PSOE y ERC exigen que la Justicia investigue al Gobierno por el uso del informe del CNI
Zapatero exige que la Justicia y el Parlamento actúen .-Zaplana asegura que no le consta que exista malestar en el CNI por la filtración
Esquerra Republicana ha pedido al fiscal jefe de Cataluña que investigue al Gobierno por el "uso partidista" del informe del Centro Nacional de Inteligencia sobre la reunión de su líder, Josep Luís Carod Rovira, con destacados dirigentes de ETA, celebrada el pasado 4 de enero en Perpiñán (Francia). El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero también ha exigido la actuación de la Fiscalía y una investigación en el Parlamento. El líder socialista acusa al Ejecutivo de utilizar la información de los servicios secretos con fines electorales y "para atacar al adversario".
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Esquerra Republicana ha pedido al fiscal jefe de Cataluña que investigue al Gobierno por el "uso partidista" del informe del Centro Nacional de Inteligencia sobre la reunión de su líder, Josep Luís Carod Rovira, con destacados dirigentes de ETA, celebrada el pasado 4 de enero en Perpiñán (Francia). El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero también ha exigido la actuación de la Fiscalía y una investigación en el Parlamento. El líder socialista acusa al Ejecutivo de utilizar la información de los servicios secretos con fines electorales y "para atacar al adversario".
Los republicanos Joan Puigcercós y Joan Ridao han apuntado a José María Aznar y a Mariano Rajoy como máximos responsables del funcionamiento de los servicios secretos y a ellos les han acusado de protagonizar "un espectáculo obsceno e inmoral". Además, los dirigentes de ERC quieren que el fiscal investigue si éstos han cometido los delitos de "infidelidad en la custodia de documentos de uso restringido, revelación de secretos de estado, e incumplimiento de la obligación de proteger la intimidad de personas sometidas a investigación". Asimisismo, Puigcercós ha advertido que si los servicios secretos presenciaron la reunión de Carod en el sur de Francia y no actuaron para detener a los etarras cuando el Tratado de Schengen se lo permitía, "cometieron un delito".
"Atacar al adversario"
Por su parte, el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, ha exigido también la actuación de la Fiscalía y que el Parlamento investigue "la utilización por parte del Gobierno de los servicios nacionales de seguridad para atacar al adversario". Según el líder socialista, "está en juego la credibilidad de instituciones públicas muy importantes en democracia". Además, ha señalado que tanto el Gobierno como el candidato Mariano Rajoy han dejado claro que conocían la reunión, "por lo que deben dar explicaciones públicas".
El Gobierno niega un "uso propio"
Por contra, el vicepresidente segundo del Gobierno, Javier Arenas, ha asegurado que el Gobierno "nunca" ha hecho "un uso propio" de los servicios de inteligencia, que "no se dedican a buscar información en los partidos democráticos".
En declaraciones a Antena 3 Televisión, Arenas ha señalado que si las Fuerzas de Seguridad hubieran tenido "la más mínima oportunidad" de detener a los etarras que se entrevistaron con el líder de ERC, Josep Lluis Carod Rovira, "lo habrían hecho".
La querella de Víctimas del Terrorismo
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, ha pedido al juez Baltasar Garzón que rechace la querella por apología del terrorismo que ayer presentó la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) contra Josep Lluís Carod Rovira por su entrevista con dirigentes de ETA.
Fungairiño considera que la Audiencia no es competente para enjuiciar a Carod, puesto que éste cuenta con aforamiento especial como diputado del Parlamento catalán y que de existir algún tipo de delito en la actuación del ex conseller en cap éste debería ser enjuiciado por el Tribunal Supremo o por el Superior de Justicia de Cataluña.
Esto supone, según el fiscal jefe, que de existir algún tipo de delito en la actuación del ex "conseller en cap" éste debería ser enjuiciado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o por el Tribunal Supremo.