El Gobierno nombra Conde-Pumpido fiscal general del Estado y asegura que tendrá plena libertad
Fernández de la Vega niega que se haya producido alguna irregularidad en el nombramiento
El Gobierno ha acordado esta mañana el nombramiento de Cándido Conde-Pumpido como fiscal general del Estado, según ha informado la vicepresidenta primera del Ejecutivo María Teresa Fernández de la Vega, quien ha asegurado que desempeñará sus funciones con plena "objetividad" e "imparcialidad".
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Fernández de la Vega ha mostrado su satisfacción por este nombramiento y ha prometido que Conde-Pumpido "podrá realizar su trabajo con plena objetividad y con plena imparcialidad porque va a contar siempre con el respeto absoluto y exquisito...
El Gobierno ha acordado esta mañana el nombramiento de Cándido Conde-Pumpido como fiscal general del Estado, según ha informado la vicepresidenta primera del Ejecutivo María Teresa Fernández de la Vega, quien ha asegurado que desempeñará sus funciones con plena "objetividad" e "imparcialidad".
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Fernández de la Vega ha mostrado su satisfacción por este nombramiento y ha prometido que Conde-Pumpido "podrá realizar su trabajo con plena objetividad y con plena imparcialidad porque va a contar siempre con el respeto absoluto y exquisito del Gobierno en la defensa de la legalidad, de los intereses de los ciudadanos y del interés general". Además, la vicepresidenta ha recordado que el nombramiento está avalado por el informe unánime y favorable del órgano de gobierno de los jueces sobre el cumplimiento de la legalidad y de los preceptos.
"El gobierno del Poder judicial ha informado favorablemente y por unanimidad que el señor Conde-Pumpido reúne todos los requisitos para ser un buen fiscal general del Estado, de todos los ciudadanos españoles y no del Gobierno, ni de un partido en concreto y de ningún interés que no sea del Estado", ha explicado. Fernández de la Vega na negado que se haya producido alguna irregularidad en el nombramiento que se ha realizado "con absoluta normalidad y en estricto cumplimiento de la legalidad". Según la ministra, primero "se pidió audiencia" al CGPJ para el cese del anterior fiscal general, Jesús Cardenal y, posteriormente, cuando ya se decidió el nombre del nuevo cargo, se requirió el informe del órgano de gobierno de los jueces.
"Ilusionado y con ganas de trabajar"
La portavoz del Gobierno ha indicado que, a principios de la semana que viene, el nuevo fiscal general del Estado, que según sus allegados está "ilusionado y con muchas ganas de trabajar", jurará ante el Rey y tomará posesión. Conde-Pumpido, nacido en 1949 en A Coruña, era hasta ahora magistrado de la Sala de lo Penal del alto tribunal desde marzo de 1995, está casado y tiene tres hijos. Estudió Derecho y Ciencias Económicas, entró en la carrera judicial en 1974 y, después de ejercer en Puebla de Sanabria (Zamora) y Carballino (Orense), ascendió en 1981 a magistrado y fue destinado a la Audiencia Provincial de San Sebastián.
Fue uno de los primeros magistrados que condenó a personajes relacionados con la guerra sucia contra ETA como el comisario Manuel Ballesteros, a propósito del ametrallamiento el 23 de noviembre de 1980 del Bar Hendayais, en Hendaya, que produjo tres muertos y nueve heridos. En 1985 fue nombrado presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, donde permaneció diez años, destino en el que, al igual que en el anterior, compatibilizó su trabajo jurisdiccional con la docencia universitaria. Asimismo, en 1984 fue uno de los fundadores de Jueces para la Democracia, organización de la que fue portavoz de 1984 a 1986 y posteriormente, de 1992 a 1994.
El pleno del Consejo General del Poder Judicial le nombró el 8 de febrero de 1995 magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por mayoría simple y con 11 votos a favor. El 16 de marzo juró su cargo con sólo 49 años, el más joven de dicho tribunal. En la Sala Segunda participó en el juicio contra el ex ministro del Interior José Barrionuevo y su número dos, Rafael Vera, por el secuestro de Segundo Marey, la primera acción de los GAL, y se pronunció a favor de su condena. El pasado 14 de abril fue candidato para ocupar una de las dos plazas vacantes en el Tribunal Constitucional, puestos para los que fueron elegidos Ramón Rodríguez Arribas y Pascual Sala.