querella contra un juez. En su recurso, Mazón cuestionó la imparcialidad del tribunal por "corporativismo o amistad con el juez querellado". El Tribunal de Cataluña apreció una falta de respeto del letrado por unas expresiones que "exceden sobradamente de lo que puede entenderse amparado por el derecho de defensa". La Sala de lo Contencioso del Supremo no admitió el recurso de Mazón contra la sanción impuesta.