El Tribunal Superior de Justicia de Madrid admite a trámite dos recursos contra el centro universitario del Colegio de Abogados
Los magistrados abren diligencias tras admitir las impugnaciones, presentadas por el Gobierno y los socialistas madrileños
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha abierto diligencias tras admitir a trámite este lunes sendos recursos del PSOE de Madrid y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades contra la autorización de un centro universitario al Colegio de Abogados de Madrid. Así consta en dos decretos en los que se acuerda la admisión a trámite de la impugnación dirigida contra una resolución de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid.
El recurso contencioso-administrativo del PSOE lo presentaron en diciembre dos diputados autonómicos que son miembros del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Los socialistas ya habían interpuesto un recurso de reposición contra este centro, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, ante la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid. Consideraban entonces que se había vulnerado el Estatuto General de la Abogacía Española y la Ley de Colegios Profesionales tras habilitarse a sí mismo para impartir titulaciones oficiales C en los nuevos estatutos aprobados el pasado julio, cuando estos solo pueden “impartir formación de posgrado, no grados universitarios”.
El pasado 12 de enero el ministerio interpuso su propio recurso. El departamento considera que es inadmisible que, por primera, vez un colegio profesional imparta títulos oficiales en España. A su juicio “la docencia debe estar en las universidades, donde está el profesorado que domina los temas y las metodologías para enseñar”, según ha podido saber este diario de fuentes del departamento.
ICAM Universidad nació el 14 de noviembre tras su aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a pesar de los informes contrarios. Un estudio de la agencia de calidad detectó un “conflicto de intereses” del nuevo centro adscrito con las universidades. La Fundación Madri+d, que analiza la calidad del sistema universitario regional, emitió un informe desfavorable, al estimar que iba “en contra de sus propios estatutos” y apreciar “un conflicto de intereses con las otras universidades”. Luego, Abogacía General forzó al colegio a cambiar sus estatutos y, por último, la Consejería de Educación planteó dudas de su viabilidad económica a los cuatro años.
A pesar de todos estos informes en contra, gracias a la bendición del rector de la UCM, Joaquín Goyache, y de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ICAM Centro Universitario salió adelante, convirtiéndose en el primer centro universitario en España impulsado por un colegio profesional.
Los socialistas destacaban la “cuanto menos sospechosa coincidencia temporal” de la aprobación final de este centro con “el papel del ICAM como acusación particular” en la causa contra el ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este acabó sentenciado e inhabilitado.
Además de este paso dado por el PSOE, la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) anunció en diciembre que presentará un recurso contra la creación de este centro, advirtiendo que es “un error dar ese paso”. Por su parte, el ICAM afirmó en un comunicado en diciembre que este proyecto universitario del Colegio es anterior en el tiempo al caso de la denuncia del Fiscal General de Estado, a la denuncia por revelación de secretos y al juicio ante el Tribunal Supremo —datando su inicio en 2022—. Asimismo, recalcó que la autorización de la adscripción se ha producido tras una tramitación prolongada (2023-2025), con “sucesivos informes de órganos académicos, técnicos y de calidad, siguiendo estrictamente el procedimiento legalmente previsto y aún pendiente de la futura autorización de inicio de actividades y de nuevas evaluaciones externas”. “El ICAM rechaza tajantemente cualquier insinuación de trato de favor o de ‘pago de servicios’ en relación con la autorización de ICAM Centro Universitario”, añade el colegio profesional.